Este planteamiento, además, se defiende con el argumento de que es imprescindible para crear empleo cuando, en la práctica, está ocurriendo todo lo contrario. La reforma laboral está facilitando y abaratando más el despido y los contratos de trabajo cada vez son más precarios. Como consecuencia, el desempleo está aumentando. La reforma de la negociación colectiva tampoco va a crear empleo (cese de la ultraactividad, flexibilidad interna, y el debilitamiento de los convenios estatales de sector en beneficio de los convenios de empresa). Por el contrario, dará más poder a los empresarios al apostar por la desregulación y la individualización de las relaciones laborales.
La devaluación de salarios (también del SMI y de las retribuciones de los empleados públicos), al ligar los incrementos salariales a la productividad y a los beneficios empresariales, sin cláusula de revisión salarial que evite los efectos perniciosos de un aumento de la inflación, significará un nuevo trasvase de las rentas del trabajo a las rentas de capital, lo que, además de ser injusto, deprimirá el consumo y por lo tanto será contraproducente para el crecimiento económico y el empleo.
Los recortes en protección social (pensiones, dependencia y prestación por desempleo) ya están generando un mayor aumento de las desigualdades sociales y por lo tanto de la pobreza, alumbrando nuevos problemas relacionados con la cohesión social.
Lo mismo se puede manifestar de los servicios públicos: el copago de la sanidad que se anuncia es sólo un ejemplo y la privatización de una parte de los mismos una certeza (sanidad y enseñanza) a medio plazo por las políticas que terminará imponiendo, en este caso, la derecha (PP).
Lo más grave de esta situación es que estos privilegios empresariales conviven con las actuales bonificaciones de la seguridad social a las empresas para el fomento del empleo que alcanzan 2.954 millones de euros, según los presupuestos de la seguridad social (además, la CEOE sigue reivindicando la reducción de las cotizaciones de las empresas a la seguridad social). Es conveniente recordar que estas ayudas se están consolidando y no están sujetas a revisión ni se justifican en base al cumplimiento de su objetivo, que no es otro que la creación de empleo (cosa que no ocurre en la práctica).
Esta política se está llevando a cabo- con el respaldo del actual Gobierno socialista- sin compensaciones de ningún tipo hacia los trabajadores (que son los que soportan la crisis) y con grave riesgo para el sostenimiento del estado de bienestar social.
A ello está contribuyendo la desmovilización de la izquierda sociológica y de los sindicatos, obsesionados con una política encaminada a conseguir acuerdos que la CEOE y el gobierno incumplen con frecuencia.
No es extraño en este contexto que el movimiento 15-M (los perdedores de la crisis) esté asumiendo, con ilusión, un fuerte protagonismo mediático y movilizador en la denuncia de los excesos de las políticas neoliberales y en protesta por el atentado que están sufriendo los derechos laborales y sociales adquiridos. Al margen de algunos excesos, el 15-M está cargado de razones y se debate por conseguir una mínima estructura organizativa basada en el establecimiento de redes sociales a través de Internet (su debilidad por la falta de una organización convencional y la rotación de sus responsables representa a su vez su gran fortaleza), además de reivindicar puntos relacionados con las libertades y la regeneración democrática (ley electoral, listas abiertas, lucha contra la corrupción política ) en sus primeras reivindicaciones.
Sin embargo, estas reivindicaciones de carácter político están dando paso a nuevas exigencias relacionadas con la superación de las desigualdades y, por lo tanto, preconizan una más justa distribución de la riqueza y, en todo caso, un reparto más equitativo del costo de la crisis. Incluso, el 15- M está estudiando la convocatoria de una huelga general para el mes de octubre a través de un sindicato minoritario (sólo los sindicatos pueden convocar legalmente una huelga general), al no mantener en la actualidad relaciones con los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), por la brecha abierta, en buena medida, por la firma del acuerdo de pensiones.
A pesar de estas dificultades, los sindicatos y el 15-M deben trabajar en la práctica por superar las actuales desigualdades sociales en torno a los mismos objetivos (sería muy difícil explicar la convocatoria de una huelga general al margen de los sindicatos mayoritarios): el empleo, los salarios, la protección social, la política medioambiental, y la política fiscal.
El empleo.- En primer lugar defendiendo un mayor crecimiento de la economía, haciendo compatible el ajuste (más suave y dilatado en el tiempo) con la defensa del pleno empleo como eje prioritario- sobre todo el juvenil- de su actuación. En segundo lugar haciendo especial hincapié en la superación de la precariedad (temporalidad) de nuestro mercado de trabajo, hasta situarla en la media europea, a través de la modificación de la legislación vigente en materia de contratación.
