Gobernaba el PSOE y tuvo el acierto de poner en marcha el Pacto de Toledo, cuyas recomendaciones y periódicas puestas al día han servido, entre otras cosas, para fortalecer el sistema público de pensiones, permitir que el Fondo de Reserva llegara a acumular más de setenta mil millones de euros y, como un valor político fundamental, para crear un clima de consenso político y social que permitía dar seguridad a los pensionistas de que futuros ajustes serían razonables y equilibrados, de forma que junto a medidas que pudieran afectar negativamente a unos colectivos habría otras que beneficiaran a los peor situados. Baste decir que la garantía de mantener el poder adquisitivo de las pensiones en base al IPC se puso en marcha en aquellos momentos. La sociedad española debe tener muy presente que el Pacto de Toledo es uno de los activos más importantes de nuestra historia democrática.

De aquella experiencia hay que recordar que la crisis económica, como siempre ocurre, tuvo una fase de depresión y otra de auge. En otras palabras, vino después una larga fase de fuerte crecimiento económico y de empleo que demostraba que los anuncios catastrófistas sobre las pensiones carecían de consistencia, pues se apoyaban en una coyuntura negativa que al poco tiempo fue superada.

Vivimos estos últimos tiempos un nuevo e interesado alarmismo. Por supuesto que los problemas demográficos están ahí y que sufrimos una crisis económica, más fuerte y duradera que las anteriores. Nadie con un mínimo sentido de la responsabilidad puede mirar a otro lado y cerrarse a abordar medidas de ajuste y racionalización del sistema. Precisamente ese sentido de la responsabilidad explica que se negociaran y acordaran una serie de importantes reformas en 2011, protagonizadas por el anterior gobierno, la patronal y los sindicatos. Y con la participación en su ámbito de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

Todo esto está en vías de dinamitarlo el Partido Popular y su Gobierno.

Sin dejar que maduraran un mínimo las reformas de 2011 han lanzado un anteproyecto de ley cuyo único objetivo es recortar de forma sistemática el poder adquisitivo de las actuales y futuras pensiones. Algunos medios de comunicación han difundido cifras como la de que se van a ahorrar 33.000 millones de euros en los próximos nueve años. Es una cifra conservadora, pues parte de un supuesto optimista sobre la inflación, que la calcula en menos de la mitad de lo que, como promedio, ha crecido en los últimos diez años. Pero más allá de la precisión del dato, apenas se ha dicho nada de que sólo con que en España nos gastáramos en pensiones un porcentaje del PIB similar al que actualmente se gastan los países de nuestro entorno, sería innecesario el recorte que nos tratan de imponer.

En la larga memoria explicativa del Gobierno sobre las nuevas reformas no existe la menor mención, directa o indirecta, al aumento de los ingresos del sistema. Por ejemplo, una coyuntural elevación de las cotizaciones sociales, repartida equitativamente entre empresas, trabajadores y Estado, que aliviaría el actual déficit. Que en el mundo empresarial se den las naturales resistencias a esta posibilidad no puede ocultar, también como ejemplo, que el tipo de cotizaciones actual es el más bajo de nuestra democracia y que ha habido años en que llegó a ser casi cuatro puntos superiores al de hoy. Hay otras medidas posibles de mejora de los ingresos, tales como una paulatina elevación de la base máxima de cotización, la asunción por el Estado de los gastos de personal de la administración de la Seguridad Social, etc

Sintomáticamente, sobre el fundamental problema que afecta al sistema de pensiones, esto es, el problema del paro, el anteproyecto de ley y su memoria explicativa no dicen una palabra.

Se ha lanzado dicho anteproyecto sin mediar consenso alguno y sin siquiera abrir una negociación que merezca tal nombre. El riesgo de que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo salte por los aires es bastante alto. En fin, estamos ante un gravísimo problema social al que debemos enfrentarnos con energía, empezando por sistematizar una campaña de explicación no sólo sobre los nuevos y serios recortes que al poder adquisitivo de las pensiones se le vienen encima –la gente lo sabe ya- sino contra la resignación de los que creen que son inevitables y, sobre todo, insistiendo en que son posibles, aquí y ahora, medidas alternativas que pueden garantizar el futuro del sistema de pensiones sin sacrificar a los pensionistas de hoy y de mañana. Hay razones de peso para movilizarse e impedir este nuevo y gravísimo atropello.