Este ánimo analítico aconseja diferenciar al menos tres planos distintos en el problema. Primero, el entramado sórdido de los corruptos y los corruptores, con su inmoralidad y su miseria, con el latrocinio a granel, con sus lujos extravagantes a costa del erario público, con sus prácticas gansteriles… Segundo, la financiación irregular del PP, un partido de Gobierno en buena parte de España, que ha obtenido ventaja ilegítima e ilegal ante sus adversarios mediante el pago de actividades de campaña electoral a través de contratos fraudulentos en las administraciones públicas (Siempre me pregunté, ingenuamente, cómo el PP era capaz de obtener en campaña un rendimiento publicitario que triplicaba el nuestro, cuando su gasto electoral declarado era muy similar).

Y tercero, el fracaso clamoroso de buena parte de los diques y controles establecidos por el sistema para prevenir y evitar estos comportamientos: ¿qué papel han jugado los interventores municipales, las cámaras de cuentas autonómicas, el Tribunal de Cuentas del Estado, las distintas fiscalías territoriales, los Tribunales de Justicia, los Parlamentos encargados de controlar a los ejecutivos…? (La Asamblea de Madrid me negó el amparo reglamentario debido durante los cuatro años, de 2003 a 2007, en los que pregunté sin respuesta al Gobierno regional por sus contratos con la empresa Special Events, una de las sociedades de la trama corrupta).

El PP pagará sin duda una factura muy elevada en términos de descrédito ciudadano. No obstante, cada uno de aquellos planos del problema constituye un factor decisivo para ahondar en la desconfianza de los ciudadanos respecto a la integridad moral y el funcionamiento eficiente de las instituciones democráticas y de sus responsables. El daño recaerá en primera instancia en el PP, así como en los gobiernos municipales y autonómicos implicados por el sumario judicial. Pero la mancha del desprestigio alcanza ya por extensión a todo el sistema de partidos, a todos los Ayuntamientos y a todos los Gobiernos. Cuando en estos días los ciudadanos comiencen a formalizar sus declaraciones de impuestos recordarán, con una desazón y un enfado comprensibles, lo que aquellos sinvergüenzas hacían con los recursos de todos.

Somos muchos los que lamentamos la escasa participación política y los altos niveles de abstención electoral. Y claro está que estos comportamientos contribuyen a la mala fama de los políticos y de la tarea política en general. Unos reaccionarán alejándose aún más de la cosa pública, y otros adoptarán con resignación el argumento del “qué le vamos a hacer”, “la política es así”, “todos son iguales”… Los Bárcenas, los López-Viejo, los Cams, no solo arrastran su imagen y sus apellidos por el lodazal. Con su conducta nos ensucian a todos.

Las causas de la corrupción se han analizado profusa y reiteradamente. La raíz del problema está claramente en la codicia y la falta de escrúpulos del individuo que corrompe y del individuo que se corrompe. Pero es necesario identificar también las condiciones objetivas que hacen posible estas actitudes en el sistema público: la discrecionalidad en los procesos de contratación, la falta de transparencia en la motivación de las decisiones, la inoperatividad del régimen de control, de inspección y de sanción ante prácticas que vulneran la legalidad y los principios éticos más elementales… El sumario demuestra que algunos de estos personajes robaron de manera evidente y sistemática con total impunidad y durante años. ¿Qué responsabilidad van a asumir quienes estaban encargados por la ley de impedirlo: los técnicos de la administración pública, los interventores, los integrantes de los tribunales de cuentas…?

¿Qué hacer?, por tanto. Primero acometer las reformas institucionales que aún ofrecen facilidades a los corruptos: más límites a la discrecionalidad, más control, más inspección en las contrataciones. Y, desde luego, hace falta una actitud muy distinta a la que evidencia el PP en estos días. La conducta de Bárcenas, amarrándose al cargo hasta la indignidad; de Rajoy, escondiéndose de la opinión pública; o de Arenas, retratándose con quien dispone de la información más que sensible, resulta tan patética como contraproducente, para el interés del PP y para el interés de todos. Lo preciso es prevenir el desastre, pero una vez se ha producido hay que actuar con decisión y contundencia, asumiendo responsabilidades y apartando a los corruptos.

Sólo así podrán convencerse los ciudadanos de que merece la pena seguir confiando en las instituciones públicas, porque no todos somos “vitos”, “bigotes” y “albondiguillas”.