La naturaleza y la dimensión de los escándalos de corrupción que saltan a la opinión pública son muy preocupantes, pero ha de preocuparnos aún más la aparente falta de reproche moral con que se asumen. Malversar los recursos detraídos de las nóminas de los trabajadores madrileños para mejorar su formación y su empleabilidad resulta terrible, pero la naturalidad y la falta de arrepentimiento con que se muestran sus responsables es aún más dramática.

Frustra saber que unos cuantos desaprensivos causaron un agujero descomunal en cierta caja catalana que hemos tenido que rescatar con fondos públicos, pero irrita aún más conocer que esos mismos desaprensivos han acudido a los tribunales para reclamar una indemnización millonaria por despido improcedente. Bárcenas se presenta como víctima del sistema, tras poner a buen recaudo en Suiza los millones robados en sucias operaciones de corrupción, y Millet busca causar lástima en su silla de ruedas tras expoliar sin recato los recursos públicos del Palau.

No puede sorprendernos, desde luego, que una buena parte de la ciudadanía refleje en los estudios sociológicos una preocupación prioritaria por la acumulación de corruptelas que afectan a la vida pública. La creciente convicción sobre el déficit de compromiso de muchos representantes de la ciudadanía y muchos responsables institucionales con los más elementales principios de honestidad personal y respeto por el bien común, está debilitando gravemente las bases mismas de nuestra convivencia.

A la par, estamos comprobando cómo en algunos países de nuestro entorno se producen dimisiones fulminantes, entre grandes reproches de la opinión pública, por la comisión de fallos que distan mucho en gravedad y alcance de los que aquí apenas producen efectos sobre sus responsables. En Alemania, por ejemplo, varios ministros tuvieron que abandonar sus puestos avergonzados por haberse desvelado que plagiaron parte de sus tesis doctorales. Y el mismísimo Presidente de la República tuvo que cesar por descubrirse que un empresario amigo suyo le pagó un billete de unos cientos de euros para desplazarse a cierto festival. Los tribunales le exoneraron, pero dimitido fue y dimitido quedó.

Las leyes tienen que prevenir las conductas reprochables, y tanto los aparatos de seguridad como los tribunales de Justicia deben ser eficaces en la persecución de los culpables. Pero hay algo tan o más importante por lograr. Sobre todo aquel que traicione la confianza que sus semejantes han depositado en él, debe caer el oprobio y el fustigamiento moral más contundente, para que el desprestigio público y la vergüenza se sumen al castigo que corresponda en el ordenamiento jurídico.

¿Cómo podemos esperar que los ciudadanos respeten el bien público y cumplan con sus obligaciones fiscales si no se promociona la moral pública del cumplimiento con el deber y el respeto al espacio común que compartimos? ¿Cómo podemos reclamar a la ciudadanía que no ensalce al defraudador y vitupere al tramposo si no fomentamos el castigo moral ejemplificador sobre quien defrauda y hace trampas desde los puestos de referencia en las instituciones públicas?

Podemos leer todos los discursos que se nos ocurran sobre lo pernicioso de la corrupción y los corruptos. Podemos redactar todas las leyes penalizadoras que queramos. Podemos construir todas las cárceles que nos quepan. Pero si no promovemos desde la infancia hasta la madurez los valores morales de la honestidad, la solidaridad y el respeto hacia el bien común, y no castigamos con el mayor reproche ético al comportamiento egoísta y corrupto, seguiremos afianzando los cimientos de una sociedad gravemente enferma.