El Ministro de Defensa ha pedido un informe para investigar, «día a día», por qué se ha tardado seis meses en suministrar al Ejército español unos inhibidores de frecuencia que hubieran, presuntamente, podido evitar la muerte de seis soldados españoles en Líbano.

Mas allá de la excesiva simplificación que alguien, que no necesariamente debe ser el Ministro de Defensa, puede haber hecho al relacionar tan directamente la causa, falta de inhibidores de frecuencia, con el efecto, es decir la muerte de seis personas en un escenario de guerra larvada, llama la atención el que un Ministro del Gobierno de España se asombre de que la Administración pueda tardar seis meses en completar una tramitación, sea cual sea esta y se trate de la materia de que se trate, por muy sensible que sea.

Porque, en primer lugar, la Administración no tiene ninguna sensibilidad y los procedimientos, aunque sean de urgencia, se deben cumplir no solamente a rajatabla sino con un ritmo propio e indiferente al marcado por los consabidos movimientos de la Tierra, alrededor de su propio eje y alrededor del Sol.

Para empezar, el «día a día» que ha solicitado el ministro, puede que no sea una medida de tiempo adecuada para realizar la investigación, y sea mejor explicarla «semana a semana» o «mes a mes» que son unidades de tiempo que el funcionariado maneja mejor.

Y, ¿en que se emplea ese tiempo?. Primero, en digerir cada orden, entendiendo por tal el comienzo de cada actividad. La capacidad de reacción de cada estamento, es decir, lo que en términos físicos sería la aceleración, es muy reducida y lleva un tiempo abrir el expediente.

Después, una vez puesto en acción, la velocidad de crucero tampoco es vertiginosa. Colabora a ello una especie de actitud inconstitucional consistente en considerar presuntamente culpable al expediente, motivo por el cual han de buscarse los elementos de incumplimiento que, casi seguramente, contendrá el legajo respecto de la inacabable relación normativa que ha de comprobarse al efecto.

Porque, y esta es otra parte del juego, el funcionario opera bajo el principio esencial de salvar su propia responsabilidad, y resulta que la salva mejor, o por lo menos durante mas tiempo, mientras mas tarde en dejar pasar el expediente. En el límite, si no soltara el asunto de su mesa, nadie le podría decir nunca que se ha equivocado.

Por otra parte, también es sabido que ni el régimen laboral, ni el sistema de retribuciones, ni los mecanismos de gratificación, ni las posibilidades de penalización en caso de incumplimiento, colaboran a incentivar, más allá de la propia deontología profesional, el rendimiento del funcionario.

Y cuando, después de un tiempo que puede llegar hasta dos meses para que el silencio pueda ser calificado de «administrativo», termina su trabajo el funcionario, lo culmina con una firma y un sello y pasa el expediente a otro colega para que lo procese de manera parecida.

El número de veces que se puede repetir la jugada es no solo elevado sino creciente: cada día, los nuevos requerimientos que conlleva la extensión del conocimiento humano y, sobre todo, la seguridad del administrado, obligan a comprobar más aspectos en cada acto administrativo, y cada uno de ellos lo comprueba un funcionario distinto y sucesivamente al anterior.

Tengo la impresión de que sólo la capacidad finita del espacio físico que ocupa la Administración obliga a que, por la producción de nuevo papel, se dé salida a los anteriores. Y que nadie piense que el empleo de la ofimática ha reducido el número de papeles: los ordenadores hacen pareja de hecho con las impresoras láser y estas producen papel impreso con una mayor eficacia que las antiguas máquinas de escribir de teclado. Y, además, producen burocracia propia para adquirir el toner de repuesto.

Lo lamentable es que seis personas, muertas en el cementerio de Líbano, vayan a servir, además de arma arrojadiza a la oposición para atacar al gobierno, de ocasión a este para «investigar día a día» la eficacia del procedimiento administrativo. Sin mencionar el hecho de que el Ministro sorprendido provenga, precisamente, de la Administración de Justicia.