Las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi y la propuesta del FMI, planteando una nueva reforma laboral, en la recta final de la negociación de un nuevo Acuerdo de referencia entre los interlocutores sociales para negociar los convenios de los dos próximos años (III AENC), han abierto un nuevo debate sobre el empleo, los salarios y la contratación en nuestro mercado de trabajo. A este debate se ha sumado CIUDADANOS, que pretende elevar a su programa electoral el contrato único como la mejor solución (milagrosa) para superar la dualidad (precariedad) de nuestro mercado de trabajo, además de eliminar las ayudas a los sindicatos y empresarios, olvidando su condición de interlocutores sociales que defienden los intereses generales de todos los trabajadores y empresas estén o no afiliados en nuestro país.

 Debemos recordar que la vigencia de la reforma laboral (ha cumplido más de tres años) ha resultado un fracaso absoluto en cuanto a la creación de empleo, como ha señalado María Emilia Casas: “las reformas laborales nunca crean empleo pero si lo transforman” (revista Temas nº 245). De acuerdo con esta declaración compartida por una gran mayoría de expertos, si bien el empleo ha sido un auténtico fracaso, no es menos cierto que ha sido un instrumento tremendamente eficaz para reducir los salarios, precarizar el mercado de trabajo, vaciar de contenido la negociación colectiva y debilitar el poder sindical. A partir de esta realidad incontestable, es muy difícil entender y mucho menos aceptar la declaración de Mario Draghi y la proposición del FMI que, en definitiva, vienen a proponer sin tapujos una nueva reforma laboral que se concretaría en la implantación del reiterado contrato único (sin precedentes conocidos) en coincidencia con lo que defiende CIUDADANOS.

Es reconocido por los sindicatos y la mayoría de los expertos que el contrato único que se viene defendiendo desde hace tiempo por FEDEA (empresas más importantes del ibex-35) -al margen de que simplifica los contratos-, pretende igualar por abajo el costo del despido (todos precarios) y, en último término, reducir aún más el coste medio del despido (que es lo que se pretende), lo que en las actuales circunstancias resulta absurdo y contraproducente para salir de la crisis y proteger a los más desfavorecidos.

Como pretendía el Gobierno, de manera no explicita, la reforma laboral ha reducido los salarios de una manera considerable: el salario real ha caído el 7,2% entre 2010 y 2014, según Ignacio Pérez Infante. Sin embargo, lo más destacable es que se han desplomado sobre todo los salarios más bajos: en concreto, en el año 2007, el 10% de los salarios más altos ganaban 7,3 veces más que el 10% de los salarios más bajos y en el año 2014 esta relación aumentó a 11 veces, consolidando el concepto pobres con empleo. Al desplome salarial hay que añadir la caída de las retribuciones de los empleados públicos, del SMI y de la protección por desempleo, a lo que hay que sumar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, los copagos, la caída de las becas, el desplome de la financiación de la dependencia y el deterioro de los servicios públicos, para explicar con claridad el aumento considerable de la desigualdad, de la pobreza y de la exclusión social.

Por otra parte, la participación de los salarios en la renta nacional se ha reducido desde el 50,4% al 46,9% y su participación se sitúa en la actualidad por debajo de las rentas del capital. También resulta evidente la constatación de que los empresarios no han trasladado el recorte de los salarios a los precios y, por lo tanto, han aumentado el margen de sus beneficios y el saneamiento, cuando no la acumulación de capital a costa de los salarios. Según Manuel Lago, nuevatribuna.es, a pesar de la caída del ingreso de las empresas en su conjunto (6%), éstas han duplicado sus beneficios netos (116%), sobre todo por el aumento de la productividad, el ajuste del costo laboral (empleo, salarios y despidos), la caída de los gastos financieros y la menor carga fiscal que soportan sus beneficios (2008-2014). En todo caso, estos desorbitados beneficios no pueden ocultar la existencia de empresas consideradas individualmente, que han sufrido fuertes pérdidas o simplemente han desaparecido.

La situación resulta aún más grave porque los más desfavorecidos conviven, además, con escándalos bochornosos (casos Rato y Pujol) y con ejecutivos desaprensivos que se fijan retribuciones obscenas y a la vez reclaman moderación salarial a los trabajadores; también con empresas que en su práctica habitual anuncian beneficios y, simultáneamente, el despido de sus trabajadores (el mejor ejemplo es Coca Cola*).

Por otra parte, que nadie se llame a engaño, la reforma laboral ha aumentado la precariedad de nuestro mercado de trabajo -incluso de los contratos indefinidos ante el considerable abaratamiento de los despidos-, por las ventajas que tiene para los empresarios la contratación temporal y a tiempo parcial y el destrozo causado a la relación de fuerzas entre los interlocutores sociales. A pesar de estas políticas, debemos manifestar rotundamente que la precariedad de nuestro mercado de trabajo depende mucho más de nuestro modelo productivo y de las abusivas prácticas empresariales que se producen al amparo de la mayoría absoluta del PP, del golpe bajo asestado a la negociación colectiva (ultraactividad) y de la debilidad del poder sindical.

