La trama corrupta Gürtel es, por la extensión y cuantía de sus operaciones de corte mafioso, el caso más grave de corrupción que ha conocido nuestra democracia. El papel central que las investigaciones contenidas en el sumario otorga al Sr. Bárcenas, tesorero del PP nombrado por Mariano Rajoy, aportando numerosas pruebas que indican que Barcenas pudo recibir 1.353.000 euros de la red corrupta, dejan en entredicho las actuaciones de la dirección nacional del PP minusvalorando el proceso, proclamando su defensa a ultranza del imputado Bárcenas manteniéndole incluso en su cargo de Senador y no asumiendo el Presidente nacional del Partido ninguna responsabilidad por haberle nombrado tesorero. El levantamiento del secreto del sumario ha permitido conocer que la Fiscalía Anticorrupción pidió al Juez llamase a declarar como imputados a directivos de cinco empresas que supuestamente colaboraron en la financiación ilegal del PP valenciano. En la Comunidad de Madrid los peritos judiciales emitieron un informe sobre las contrataciones y dicen que el Gobierno Aguirre amañó cientos de contratos para beneficiar a las empresas de la trama corrupta recibiendo por ello comisiones ilegales algún alto cargo del ejecutivo regional.
El Sr. Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid hasta octubre de 2008 ha declarado ante el Juez que existía un listado de empresas con las que trabajaban el Gobierno Regional y las Consejerías, en ese listado estaban las empresas de la trama y eran adjudicatarias de numerosos concursos que en muchos casos vulneraban los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.
Cabría preguntarse: ¿no se enteraba de todo ello la Presidenta del Gobierno Regional y a la vez Presidenta del PP madrileño? Recordar que ya están imputados y en libertad tras pagar elevadas fianzas varios altos cargos y parlamentarios del PP madrileño.
En Valencia es sobradamente conocido el papel que el Sr. Alvaro Pérez, “el Bigotes”, y sus empresas han jugado en las contrataciones públicas de la Comunidad y en la organización de eventos del PP. Conviene recordar que es en esta Comunidad donde habita el Sr. Fabra, Presidente de la Diputación de Castellón y máximo exponente del PP en esa provincia, incoado en varios procesos por la presunta comisión de varios delitos graves. Tras un lamentable espectáculo de paralizaciones sucesivas durante años de las investigaciones judiciales parece ahora van por fin a agilizarse. De lo investigado hasta ahora parece desprenderse que esas actuaciones presuntamente delictivas del Sr. Fabra le han permitido obtener enormes beneficios económicos.
El llamado “caso Palma Arena” que hoy en realidad es el “caso Matas”, es otro ejemplo más de prácticas presuntamente corruptas por parte de dirigentes del Partido Popular. El Sr. Matas, ministro en el Gobierno Aznar y Presidente de la Comunidad de Baleares, máximo exponente de una buena forma de gobernar en palabras del Sr. Rajoy, está hoy acusado de más de una decena de delitos graves y para evitar entrar de forma inmediata en prisión tendrá que abonar la fianza de mayor cuantía impuesta hasta la fecha (3 millones de euros ). De lo investigado en este caso se desprende un enriquecimiento enorme del Sr. Matas en sus años de actividad política.
Aquella frase atribuida a un notable político del Partido Popular: se entra en política para hacerse rico, parece haber calado muy hondo en bastantes dirigentes y cargos de esta formación política; resulta evidente de todo lo conocido e investigado que una corrupción muy extendida y de enormes proporciones, acosa rodea y penetra en la estructura del propio partido y que su dirección hasta la fecha no ha tomado las medidas exigibles en democracia, sino más bien utilizando excusas y artimañas de tipo legal trata de confundir a los ciudadanos.
Los hechos acaecidos son de extraordinaria gravedad, socavan las bases de la democracia y suponen el establecimiento de una forma de hacer política y detentar el poder incompatibles con una sociedad democrática fuerte y cohesionada y por ello las Instituciones, los poderes del Estado y la ciudadanía estamos obligados a dar una enérgica y rápida respuesta. Sería necesario que reflexionáramos y nos hiciéramos alguna pregunta:
¿Se puede tolerar que las direcciones nacional, valenciana y madrileña del PP no hayan asumido aún ninguna responsabilidad política y no hayan cesado sus máximos responsables? ¿Podemos permitir que un partido lastrado por tantas prácticas irregulares y tantos responsables imputados en casos graves de corrupción pueda obtener nuestra confianza? ¿Podemos y debemos exigir que los Tribunales de Justicia actuen con celeridad y eficacia para poner a buen recaudo a quienes condenen por su actuación delictiva?
Los españoles no nos merecemos este desolador panorama. Es la hora de exigencia de responsabilidades políticas y penales si las hubiere, y debemos exigirlas con contundencia democrática.
