Estos datos demuestran el rotundo fracaso de las políticas de ajuste que se están llevando a cabo desde hace más de año y medio en nuestro país, a las que hay que añadir las recientes medidas de Rajoy (el primero de la clase de la señora Merkel en las políticas de recorte) en contradicción con sus promesas electorales. Es urgente que el nuevo Gobierno exija a la Unión Europea que analice esta situación, porque el desempleo en España es insoportable (sobre todo el paro juvenil) y, además, se encuentra muy por encima del doble de la UE (9,9%) y de la Eurozona (10,4%). El ajuste fiscal (por muy necesario que sea, no deja de ser un problema menor si lo comparamos con el desempleo) no se puede llevar a la práctica en los plazos establecidos sin situarnos -como pronostica el FMI y diversos analistas de prestigio- en el umbral de los seis millones de desempleados en el presente y próximo año (2012-2013), con lo que esto significa en términos de desigualdad, marginación y pobreza.
Para abordar este problema, el nuevo Gobierno ha anunciado una política de reformas (más recortes): en concreto la reforma laboral y la reforma del sistema financiero. Nada se dice de acometer una necesaria reforma fiscal en profundidad. En cuanto a la reforma laboral debemos manifestar rotundamente que no tendrá incidencia en la creación de empleo, y menos si se impone, como ha quedado demostrado a través de los años. Eso sí, facilitará y abaratará el despido, una vez más; incluso puede endurecer el cobro de las prestaciones por desempleo y reducir su cuantía, además de dar prevalencia a los convenios de empresa sobre los sectoriales y provinciales. Aun así, no será suficiente, por muy competitivos que sean los empresarios, para contratar a trabajadores si no hay demanda de productos.
Nada se ha filtrado de la reforma financiera cuando es un asunto clave y fundamental. Resulta necesaria la recapitalización de los Bancos (la más alta exigida en la UE) para hacer frente al inmovilizado en el sector de la construcción; conocer realmente el porcentaje de morosidad en el sector; garantizar la información y transparencia en los procesos de unificación o absorción de entidades financieras (Cajas de Ahorro), donde se están moviendo miles de millones de euros; situar en los balances bancarios el precio real del suelo y viviendas; y una política encaminada a abaratar el precio de la vivienda. Estos son algunos de los asuntos que no pueden esperar si queremos avanzar en la creación de empleo, porque está en juego el crédito a familias y empresas que resulta inexistente en la actualidad y la propia credibilidad del Gobierno Rajoy. En todo caso, las medidas que se lleven a cabo no contemplarán la creación de una fuerte banca pública, que ayudaría a resolver los problemas derivados de la ausencia de crédito.
De la reforma fiscal, que habría que abordar en profundidad con el propósito de que paguen más los que más tienen, no se puede esperar nada del actual Gobierno, sobre todo cuando tampoco abordó dicha reforma el Gobierno Zapatero. Hasta ahora, las medidas recientes, relativas al aumento del IRPF, van a recaer principalmente en los trabajadores y en la clase media; además, no hay que descartar una nueva subida del IVA, que no se anunciaría hasta después de la celebración de las elecciones andaluzas. Por eso, debemos insistir en la persecución del fraude fiscal y de la economía sumergida; en recuperar el Impuesto del Patrimonio; aumentar la imposición a las SICAV; penalizar las transacciones financieras; gravar más los altos ingresos; y eliminar los paraísos fiscales de acuerdo con la UE. Una política que se precie de ser eficaz debe abordar el capítulo del gasto, pero también, y de manera decidida, el capítulo de los ingresos, lo que ayudaría a reducir el déficit, a reactivar la económica y a crear empleo.
En este difícil contexto económico y social los interlocutores sociales han firmado el II Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (2012-2014). El acuerdo refuerza la autonomía de las partes y, de la misma manera, potencia el diálogo y la concertación social. Sin embargo, resulta muy desequilibrado teniendo en cuenta la actual correlación de fuerzas en términos políticos, económicos y sociales, muy favorable al Gobierno y a los empresarios.
A pesar de los varios puntos que se contemplan en el acuerdo -y que los sindicatos intentan poner en valor- el contenido salarial es lo más destacable y, a la vez, lo más controvertido, no sólo por las renuncias sindicales, sino también por su pretendida eficacia en relación con la creación de empleo.
Efectivamente, el acuerdo general para tres años contempla un nuevo modelo salarial, con una cláusula de revisión mucho menos exigente, que acepta la pérdida real del poder adquisitivo de los trabajadores. Una cláusula de revisión que tiene en cuenta por primera vez la inflación en España y en la Eurozona -relacionadas ambas con el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%)- además del crecimiento económico (PIB) y el precio del petróleo brent, como venían pidiendo los empresarios.
