En primer lugar, porque el encarcelado Francisco Granados fue precisamente el presidente de la comisión parlamentaria que frustró una investigación veraz sobre el caso. Y, sobre todo, porque la mayoría está viendo confirmada la tesis de que aquel golpe tenía como objeto defender el modelo de especulación y latrocinio que la derecha consolidó en la economía y la política madrileña a partir de entonces.

Los protagonistas del tamayazo formaron una coalición de intereses espurios con el propósito de impedir por medios arteros y criminales la toma de posesión del gobierno que habían votado los madrileños. ¿Por qué? Porque eran plenamente conscientes de que ese gobierno sería un gobierno decente. Quienes obtuvimos la confianza de los ciudadanos no solo contábamos con el programa, sino también con la credibilidad para llevar a cabo una gestión en la que prevaleciera el interés general y público sobre los intereses del entramado de corruptelas que representaban todos los Granados y todos los Marjalizas.

Ahí estuvo la causa del tamayazo, y no en las disensiones internas de uno u otro partido, o en las dificultades propias de cualquier coalición de gobierno. Tumbaron aquel gobierno para enriquecerse a costa de la democracia, de la ley y del sufrimiento de los muchos madrileños que han pagado esa factura en forma de paro, pobreza y deterioro de los servicios públicos llamados a atender sus necesidades más básicas.

¿Y en qué consistía aquel programa que tanto atemorizaba a los Granados y los Marjalizas? Un mero repaso por el índice de aquella campaña electoral arroja pistas claras. Primero un mayor control y transparencia de las contrataciones públicas, limitando discrecionalidades de cargos públicos, promoviendo el concurso con publicidad, penalizando fraccionamientos tramposos, potenciando la comisión de vigilancia de las contrataciones en la Asamblea de Madrid, retransmitiendo las reuniones de las comisiones de contratación… ¿Cómo iban a permitirlo?

Segundo, aprobando un Plan Regional de Estrategia Territorial que estableciera los usos para cada hectárea de suelo conforme al interés de todos, y al que debían someterse todos los planes urbanísticos y todas las recalificaciones que corruptos y corruptores llevaban años dibujando y explotando para beneficio de sus cuentas en Suiza. Imposible aceptarlo, claro.

Además se nos ocurrió hacer públicos nuestros planes de conformar una mayoría progresista en la Asamblea General de Caja de Madrid para sustituir al presidente Blesa, compañero de pupitre de Aznar, y para hacer de la Caja un instrumento al servicio del desarrollo económico, el empleo y el bienestar de los madrileños en lugar de una máquina hedionda de favores a especuladores y enchufados. Aquella “amenaza” fue posiblemente el detonante.

Pero en la coalición contraria al gobierno decente figuraban también aquellos que habían puesto los ojos, y que después pondrían las manos, sobre los presupuestos públicos destinados a financiar los servicios más básicos para la población madrileña. Son aquellos que esperaban beneficiarse de la privatización de la sanidad pública y la expansión de los conciertos educativos, y que después se hicieron con unos cuantos hospitales y muchos colegios, financiados entre todos pero que solo escogen al alumnado que puede pagar sus cuotas “voluntarias”.

Todavía hay quienes se dirigen a mí lamentando la carrera política que frustró aquella operación. Y siempre respondo que esa es una cuestión carente de importancia, que jamás me quitó el sueño. Lo que a menudo me impide dormir es la conciencia plena de que aquel gobierno que robaron a los madrileños hubiera parado los pies a los Granados y los Marjalizas que hoy nos repugnan y que, al menos, hubiera intentado mejorar la vida de millones de madrileños que hoy lo están pasando mal.