Por lo tanto, no resulta extraño que el barómetro del CIS determine que para el 80,8% de los españoles el paro es su principal preocupación, seguido de los problemas relacionados con la crisis económica. La situación se agrava todavía más si tenemos en cuenta que el 24,6% (uno de cada cuatro trabajadores) ve probable o muy probable que pierda su puesto de trabajo durante el próximo año.
Los últimos datos de paro registrado confirman estas apreciaciones: en el mes de noviembre se registraron como parados 74.296 personas más que en el mes de octubre (el 1,5% de aumento), lo que eleva la cifra total de parados registrados a 4.907.817 personas. En términos anuales significa un incremento de 487.355, lo que representa nada menos que un aumento del 11%. Los intentos del Gobierno para justificar estos malos datos, achacándolos a la extinción de los convenios especiales obligatorios de la seguridad social para cuidadores no profesionales de personas dependientes, han sido fallidos; en cambio, han agravado la situación al resultar difícil explicar que se deje a 37.983 personas sin cotizar a la seguridad social -en medio de una profunda crisis económica-, al estar afectadas por la retirada de la financiación de la Ley de Dependencia. En todo caso, se trata de personas que ya estaban buscando empleo; sin embargo, no eran clasificadas como desempleadas por estar inmersas en el convenio especial con la seguridad social, eliminado por la decisión unilateral del Gobierno.
Si nos referimos en concreto a los efectos de la reforma laboral comprobamos que entre febrero (comienzo de la reforma) y noviembre de 2012 se ha producido un incremento de 308.000 desempleados; en cambio, entre los mismos meses de 2011, el aumento del desempleo se situó en 189.000 parados, lo que demuestra que la reiterada herencia Zapatero-divulgada por el PP- no sirve como excusa para explicar el aumento del paro registrado: los datos relacionados con el desempleo de Rajoy en el presente año son mucho peores que los de Zapatero en 2011, a pesar de las repetidas promesas electorales del PP relacionadas con el empleo. Por su parte, el número medio de afiliados al sistema de la Seguridad Social también está disminuyendo, alcanzando en el pasado mes de noviembre la cifra de 16.531.048 personas (205.678 menos que en el mes de octubre), lo que representa la pérdida de 755.521 afiliados (-4,16%) en el último año.
Estos impresionantes datos de desempleo (que se verán agravados por la próxima Encuesta de Población Activa- EPA- del IV trimestre) confirman la supeditación de la política económica a la reducción del déficit y al pago de la deuda. Resulta innegable que la política de austeridad, la reforma laboral, el desplome de los salarios, los recortes de los servicios públicos y de las prestaciones sociales están incidiendo muy negativamente en la demanda y, por lo tanto, en la actividad económica y en el empleo (España terminará este año en recesión y el próximo año también) y, lo que es peor, configuran un modelo de sociedad basada en la beneficencia y en la precariedad.
Ante esta realidad, que contempla auténticos dramas sociales, debemos recordar que el desempleo debe ser nuestra máxima prioridad, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico: sin empleo no hay crecimiento económico, no hay suficientes ingresos fiscales y a la seguridad social y, por lo tanto, no hay buenos servicios públicos, ni prestaciones por desempleo, ni Ley de Dependencia Y lo que es peor, sin empleo no seremos capaces de reducir el déficit público y pagar la deuda contraída por nuestro país (mucho menos en recesión), como venimos reiterando con insistencia y se está comprobando en estos momentos en los países de nuestro entorno.
Aplazar el pago de la deuda e impulsar el crecimiento de la actividad económica deben ser premisas elementales para salir de la crisis, manteniendo las coordenadas mínimas del Estado de Bienestar Social. A ello debemos añadir un instrumento básico y elemental como es la reforma de la política fiscal, única manera de superar el desarme fiscal practicado por los gobiernos en los últimos años. No sólo debemos recuperar impuestos (herencia y patrimonio), también debemos establecer nuevos impuestos (ecológicos y transacciones financieras) y reformar otros: por ejemplo, el impuesto de sociedades. Además, debemos tomarnos en serio la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y la evasión de capitales. El impresentable ejemplo de la amnistía fiscal (que ni siquiera ha cubierto las previsiones del ministro Montoro) y el escándalo de Díaz Ferrán (Hacienda le devolvió dinero el pasado ejercicio) han demostrado en la práctica que la denuncia de GESTHA (Sindicato de Inspectores de Hacienda) sobre el alto volumen de fraude se corresponde con la realidad; sin embargo, no se conoce ninguna medida para combatir el fraude y menos para luchar contra la economía sumergida. Incluso, la Comisión Europea reconoce este problema en un reciente informe: en España la economía sumergida alcanza el 22,5% del PIB (la media de la UE es del 13%) y el fraude fiscal evita que se recauden 72.709 millones de euros. Por eso resulta imprescindible erradicarlo para repartir de manera más justa el costo de la crisis y evitar que los culpables de la actual situación salgan impunemente de la crisis mientras que las víctimas se hunden en el desempleo, en la precariedad y en la pobreza. En este sentido resulta urgente, entre otras medidas, dimensionar el cuerpo de Inspectores de Hacienda, porque no se puede tolerar que España (a la cabeza del fraude) tenga menos inspectores por habitante (1 por 2.000 habitantes) que Alemania que tiene un menor fraude fiscal (1 por 900 habitantes).