De la misma manera debemos reiterar que la competitividad de nuestras empresas no se puede basar en la reducción exclusiva de las rentas de los trabajadores (salarios, costo del despido, pensiones y prestación por desempleo). Una política de esta naturaleza -de marcado carácter ideológico- nos condena a mantener un modelo productivo subsidiario en una economía globalizada, como pretende el PP para salir de la crisis lo más rápidamente posible, pero sin ninguna visión de Estado, altura de miras y horizonte de esperanza. Como se viene demostrando, los salarios en España son muy competitivos; sin embargo, eso no nos garantiza que nuestras empresas sean más competitivas en una economía globalizada como se está demostrando en la actualidad. Hay otros factores que inciden mucho más en la competitividad de las empresas: el tipo de cambio del euro, los costos energéticos, la financiación y el crédito, los alquileres y el suelo, los impuestos, las desgravaciones fiscales y a la seguridad social, el transporte, la logística, las telecomunicaciones, la investigación, la innovación, el tamaño de las empresas… Por eso, sobre estos asuntos, se debe abrir un gran debate nacional donde participen representantes del Gobierno y de la oposición, expertos, sindicatos y empresarios que, sin duda, demostrarían la falsedad que representa una política encaminada únicamente a reducir los salarios para que nuestras empresas sean más competitivas.

Por lo tanto, una apuesta por la competitividad basada en el dumping social es un error que tendrá considerables consecuencias a medio y largo plazo para el empleo y la regulación de nuestro mercado de trabajo. En la actualidad ya está teniendo una incidencia negativa en el consumo, en el empleo, en la precariedad de nuestro mercado de trabajo, en la negociación colectiva y en el protagonismo de los interlocutores sociales. Las conversaciones para conseguir un nuevo Acuerdo de referencia para negociar los convenios de los años 2015 y 2016 están demostrando el poco interés que tienen los empresarios (CEOE y CEPYME) para apostar por el cambio de nuestro modelo productivo y menos por la participación de empresarios y sindicatos en la nueva fase donde se pronostica un aumento del crecimiento de la economía, que debería posibilitar un aumento de los salarios y de la protección social, lo que fomentaría el consumo y por lo tanto el crecimiento y el empleo. Los trabajadores no esperan otra cosa y, en coherencia con ello, exigen una respuesta acorde con las reivindicaciones sindicales de los últimos meses. Los sindicatos no necesitan a estas alturas demostrar su responsabilidad; sin embargo, sí deben mejorar su credibilidad delante de la ciudadanía y asumir con mayor contundencia la representación y defensa de los trabajadores, sobre todo de los más desfavorecidos.

Ello exige un Acuerdo salarial justo que comience por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores (salarios, cláusula de garantía salarial y reparto de la productividad) y el consumo interno, dotando así a la recuperación económica del necesario contenido social con incrementos reales y sostenidos de los salarios. Posteriormente se debe trabajar a fondo para derogar la reforma laboral, además de perseguir una ley de financiación y de participación de los sindicatos en empresas e instituciones, sin olvidar las políticas de empleo (incluido el reparto del trabajo existente) y el tratar a fondo el déficit de la Seguridad Social y las pensiones. Debemos recordar que la Seguridad Social, según elmundo.es, sólo recaudó en 2014 un 0,96% más respecto al año anterior -incluso habiendo incrementado los afiliados medios en 417.574-, lo que consolida un déficit histórico de 15.006 millones de euros (1,42% del PIB), debido a la precariedad laboral, la devaluación salarial y el desplome de los parados con prestación y por los que los servicios públicos de empleo han dejado de cotizar, así como a la fuerte reducción de ingresos por las bonificaciones a la contratación (sobre todo la tarifa plana); todo ello ha hecho necesario el rescate de 15.300 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en 2014 para pagar las pensiones.

Desde luego, sustituir la reforma laboral no será fácil y llevará tiempo; por eso, de entrada, se deberán eliminar por decreto los aspectos más controvertidos de la reforma (sobre todo los relacionados con la negociación colectiva) y, posteriormente, presentar un anteproyecto de ley en el Parlamento para que se proceda a legislar un nuevo marco laboral progresista y respetuoso con la autonomía y el equilibrio de las partes, a partir, si es posible, de un acuerdo entre los interlocutores sociales. Sin lugar a dudas, todo ello requerirá una nueva relación de fuerzas en el parlamento (además de lograr acuerdos con los partidos de izquierda) y una presión sostenida de los sindicatos en relación a estas alternativas. En todo caso, estaremos a la espera de que se conozcan los diversos programas de los partidos políticos en materia socio laboral…

*La reciente sentencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del despido colectivo del grupo Coca Cola por vulneración del derecho de huelga. Dicha sentencia proclama, además, que la readmisión de los trabajadores deberá estar necesariamente acompañada del abono de los salarios de tramitación.