En principio, en buena lógica democrática, no debiera extrañar que en un partido de entidad haya discrepancias y debates abiertos antes de la celebración de un Congreso. Pero lo cierto es que la disputa pre-congresual en el PP está desbordando los límites razonables, incluyendo todo tipo de zancadillas, descalificaciones públicas y hasta manifestaciones en la calle a favor y en contra de unas u otras personas. Ante este espectáculo, muchos ciudadanos se preguntan ¿por qué las cosas no se hacen de otra manera? ¡Con lo fácil que es ir a votar a un Congreso y que gane el que tenga mayores apoyos! Pero no, algunos líderes ultra-conservadores, como Esperanza Aguirre, parece que prefieren quedar tuertos –si ello es necesario– antes de que Rajoy y Ruiz Gallardón puedan salir sin quedar ciegos del lance en el que andan metidos.

El grado de inquina personal del que se hace gala y la “falta de complejos” con la que se utilizan todas las armas de la deslegitimación y el acoso personal está suscitando no pocas reflexiones entre los ciudadanos de a pie. Si los duros del PP tratan de esta manera a sus propios compañeros de partido, ¿qué no harán con los adversarios si logran controlar por completo las riendas de su Partido? Mucho de lo que ocurrió en la anterior legislatura, con el clima de crispación creado, y bastante de lo que Esperanza Aguirre está haciendo en la Comunidad de Madrid, pone sobre aviso de lo que podría ocurrir en España si algunos personajes de la vida política lograsen alcanzar el poder que se tiene desde el gobierno de la Nación.

Sin embargo, desde la perspectiva del PSOE, tales hipótesis extremistas no causan mayor preocupación, ya que una eventual deriva de las posiciones del PP hacia planteamientos más duros y exaltados acabaría reforzando los temores y prevenciones de una parte significativa del electorado, en una forma que acabaría beneficiando al PSOE en las urnas, como ya se vio en los últimos comicios. El problema son los costes que en ese eventual camino habría que pagar en términos de una buena convivencia cívica y de una razonable paz social en España. Todo lo cual no es de despreciar en coyunturas de inestabilidad económica y de incertidumbres políticas.