Hace unos meses se planteaban dos escenarios factibles para despejar esta incógnita paralizante en el panorama político y económico. Felipe González, entre otros, propuso un consenso para prorrogar el sistema vigente y aplazar la definición del nuevo sistema hasta que remitiera el contexto de recesión económica. Otros, por el contrario, argumentaban que ahora más que nunca, precisamente, se necesita de un sistema de distribución de recursos públicos eficaz que reflejara la nueva realidad estatutaria. Es evidente que ha primado el segundo escenario. Ahora solo cabe ya afrontar la recta final y concluirlo de la mejor manera posible.

El proceso se está afrontando en dos planos aparentemente compatibles pero realmente contradictorios. En los discursos nadie se aleja de los parámetros políticamente correctos: aplicación de los principios de suficiencia, corresponsabilidad fiscal, solidaridad, cohesión, etc. Los matices se perciben en los énfasis. Hay quienes enfatizan el criterio de la población sobre el de la dispersión o el envejecimiento, sin dejar de mencionar ambos. Y hay quienes priorizan el aspecto insular, orográfico o las características especiales de la población sobre el número de habitantes a atender, sin olvidarse restar importancia a ninguno de ellos. Sin embargo, las dentelladas se producen sin matiz alguno en cuanto aparecen las cifras. Con los números se desnudan los principios y se olvidan los discursos.

El objetivo último de este proceso consiste en salvar el interés general. Al conjunto del Estado y a la sociedad española le importan un sistema de financiación autonómica que permita a las administraciones cumplir con sus responsabilidades de una manera suficiente y funcional, y que a la vez garantice el ejercicio de los valores constitucionales de la solidaridad, la cohesión y la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan. Y a este objetivo último y global debieran subordinarse otras metas, más o menos legítimas y de alcance más parcial e inmediato. A ambos lados de la mesa.

En razón a este planteamiento sería conveniente, por ejemplo, resolver tres prejuicios contraproducentes que se hacen presentes con demasiada frecuencia en este tipo de negociaciones. Primero el dramatismo taumatúrgico de las cifras. En ocasiones se plantean los procesos de negociación de tal modo que se identifica la consecución de una cifra determinada (y a menudo aleatoria) con el logro de todos los bienes para un territorio determinado y, al mismo tiempo, se asimila cualquier cifra distinta con todos los males. El esquematismo de este discurso ignora que el Estado tiene otros cauces de inversión para atender las necesidades de la población en todos los territorios y que, además, a veces, a efectos de desarrollo y calidad de vida, importa más cómo se gasta el dinero que cuánto dinero se recibe. En la comunidad madrileña sabemos mucho de esto. Situemos los debates en su justo término, evitando las absurdas cifras-fetiche y relativizando los dramatismos sin justificación.

En segundo instancia sería recomendable acabar con el planteamiento maniqueo del “Madrid contra nosotros y nosotros contra Madrid”. O aún peor: “Corramos más que el territorio de al lado para que no se lleve más que nosotros”. Puede que este tipo de esquemas procure el espejismo del aglutinamiento coyuntural de fuerzas locales en torno al negociador, pero en realidad obstaculiza antes de facilitar el acuerdo necesario. En un escenario de confrontación competitiva siempre pierde alguien. Y en estos procesos, o ganamos todos o no gana nadie.

Tercera cuestión: las matemáticas imposibles. Todas las comunidades autónomas no pueden situar sus expectativas “por encima de la media”. Porque esa pretensión es sencillamente inviable. ¿Por qué esa obsesión por compararse con los demás? Las metas de cada administración deben establecerse en función de sus necesidades y sus objetivos, independientemente de lo que vayan a obtener los demás. Ni todos los territorios tienen la misma población, ni tienen el mismo tipo de población, ni tienen las mismas circunstancias geográficas, económicas y sociales. Unos estarán por encima de la media y otros por debajo, necesariamente. Lo importante es que nadie reciba menos de lo que necesita para cumplir con su responsabilidad y asegurar el principio de la igualdad.

En fin, el sudoku ya es complicado por sí mismo. No añadamos condiciones absurdas o imposibles de cumplir para dificultarlo. Porque o bien no lo resolvemos, o bien acabaremos todos frustrados.