En un loable esfuerzo de simplificación podríamos decir que lo que proponen el señor Lagares y demás expertos es aumentar la imposición indirecta (el Impuesto sobre el Valor Añadido, más conocido como IVA), reducir la imposición directa (el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, el IRPF) y reducir las cotizaciones sociales. Pues bien, no hace falta ser un doctor economista ni haber leído las casi quinientas páginas del informe para darse cuenta de que esta propuesta fiscal es, ¡oh! sorpresa, de derechas, por lo menos en lo que respecta a subir el IVA y bajar el IRPF. Como es bien sabido, el IVA es un impuesto sobre el consumo, y por tanto lo paga por igual el sin techo que logra reunir unas monedas de los viandantes para comprar un bocadillo que el dueño de un gran Banco. Es, por tanto, un tributo que no discrimina por el nivel de renta o riqueza del ciudadano, por lo que hacer recaer un porcentaje mayor de la recaudación en el IVA es regresivo. Sobre todo cuando esta medida se combinaría reduciendo el tipo marginal del IRPF y eliminando tramos, por lo que la imposición directa, la que sí grava directamente en función de la capacidad económica del contribuyente, no solo recaudaría menos sino que además perdería en progresividad. Hace ya muchos años que el Exsecretario de Estado de Hacienda y Catedrático de Economía, el socialista Josep Borrell, en las páginas de la revista “Temas para el Debate” aconsejaba hacer justo lo contrario con el IRPF, a saber no se trata de eliminar tramos, sino de construir una función continua en la que cada persona sea ubicada en función de su renta, en cierto modo teniendo tantos tramos (o puntos) como contribuyentes. De este modo, el IRPF es plenamente progresivo.

No quiere esto decir que haya que suprimir el IVA, o que no pueda plantearse alguna subida calculada, aunque desde luego habría que sacar del tipo general (hoy en el 21 por ciento) los servicios culturales como el cine, el teatro o la música. Como señala José Carlos Díez en su libro “Hay vida después de la crisis”, el IVA tiene una gran potencia recaudatoria, porque además lo pagan los 60 millones de visitantes que recibe España en su calidad de potencia turística. Además, es un gravamen europeo, y no está mal acercar los tipos del IVA español a los del resto de socios comunitarios, aunque desde luego lo ideal sería armonizarlos para el conjunto del mercado interior. Ahora bien, cuando el principal freno al crecimiento económico en España es la atonía del consumo interno, no parece sensato volver a tocar el IVA en sentido ascendente en esta fase, mientras la economía no entre en una senda clara de recuperación. Y desde luego compensar subidas en la imposición sobre el consumo con la pérdida de progresividad del IRPF es socialmente injusto.

La tercera pata de la propuesta es reducir las cotizaciones a la Seguridad Social para abaratar el coste del factor trabajo sin recurrir a nuevas bajadas salariales y así crear empleo. La idea no es mala en sí, lo que sucede es que la Caja Única de la Seguridad Social hace ya varios años que entró en déficit por primera vez en su historia. Es decir, que el Estado está pagando más en concepto de pensiones que lo que recibe en cotizaciones. Es cierto que este déficit, que ahora se cubre con el Fondo de Reserva, es en principio coyuntural, ya que se debe a la pérdida de tres millones de cotizantes que han pasado a engrosar el ejército de reserva laboral (el paro), y que debe corregirse una vez se recupere la economía. Pero ninguna previsión de organizaciones internacionales o del propio Gobierno apunta a que la altísima tasa de desempleo se vaya a reducir a medio plazo, por lo que el déficit de la Seguridad Social puede mantenerse durante muchos años.

En cualquier caso, la propuesta de reforma fiscal que pergeña el Gobierno de derechas tiene un cierto tufo electoralista. El Partido Popular desde la oposición criticó sin compasión las subidas de impuestos que implementó el Gobierno socialista. Después hizo campaña por rebajas tributarias a sabiendas de que no era posible, para inmediatamente después de llegar al poder, hacer justo lo contrario. 2015 es año electoral por partida triple, al haber elecciones municipales, autonómicas y generales, por lo que al PP le gustaría poder presentarse a estas citas diciendo que ha bajado impuestos, por lo menos el IRPF. Pero eso aumentaría el déficit público lo que es inaceptable para la Comisión Europea, de ahí que haya compensar con la subida del IVA. Lo cierto es que esta propuesta fiscal no va en la buena dirección. Ni ayuda a la recaudación, ni a la equidad, ni al crecimiento económico. Se trata solamente de mejorar las magras expectativas electorales de la derecha.