La derecha catalana hace de avanzadilla para la derecha española en la ofensiva del copago sanitario. La justificación pretendida cuenta con dos argumentos. El primero busca desdramatizar la medida, abriendo camino mediante la imposición de pequeñas tasas en las recetas farmacológicas. El segundo persigue legitimar la decisión como garantía última para la supervivencia del sistema público de salud, en riesgo de colapso financiero. Ambos argumentos son falaces.

La universalidad, la gratuidad y la igualdad en el acceso a los servicios públicos de salud constituyen un derecho fundamental de ciudadanía, y la introducción de un pago directo por la prestación sanitaria en el sistema público rompe un consenso social básico. La medida resulta por otra parte peligrosa, porque disuadirá al ciudadano aquejado de alguna dolencia de requerir la asistencia precisa, poniendo en riesgo su salud.

Nada hay más injusto que penalizar al ciudadano enfermo con el cobro de un impuesto específico. Y, además de injusta, la iniciativa del copago es ineficiente, dado que serán muchos los enfermos que por causa de eludir el pago de un tratamiento a corto plazo acaben agravando su situación y acudan a las urgencias sanitarias, donde su estancia resultará bastante más costosa.

La explicación económica tampoco resulta válida, porque el vigente sistema público de salud en España nos cuesta en términos de PIB mucho menos de lo que se gasta en salud la sociedad estadounidense o la media de los países europeos. El problema de nuestra sanidad pública no es de sobrecoste, sino de financiación insuficiente.

El sistema nacional de salud requiere de mejoras organizativas en términos de eficiencia, como el resto de la Administración Pública española. Y hay mucho pendiente por hacer en este sentido, desde las subastas para la adquisición de productos farmacéuticos, como practica la Junta de Andalucía, hasta la centralización de compras, la mejora de las políticas preventivas, la potenciación de la asistencia primaria y la generalización de los centros integrados de diagnóstico rápido.

Sin embargo, las recetas de la derecha no buscan la eficiencia, sino el recorte de derechos y el fin de la equidad social en la atención sanitaria. Si hay problemas de financiación, además de mejorar la eficiencia del servicio, deben aumentarse los ingresos. Y hay varias propuestas sobre la mesa a este respecto: el impuesto sobre transacciones financieras, el impuesto sobre las grandes fortunas, la subida de los impuestos sobre el alcohol de alta graduación y los tabacos… Todo antes que el copago.

Ahora la abanderada es Cataluña. En su momento Madrid también abrió paso a la privatización de centros hospitalarios, de especialidades y de atención primaria. Hoy esos centros han hecho caer la calidad del servicio público de salud hasta niveles desconocidos, pero sus dueños acrecientan día a día el negocio derivando las prestaciones más costosas a los centros de titularidad autonómica.

En su día pronosticamos que acabaríamos sustituyendo la tarjeta sanitaria por la tarjeta de crédito para obtener atención en los centros del sistema público de salud, y el momento se va acercando.

Para evitarlo se requerirá una gran movilización social. Merece la pena.