Hoy estamos otra vez en la situación de los años noventa cuando el Partido Popular empleó al Poder Judicial para derribar al Presidente González. En pocos meses hemos visto cómo algunos dirigentes del Partido Socialista de Euskadi pasaban por los Juzgados de lo Penal por haberse reunido con personas vinculadas a la disuelta Batasuna y se trataba de acusar al Presidente del Gobierno por autorizar, en su calidad de Secretario General del PSOE, esa reunión. Y se ha llegado al dislate al convocar ante un Juzgado al Lehandakari Ibarretxe y acusarle de cooperador necesario de un delito de desobediencia por reunirse con dirigentes de la disuelta Batasuna. Dejando a un lado la forma de reaccionar del Gobierno vasco y del PNV, que ha sido una mezcla de victimismo y de iluminismo nacionalista, lo cierto es que denota una instrumentalización del Poder Judicial que llega al límite de lo que es aceptable en democracia.

Esta acusación es jurídicamente torticera porque interpreta de manera fraudulenta la Ley de Partidos Políticos. Y políticamente supone deslegitimar a un Presidente de Gobierno juridificando una acción política, una acción de gobierno, que sólo debe ser juzgada políticamente por el Parlamento y por el cuerpo electoral.

Con lo que acabo de señalar no descubro ningún Mediterráneo porque es de sentido común. Pero señala una vía que debilita la democracia porque se busca castigar penalmente actuaciones políticas que son legítimas aunque resulten discutibles. Y, lo que es peor, se pretende castigar conductas políticas a través de funcionarios que, como todos los funcionarios, carecen de legitimidad democrática porque no están en el ámbito de la representación política. El Partido Popular, con sus aliados (prensa, pseudos-sindicatos, asociaciones de víctimas muy politizadas) descubrió hace tiempo un frente, el judicial, cuyos miembros son mayoritariamente conservadores y los incita a hacer política de oposición. Es una vía peligrosa que rompe el principio de separación de poderes y que sustituye la legitimidad democrática de los gobernantes por la política destructiva de los principios constitucionales, esos principios que desde hace algunos años dice defender.