Como es lógico, los pésimos resultados han agudizado la crisis en el seno del PSOE (pierde en Galicia 230.000 votos); pendiente de que pueda abordarse en profundidad al finalizar los comicios de Cataluña. En todo caso, algunas declaraciones de sus líderes no invitan al entusiasmo. El PSOE, más que regenerar sus ideas, lo que necesita es defender y aplicar sin reservas las ideas socialdemócratas (que, por cierto, tienen plena actualidad), tanto en el Gobierno como en la oposición -al margen del costo electoral que ello pudiera tener-, así como ofrecer alternativas a la globalización y a la crisis claramente diferenciadas de la derecha. En segundo lugar, lo que se debe hacer es regenerar el instrumento partidario, muy oxidado y poco operativo en estos momentos, con el propósito de fomentar el debate y la participación y con ello la presencia de sus militantes en el tejido social (organizaciones sociales, redes sociales, ONG y sindicatos, principalmente). Actualmente, a los militantes del PSOE no se les pide ningún compromiso añadido con la sociedad, ni existen normas eficaces que garanticen el control de sus dirigentes en sus responsabilidades públicas e institucionales (“hay que elegir a los mejores y vigilarlos como si fueran los más corruptos”); simplemente, porque las estructuras partidarias no funcionan en la práctica.

El liderazgo del partido (y el procedimiento de elección) también debe replantearse, aunque la sustitución de la dirección de un partido lleva su tiempo y, por lo tanto, pueda esperar a las conclusiones del debate y a futuras confrontaciones electorales y congresos, en la perspectiva de que la crisis partidaria es una crisis de larga duración. En todo caso, no debemos olvidar que los actuales responsables asumieron (algunos lo hicieron con entusiasmo) aplicar las políticas de recortes impuestas por la UE, en mayo del año 2010; no tienen, por lo tanto, credibilidad suficiente para defender en estos momentos lo contrario de lo que hicieron y menos romper con el pasado, como se está demostrando hasta la saciedad, sin una previa autocrítica en profundidad.

Un ejemplo significativo de todo ello quedó puesto de manifiesto recientemente cuando UPYD decidió querellarse contra Bankia, cuando lo lógico hubiera sido que esta querella la hubiera presentado el PSOE. Sin embargo, eso no fue posible porque afiliados al PSOE habían estado presentes en el Consejo de Administración de la Caja intervenida. Algo semejante ocurrió con los desahucios por impago de hipoteca, donde el PSOE ha venido manteniendo una posición ambigua hasta última hora.

En todo caso, estas elecciones han demostrado que una política de responsabilidad (“oposición útil”) y de carácter exclusivamente “institucional” goza de poca simpatía y, además, resulta claramente insuficiente para generar ilusión en la ciudadanía, como se está demostrando en las crecientes movilizaciones sociales a las que acuden miles de jóvenes casi todos los días al grito de “No nos representan”. Desde luego, una política de estas características no garantiza superar el 20% de los votos, ni tampoco consolida una alternativa real de Gobierno, como pone de manifiesto la encuesta del CIS: para el 27% de los encuestados la clase política es su principal preocupación.

Sin embargo, la importancia de estos hechos, y su rabiosa actualidad, no pueden hacernos olvidar la fuerte crisis económica y social (brecha social), que está poniendo en grave riesgo nuestra cohesión social. Como determina la última Encuesta de Condiciones de Vida (INE), el 21,1% de la población residente en España está por debajo del umbral de la pobreza (un 19,8% de nacionalidad española y un 43,5% de nacionalidades fuera de la UE); además, el 12,7% de los hogares españoles manifiestan llegar a fin de mes con mucha dificultad, el 40% no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, y el 44,5% no se pueden permitir ir de vacaciones al menos una semana al año.

La educación tiene una relación directa con estos porcentajes, ya que las tasas de pobreza se sitúan en el 28,9% de los que sólo tienen un nivel de educación primaria, mientras que en los que tienen una educación superior la tasa es del 10%; porcentajes que se verán agravados con los actuales PGE, que recortan en más de 275 millones de euros los presupuestos de educación.

Efectivamente, a pesar de las declaraciones del Gobierno los PGE contemplan menos inversión pública; más recortes en los servicios sociales (dependencia); menos protección a los desempleados; congelan los salarios y el empleo en las Administraciones Públicas; y renuncian a una política fiscal más justa, equitativa y sostenible.

Por lo tanto, se trata de unos presupuestos continuistas basados nuevamente en la austeridad para corregir el déficit, lo que acentuará la recesión, la desigualdad, la pobreza y el desempleo que ya ha superado, según la EPA, el 25% (en Andalucía, Canarias y Extremadura alcanza el 35%) y se encamina hacia los seis millones de parados, según todas las previsiones. Unos presupuestos que renuncian a reactivar y estimular la economía (la economía decrecerá el próximo año el 1,5%, según los analistas) y a dilatar en el tiempo la corrección del déficit y el pago de la deuda, abandonando a su suerte la creación de puestos de trabajo, que representa nuestro principal problema económico y social.