A corto plazo, se debe exigir el mantenimiento del empleo público (servicios públicos: sanidad y enseñanza, sobre todo), el aumento del empleo social (dependencia y enseñanza infantil de 0 a 3 años), y el impulso al empleo verde. A largo plazo, se debe apostar por un cambio de modelo productivo (verdadero causante de la crisis) que garantice una mejora de la productividad- para competir con garantías de éxito en un mundo globalizado-, a través de empleos de calidad y con derechos.
Los salarios.- Oposición a la devaluación salarial (los salarios no son los causantes de la crisis; sin embargo, se pide reducir los salarios al mismo tiempo que se conocen las altas retribuciones de los ejecutivos) y a la reforma de la negociación colectiva en discusión en el parlamento. También se debe exigir el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el SMI y las retribuciones de los empleados públicos y, por supuesto, un incremento de los salarios que incremente el poder de compra de los trabajadores, ligado a los incrementos de precios con la garantía salarial correspondiente. Esta política repercutirá además en el consumo y por lo tanto en el crecimiento de la economía y el empleo, una vez demostrada la nula repercusión de los recortes salariales en la creación de empleo.
La protección social.- En materia de protección social hay que reivindicar equiparar el gasto social en España (más de 6 puntos por debajo del PIB) a la media de los países de la UE, con especial hincapié en las futuras pensiones de los jóvenes, en la dependencia, y en los servicios sociales. Una política de esta naturaleza crearía, además, empleo estable y duradero como ocurre en los países más avanzados (España no tendría paro si tuviera los servicios sociales que tiene actualmente Suecia).
La política medioambiental.- Especial relevancia debe tener la racionalización del consumo energético, la generación de energías limpias y renovables (viento, aire, mareas, biomasa ), el transporte público, el transporte de mercancías por ferrocarril, el tratamiento del agua (como servicio público) y el cuidado de la contaminación alimenticia, así como poner freno a una dieta excesiva en calorías (para evitar que el número de muertes que se producen por una alimentación excesiva sea similar al que se produce por hambre), a través de campañas específicas.
La política fiscal.- La superación de la cultura relacionada con el desarme fiscal es una prioridad. En todo caso, la política de ingresos debe ser más contundente en la corrección del déficit público y en el mantenimiento de los servicios públicos. Para ello es necesario garantizar una política fiscal suficiente y progresiva, que apueste por los impuestos directos y no por los indirectos, que penalice a las rentas altas y a los grandes dividendos (la banca española se encuentra a la cabeza de beneficios en el mundo) y que erradique el fraude fiscal y la economía sumergida (los trabajadores soportan la recaudación fiscal porque los ricos pagan poco o no pagan: el reciente ejemplo de la familia Botín regularizando su anómala situación fiscal es tremendamente significativo). También se exige eliminar los paraísos fiscales, penalizar las transacciones financieras y a las SICAV, recuperar el impuesto de patrimonio, además de impulsar los impuestos verdes.
En base a estas políticas, los sindicatos y el 15-M deben intercambiar opiniones y acercar posiciones en la búsqueda de una política común, desde el respeto a sus propias peculiaridades. Ello requiere que el movimiento madure y sea capaz de organizar una mínima interlocución con el conjunto de la sociedad en defensa de las ideas socialdemócratas. Los sindicatos, por su parte, deben reflexionar sobre el aporte movilizador de los jóvenes (y no tan jóvenes), las justas reivindicaciones que defienden en defensa de los más débiles, y los cauces de participación que están abriendo en la sociedad, sobre todo para los más jóvenes que se encuentran al margen de los sindicatos en estos momentos.
En este sentido está trabajando un centenar de sindicalistas de CCOO, que ya han distribuido un llamamiento de apoyo al 15-M (con el que simpatizan), exigiendo a la dirección del sindicato un cambio en su orientación y la apertura de nuevos cauces de participación en el seno del sindicato, que terminen por confluir con el 15-M en una política capaz de superar las actuales desigualdades sociales.
A la brutal ofensiva neoliberal sólo se le puede oponer la fuerza unida de los trabajadores movilizados. Hay que tener en cuenta que los jóvenes, además de representar el futuro, son ya la punta de lanza capaz de oponerse con firmeza al aumento de las desigualdades. Por eso, los sindicatos no pueden perder la oportunidad de desarrollar su acción sindical junto a esta nueva realidad. No intentarlo sería imperdonable.
