Los últimos datos fiables disponibles, proporcionados por el Centro Hispánico Pew (Pew es la gran entidad de encuestas sociológicas en Estados Unidos), indican que existen 11,2 millones de inmigrantes llamados ilegales (no legalizados) viviendo en Estados Unidos. De ellos, se calcula que alrededor de ocho millones tiene un trabajo, lo que significa un 5% de la fuerza laboral norteamericana.

El pico se alcanzó en 2007, cuando se llegó a los 12 millones de ‘ilegales’. Aunque parece que se ha registrado un ligero descenso en los últimos dos años, el flujo de personas que han entrado de forma no autorizada en el país, procedentes de México y Centroamérica mantiene una gran estabilidad. De ahí que esta levísima tendencia descendiente no pueda compensar situaciones de enorme dramatismo, como la hecha pública estos días. Un camión con 500 personas (la mayoría centroamericanas), transportadas como animales, fue interceptado en la frontera entre México y Estados Unidos.

Obama viajó a la localidad fronteriza de El Paso la semana pasada para confirmar que la resolución del asunto migratorio formaría parte de su arsenal electoral estratégico. Es otra de las asignaturas pendientes del presidente. El voto hispano contribuyó sobremanera a su éxito electoral, después de que, en las dos elecciones anteriores, el ‘filohispano’ Bush le arrebató a sus rivales demócratas buena parte de esa cantera electoral.

Con Obama se restauró la hegemonía demócrata en este colectivo, por lo demás crecientemente desigual, como es lógico, a medida que se va ensanchado la inclusión social de los hispanos, por supuesto con muchas limitaciones y matices. Distintos estudios electorales sugieren que un candidato republicano necesita al menos el 44% del voto republicano para imponerse en unas presidenciales. La última encuesta, realizada por ImpreMedia Latino y publicada en LOS ANGELES TIMES, indicaba que sólo un 20% de los votantes latinos registrados se inclinaba por votar al partido republicano en 2012.

Sin embargo, sería peligroso que los correligionarios del presidente se confiaran sobre la seguridad de este voto el año que viene. Y ello a pesar de la actuación notablemente anti inmigratoria protagonizada por ciertos sectores radicalizados del Partido Republicano. Los estados especialmente hostiles con la inmigración ilegal, en efecto, se encuentran bajo hegemonía republicana. Arizona fue pionero y luego siguieron Georgia, Oklahoma y Carolina del Sur. Lo que no impide la hipocresía de algunos que como electores respaldan candidaturas que defienden propuestas restrictivas y persecutorias, pero como empresarios acuden a esta mano de obra barata, cautiva y desarmada. Pero ya se sabe que, en Estados Unidos, los perfiles individuales de los candidatos priman sobre los ideológicos o los partidistas. Los discursos presentan terrenos pantanosos donde las minorías quedan atrapadas, confundidas o seducidas, con efectos a veces paradójicos en el electorado.

Obama decidió en su momento ofrecer resistencia a algunas de las medidas más hostiles. Como por ejemplo, las redadas en los sitios de trabajo. Pero aún así, algunas cifras sobre la persecución de la ilegalidad invitan a la reflexión. El otro día, en El Paso, Obama aseguró que la presión migratoria ha disminuido, y prueba de ello es el descenso del 40% en el número de detenciones registradas en la frontera. De esta forma, defendía su política de vigilancia y criticaba la pretensión republicana de endurecer las medidas disuasorias. «Lo que quieren es que pongamos cocodrilos en el foso», comentó con ironía el Presidente.

Sin embargo, como le recordaba el conservador WALL STREET JOURNAL, las cifras no cuadran completamente con una visión estrictamente positiva del control migratorio. En los dos últimos años, bajo la actual administración, las autoridades federales (o sea, del gobierno de Washington) han deportado a 400.000 ‘ilegales’, el número más elevado en la historia, desde que se dispone de este tipo de datos. Las deportaciones tenían como objetivo desincentivar la llegada de nuevos inmigrantes no autorizados o incluso animar al regreso de muchos de ellos. Como vemos por los datos más recientes, ni una cosa ni la otra.

Uno de los asuntos que más irritan a los republicanos es la concesión automática de la ciudadanía a los nacidos de padres inmigrantes ilegales. El citado informe de Pew estima que en 2009 nacieron 350.000 en el seno de familias en las que al menos uno de sus miembros carecía de permiso legal de residencia en el país. Los sectores más beligerantes están promoviendo iniciativas para que se modifique la decimocuarta enmienda de la Constitución, que ampara la concesión automática de ciudadanía a los hijos de ‘ilegales’. El argumento de que estas parejas tienen descendencia inmediata para consolidar su situación legal es escurridizo, porque se calcula que los dos tercios de los nacimientos se dan en familias cuyos miembros llevan viviendo más de cinco años en Estados Unidos.

Obama afronta un dilema político con la cuestión migratoria. Si no actúa de forma contundente contra las tendencias más irritantemente xenófobas de los republicanos, puede desencadenar la hostilidad de un importante sector la minoría hispana. Pero si se presenta como defender de estos grupos, se arriesga a fortalecer el discurso del tea party en contra del ‘peligro de los ilegales’.

La lectura múltiple de las cifras, el carácter enormemente conflictivo del dossier, la emotividad con que la crisis empuja a abordar este asunto y el habitual juego presidencial de equilibrios contribuyeron a que Obama sonara ambiguo en esta su primera comparecencia preelectoral relacionada con el asunto migratorio. Se lo reprochaba suavemente el NEW YORK TIMES en un reciente editorial. Después de reconocerle algunos méritos y avances y la buena orientación de su discurso, le reclamó «hacer más»: es decir, iniciativas legislativas, tanto federales como estatales, medidas concretas, compromisos contrastables. Y, sobre todo, «coherencia y orden» en su política migratoria que, a veces, presenta contradicciones indeseables.