Precisamente, en relación a los ingresos fiscales, la Fundación 1º de Mayo ha publicado un estudio (Manuel Lago) donde se contempla que la recaudación de Hacienda recae fundamentalmente en los trabajadores y empleados públicos; en todo caso, sobre los que dependen de una nómina.
Efectivamente, la ejemplaridad de los empresarios, que algunos vienen enfatizando, se ha venido por los suelos. El impuesto de sociedades es uno de los grandes culpables de la caída de los ingresos tributarios en el periodo de crisis (2006-2011), al beneficiarse de múltiples privilegios fiscales y de la llamada ingeniería fiscal impulsada, entre otros, por los grandes bufetes de asesoramiento fiscal (el 72% del fraude lo cometen las grandes empresas y las grandes fortunas). Como consecuencia, el impuesto de sociedades se ha convertido en algo irrelevante representando sólo el 8%, en el año 2010, del total de la recaudación fiscal.
Debemos recordar que, en España, el tipo impositivo del impuesto de sociedades se establece en el 30% para las grandes empresas que facturan más de 10 millones de euros y en el 25% para el resto. Sin embargo, el tipo efectivo en 2010 se ha reducido al 11,6%; en concreto y desglosado, el tipo efectivo declarado sobre el beneficio de los grandes grupos consolidados fue el 5% (últimos datos disponibles) -un porcentaje ridículo si lo comparamos con el 30% teórico-, lo que supone dividir por seis veces la carga fiscal de estas grandes empresas. En cambio, las empresas individuales tuvieron un tipo efectivo del 15,3%; esto es, pagan tres veces más que los grandes grupos empresariales.
En cifras absolutas, los grandes grupos declararon en 2010 un beneficio de casi 90.000 millones de euros, pero sólo pagaron 4.500 millones por el impuesto de sociedades. En cambio, las empresas individuales declararon 67.0000 y tributaron 10.529 millones de euros. Por lo tanto, las empresas individuales ganan en conjunto un 25% menos que los grandes grupos pero pagan un 225% más por este impuesto.
Ante esta realidad -escandalosa y manifiestamente injusta- no resulta extraño que la propia Comisión Europea recomiende (la recomendación tendrá una incidencia escasa, aunque reconoce la gravedad del problema) a los países de la UE un Plan de Acción para permitir luchar más eficazmente contra el corrosivo fraude fiscal que hace perder a cada ciudadano de la UE-27, 2.000 euros al año (¡¡un billón de euros!!). La primera recomendación tiene relación con la adopción de una posición de fuerza en contra de los paraísos fiscales, la segunda aborda la necesidad de evitar que las empresas incumplan sistemáticamente sus obligaciones fiscales relativas al impuesto de sociedades y la tercera plantea establecer impuestos especiales destinados a que paguen más los que más tienen (grandes fortunas).
El secundar estas recomendaciones forma parte, entre otras medidas, de la campaña que preparan los sindicatos dedicada a demostrar que hay alternativas a las políticas neoliberales que se están aplicando en la UE: luchar prioritariamente contra el paro (políticas activas, formación profesional, reparto del trabajo, nuevos yacimientos de empleo, medidas de estímulo e inversión, acceso al crédito ), reformar la política fiscal y combatir el fraude, dilatar en el tiempo la corrección del déficit y el pago de la deuda, mantener los servicios básicos (sanidad, educación y servicios sociales) en el sector público, eliminar la prima de riesgo (mutualizando la deuda a nivel europeo) Por eso la oposición, los sindicatos y las fuerzas progresistas van a seguir defendiendo sus propuestas; sobre todo cuando han fracasado las políticas de austeridad que, además, están generando un aumento de la movilización ciudadana en contra de la regresión social y del aumento de las desigualdades y de los altos índices de pobreza. Las políticas del Gobierno, incluso, están poniendo en entredicho el ejercicio de la política (el PP ha enfrentado el Parlamento a la calle), el papel de los sindicatos y el funcionamiento de nuestra propia democracia en defensa de los ciudadanos.
El Gobierno es consciente de todo esto -también conoce su pérdida de credibilidad y el desplome del PP en las encuestas-; por eso debería obrar en consecuencia, no dejando a la oposición política, a los sindicatos y a la mayoría de los ciudadanos al margen de la lucha contra el desempleo y el fraude fiscal, cuando lo que procede es un acuerdo de Estado (que anteponga los intereses generales a los particulares), que sea capaz de mejorar la correlación de fuerzas (y la capacidad de presión) de nuestro país en la búsqueda de soluciones en la UE. En todo caso, no se puede gobernar de espaldas a la mayoría social y menos en contra de los más débiles, como está ocurriendo actualmente.
