Que la economía europea, y en concreto la de la Eurozona, no puede soportar un rápido ajuste fiscal en los Estados miembros a la vez que se niega a la Unión Europea la capacidad de política anti-cíclica es evidente para cualquier observador, salvo para los halcones del ordoliberalismo, empecinados en repetir el mantra del equilibrio de las cuentas públicas a machamartillo.

Cuando la zona del Euro se asoma al abismo de la deflación, si es que no cae en recesión (y van tres desde 2008) lo sensato sería actuar de manera combinada en el ámbito estatal y en el europeo. A los Estados habría que permitirles una velocidad de ajuste del déficit público no mayor de medio punto porcentual de PIB por año, e incluso permitir una rebaja temporal y coordinada de impuestos sobre el factor trabajo, para así aumentar la renta disponible y el consumo (en el caso español, esta política tendría que aplicarse de manera moderada para no profundizar en el incipiente déficit comercial). Al mismo tiempo, la Unión Europea debe poner en marcha una política económica contra-cíclica, mediante un plan extraordinario de inversiones como están proponiendo diversas personalidades incluyendo al Presidente del Banco Central Europeo, o el propio Presidente de la Comisión Europea, y por supuesto la Iniciativa Ciudadana Europea del New Deal 4 Europe.

Lo cierto es que lograr ambos objetivos no es fácil políticamente. Los países en posición acreedora no van a renunciar a la política de ajuste fiscal, y mucho menos permitir una rebaja impositiva. Al mismo tiempo, la Comisión Europea y el Consejo no pueden funcionar sin el respaldo del Partido Socialista Europeo, por lo que difícilmente puede permitirse la derecha europea hacer oídos sordos con respecto al programa europeo de inversiones para impulsar el crecimiento y el empleo. Por tanto, existe la posibilidad de lograr un acuerdo político consistente en compensar la política de ajuste fiscal en los Estados miembros, con el plan europeo de estímulo.

La cuestión es cómo se financia este plan. Como es natural, si los Estados siguen ajustando los déficit públicos, no puede consistir en aportaciones nacionales. Es por tanto imperativo que la Unión Europea obtenga los recursos, fundamentalmente a través de impuestos europeos, en concreto la tasa a las transacciones financieras internacionales, el impuesto del carbono, y por qué no, un impuesto europeo sobre el capital (el patrimonio) como el que propone el economista Thomas Piketty. Asimismo, los tratados de la Unión Europea no impiden prima facie la emisión de deuda pública por parte de la Comisión Europea, como ya hiciera en su día la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

Este enfoque de paso reforzaría a la construcción europea en sentido federal, al mejorar la proporción de recursos propios de la Unión, haciéndola menos dependiente de las cada vez más rácanas contribuciones nacionales.