Para el año 2012 el incremento salarial será hasta el 0,5%. La cláusula de revisión salarial interviene cuando se produzca el exceso sobre el 2% del menor de los índices: IPC español e IPC armonizado de la Eurozona (en la práctica, lo más probable es que se tenga en cuenta el de la Eurozona, que ha sido -con alguna excepción- el más bajo en los últimos años). Si el aumento anual del precio del petróleo en diciembre es mayor del 10% se tendrían en cuenta los índices sin carburantes y combustibles. Para el año 2013 el incremento será del 0,6%, con una cláusula de revisión similar a la del año 2012. Para el año 2014 el incremento será del 0,6%, si el aumento del PIB en 2013 es menor del 1%. Hasta el 1%, si el aumento del PIB se sitúa entre el 1% y el 2%. Hasta el 1,5%, si el PIB fuera igual o superior al 2%; lo que significa que, incluso, con crecimientos del PIB por encima del 2% se seguirá perdiendo poder adquisitivo. El acuerdo contempla también posibles incrementos adicionales asociados a la marcha de las empresas, que se integrarían preferentemente en la parte variable del salario en este año. Si se pactan aumentos de los salarios variables el efecto de la cláusula de revisión pactada se incrementará en el 50% y en el 100% de la cláusula si no se han pactado.
Lo que llama más la atención es que esta fuerte renuncia sindical se lleva a cabo después de años de moderación salarial, incluso en periodos de alto crecimiento de nuestra economía. Según los datos de la Contabilidad Nacional del III trimestre del pasado año, los costos laborales unitarios se están reduciendo a un ritmo del -2,1% anual. La remuneración por asalariado está aumentando escasamente el 0,6% y los excedentes de las empresas y empresarios unipersonales y autónomos crecen a un ritmo del 5,6%. Consecuentemente, los excedentes empresariales están aportando 2,1 puntos a la inflación. Por lo tanto, son los excedentes empresariales los responsables, casi en exclusiva, de que los precios de producción crezcan y no la aportación de los costos laborales a la inflación, que ha sido negativa en los dos últimos años.
En relación con las contrapartidas exigidas por los sindicatos, los empresarios (claros beneficiarios del acuerdo) no asumen responsabilidades ni compromisos concretos en relación con la creación de empleo (sólo recomendaciones), al margen de declaraciones de intenciones en relación a la distribución de beneficios (deben evolucionar de forma moderada), que permitan dirigir una mayor parte de los excedentes empresariales a la inversión y a la mejora de la competitividad; a la necesidad de controlar la retribución de los altos directivos y ejecutivos de empresas; y a la contención de precios.
Los sindicatos no tienen capacidad en sectores y empresas para hacer cumplir estas recomendaciones genéricas, al no tener en España cauces de participación y de democracia industrial y, mucho menos, capacidad de intervención en las empresas -como ocurre en Alemania (cogestión)- lo que se agrava por la escasa presencia sindical en las pequeñas empresas, que son la gran mayoría. Tampoco en la actualidad los sindicatos están en condiciones de movilizar a los trabajadores en defensa de un acuerdo eminentemente defensivo que no genera precisamente entusiasmo.
Por otra parte, no lo olvidemos, el acuerdo deberá convivir -según todas las previsiones- con un alto índice de desempleo y no evitará que el Gobierno lleve al Parlamento una nueva reforma laboral que, si nadie lo remedia, contemplará más sacrificios para los trabajadores como ha anunciado el propio Presidente del Gobierno menospreciando, irresponsablemente, el acuerdo entre los interlocutores sociales.
Además, y a pesar de la buena voluntad de los sindicatos, una reducción de los salarios deprimirá más el consumo, y por lo tanto, caerá la actividad económica, y consecuentemente, el empleo. Resulta evidente que, en la práctica, este acuerdo facilitará que se produzca un nuevo trasvase de rentas del trabajo al capital, sin que se garantice que ello repercuta en la mejora de la competitividad, en el control de precios y en la recuperación del empleo, como pretenden los sindicatos.
Tampoco el acuerdo significará suavizar las medidas de ajuste fiscal impuestas desde la UE, que están frenando la reactivación de la economía, por las renovadas exigencias y el fundamentalismo de los mercados, lo que afectará negativamente al empleo y confirmará el fracaso de la Política, con las repercusiones consiguientes en nuestra propia democracia.
Por lo tanto, si no hay un cambio sustancial en la orientación de la política económica del Gobierno la responsabilidad de los sindicatos y el sacrificio de los trabajadores no servirá para nada, como desgraciadamente ha venido ocurriendo desde hace años, a pesar de que no son los culpables de la crisis. En este supuesto, no resultará extraña la movilización y la protesta.
