Los tsunamis y las montañas rusas que se están sufriendo a diario en los mercados financieros de Europa no responden a causas naturales o fortuitas. No. Estos terremotos los planean y los ejecutan personas y entidades con una identidad tan definida como sus intereses especulativos.

Y es responsabilidad de las instituciones públicas poner pie en pared, establecer límites e impedir que la codicia criminal de unos pocos arruine a miles de empresas, haga perder su trabajo a millones de personas y ponga en riesgo incluso la estabilidad de la moneda común. Sí, hacen falta normas y hacen falta tasas que regulen el mercado financiero internacional en clave de interés general.

¡Claro que habrá detractores! Los cómplices de los especuladores y los que temen su reacción. A los primeros hay que desenmascararlos. Europa no puede aceptar el cerrojazo a la regulación de las finanzas internacionales porque la city londinense alberga las sedes de los mayores tiburones especulativos del planeta. No es aceptable que el Reino Unido, además de marcar distancias respecto a la moneda común, busque lucrarse a costa de la zozobra del conjunto de las economías europeas.

A los temerosos hay que garantizarles coordinación, porque estas medidas no pueden quedarse circunscritas al ámbito alemán. O se aplican de manera conjunta y coordinada en toda Europa o su efecto se perderá. Ni tan siquiera Alemania podrá mantener unilateralmente durante mucho tiempo un pulso como este.

Pero el desafío de los especuladores financieros merece una respuesta aún más contundente. Resulta muy difícil de explicar que un inmigrante sin recursos deba ir a la cárcel por vender en la manta unas películas grabadas sin permiso y, sin embargo, cualquier broker pueda enriquecerse impunemente apostando por el hundimiento de la economía de todo un país, poniendo en jaque el empleo y las pensiones de millones de criaturas.

Hacen falta normas y tasas, y también hacen falta instrumentos de naturaleza judicial para que los criminales de las finanzas asuman su responsabilidad ante la sociedad en su conjunto. El nuevo Código Penal de nuestro país ya castiga con cárcel las conductas responsables de alterar los precios y las cotizaciones mediante engaño, bulo o información privilegiada (vid artículos 284 y 285).

Tales disposiciones deben establecerse a nivel europeo y las fiscalías han de actuar para investigar estos comportamientos contrarios al interés general, y para asegurar que los delincuentes acaban ante los tribunales correspondientes.

Lo dijo Obama, y muchos esperamos que no fuera solo un amago. Si quieren guerra, la tendrán. Y la perderán. O eso espero…