Existe la impresión generalizada de que los defensores de las políticas neoliberales y el Gobierno se están aprovechando de la crisis para seguir imponiendo una política económica de marcado carácter ideológico: empobrecimiento de nuestro Estado de Bienestar Social (Estado de Beneficencia), privatización de los servicios públicos y demolición de nuestros derechos sociales y laborales conseguidos desde la Transición. Si no es así, ¿cómo es posible explicar que se insista en una política que se está demostrando equivocada?

Precisamente, contra estas políticas se han convocado movilizaciones en los países de la Unión Europea para el próximo 14 de noviembre (14-N), por la Confederación Europea de Sindicatos (CES). En España, los sindicatos (apoyados por más de 200 organizaciones sociales) pretenden denunciar una política económica y social ineficaz e injusta que, además, no corrige los desequilibrios macroeconómicos, aumenta el desempleo y deteriora la situación social; en concreto, denuncian los PGE recién votados en el parlamento, la reforma laboral (una máquina para multiplicar los ERES y fabricar parados) y el recorte sistemático de los servicios públicos y de la protección social (protección por desempleo y dependencia).

La huelga se ha convocado en defensa de todos los ciudadanos y colectivos afectados por los recortes impuestos por el Gobierno (no contemplados en su programa electoral), sin diálogo y sin ningún tipo de negociación (los PGE se han aprobado sólo con los votos del PP). También para denunciar los futuros abusos relacionados con el previsible recorte de las pensiones y con las nuevas medidas de ajuste derivadas del rescate que pueda solicitar el Gobierno a la UE.

Nunca los sindicatos han tenido tantas razones para convocar una huelga general; sin embargo, el Gobierno, la CEOE e, inclusive, la CSIF (mal llamado sindicato independiente y que hasta ahora había secundado todas las movilizaciones) han calificado la huelga de “política”; cuando, precisamente, son políticas e ideológicas las medidas del Gobierno, que sólo benefician a unos pocos (entre ellos a los empresarios y al sistema financiero), sin que ello signifique avanzar en los objetivos que se pretende; más bien son medidas que aumentan el desempleo, la pobreza y las desigualdades.

El Gobierno y los empresarios también reiteran cínicamente que la huelga es contraproducente para salir de la crisis y que representará la pérdida de miles de millones de euros. No han hecho cuentas del costo de las medidas que se están tomando: ayudas cuantiosas al sector financiero; desgravaciones fiscales; subvenciones a las cotizaciones a la seguridad social de los empresarios; privatización de empresas y organismos públicos; subvenciones a la educación privada; caída sin precedentes del impuesto de sociedades; pérdida de ingresos por la economía sumergida; pérdida generada por el desempleo, sobre todo de los jóvenes que ni estudian ni trabajan … Sin lugar a dudas, los únicos que pierden dinero son los trabajadores, a los que se les descuenta el día de huelga en sus nóminas con lo que esto representa para sus bolsillos en medio de la crisis.

En los próximos días el Gobierno comenzará a tomar medidas para imponer unos “servicios mínimos abusivos”, con el único fin de perjudicar el derecho constitucional de la huelga (no de garantizar el derecho al trabajo que nunca se ve perjudicado). Los empresarios en todas las huelgas utilizan su poder absoluto en la empresa -en este caso, fortalecido por la reforma laboral- para introducir el temor y el miedo: despidos; reducción de salarios; no renovación de los contratos; empeoramiento de las condiciones de trabajo… En la calle, el Gobierno se encarga, a través de las fuerzas de orden público, de disuadir a los ciudadanos de ejercer el legítimo derecho a las manifestaciones. Esa es la auténtica realidad que, además, los jueces terminan reconociéndolo más tarde.

Los sindicatos no sólo protestan con la huelga. También ofrecen alternativas a nivel europeo y en nuestro país: proponen medidas para reactivar la economía con dinero público en el ámbito europeo; retrasar el ajuste fiscal (ante la imposibilidad de pagar la deuda con intereses tan altos); políticas activas de empleo, sobre todo para los jóvenes; impuestos a las transacciones financieras; impuestos al patrimonio; lucha contra la economía sumergida y contra el fraude fiscal; cambio de nuestro modelo productivo…

En definitiva, medidas más eficaces y más justas que, además, representen serios avances en la lucha contra el escandaloso desempleo.

Los que manifiestan que las huelgas no sirven para nada se equivocan: siempre han servido para avanzar (con altibajos y con retrasos si se quiere). Eso es lo que explica los logros conseguidos a través de la historia que, no lo olvidemos, nadie ha regalado a los trabajadores. En todo caso, la huelga es un grito en defensa de la dignidad y de la democracia (al que nadie se debería resistir); también contra la impunidad, la estafa y la mentira.