Los conocidos como “indignados” son en realidad un colectivo muy heterogéneo en sus motivaciones y en sus planteamientos. La base común a todos ellos está conformada por tres grandes reivindicaciones: respuestas eficaces para la crisis y el desempleo, el sometimiento de los poderes económicos a los poderes democráticos, y el perfeccionamiento de la democracia, abriendo nuevos canales de participación y erradicando comportamientos corruptos. Se trata de reclamaciones razonables y merecedoras de tanta atención como respeto. Y es verdad que sociólogos reputados como José Félix Tezanos venían pronosticando desde hacía tiempo el surgimiento de estas movilizaciones de “excluidos”. La crisis y el paro han venido a profundizar las tendencias ya observadas con anterioridad hacia el incremento de la precariedad laboral, la desigualdad social y la consiguiente desafección política. Si el sistema no responde a las necesidades de una parte de la sociedad, resulta lógico esperar que al menos esa parte de la sociedad reaccione contra el sistema.

La respuesta de la izquierda política ante este movimiento ha sido confusa y contradictoria. De la simpatía inicial, con la esperanza de la movilización del voto progresista, se pasó a un frustrado intento de apropiación en clave electoral, y de ahí al reproche, tras las ventajas obtenidas por la derecha a causa, presuntamente, de las llamadas de los indignados a la abstención. En la actualidad hay quienes, como Cayo Lara, que se empeñan en tratar de situar al movimiento detrás de sus siglas; hay quienes mantienen cierta distancia aún respetuosa y abierta a la colaboración; y hay quienes les sitúan explícitamente como adversarios violentos y antidemocráticos.

A mi juicio, los partidos de la izquierda y, en concreto, el Partido Socialista debe reaccionar conjugando políticas que ofrezcan respuestas eficaces a aquellas reivindicaciones de base, con una firmeza total en la defensa de los procedimientos democráticos y en la condena al ejercicio de la violencia. No se puede caer en el error de condenar al todo legítimo por la parte violenta, y tampoco se puede caer en la equivocación de transigir con procedimientos absolutamente inaceptables en democracia, vengan de quienes vengan.

Y el movimiento del 15-M deberá tomar también sus decisiones cuanto antes, a riesgo de sucumbir por disolución natural o por deslegitimación violenta. Tienen varias opciones para mantener vivas sus reivindicaciones: pueden integrarse en las formaciones existentes en la izquierda, condicionando sus programas y estrategias; pueden configurar una formación propia para participar en el sistema (presentándose a las elecciones incluso); o pueden instaurar un movimiento de nuevo cuño que respete las normas y los derechos de los demás. O todo a la vez. Son libres, porque viven en democracia. Y por eso, la sociedad en su conjunto también está legitimada para exigirles respeto a las normas que nos hemos dado nosotros mismos para garantizar la convivencia en paz.