Se me ocurren al menos dos reflexiones de urgencia. Primero, la satisfacción por la unidad institucional, política y social mostrada en la apuesta de Madrid. En el contexto presente de desencuentro y crispación constante, reconforta comprobar como políticos de uno u otro signo, empresarios, deportistas de todos los colores y gentes de lo más diverso, son capaces de unir esfuerzos por un objetivo común.

Los Juegos Olímpicos no suponen sólo la celebración de unos días de pruebas deportivas. El Olimpismo constituye también un compendio de valores positivos, como la solidaridad, el trabajo en equipo, el sacrificio, el honor… Y Madrid, aún habiendo perdido, ha demostrado representar estos valores cada día. No hemos ganado esta vez, y habrá tiempo para el análisis de los “por qués”. Mientras tanto, podemos disfrutar de la satisfacción de un trabajo colectivo bien hecho.

La segunda reflexión es menos positiva. La designación de una ciudad para organizar los Juegos tiene una importancia capital, con repercusiones económicas muy relevantes, por ejemplo. Pero, ¿quiénes toman esta decisión? ¿Quiénes son estos 106 miembros del CIO? ¿Quién los elige? Al parecer, 60 son nombrados directamente por el Presidente; 45 son supuestos profesionales expertos en instalaciones, seguridad…; 30 son Presidentes de Comités Olímpicos nacional; y 15 son deportistas elegidos democráticamente (los únicos). ¿Por qué son estos 106 y no otros?

¿En función de qué criterios eligen? ¿Cuáles son las claves de su decisión? Si el pasado día 2 de octubre, la clave predominante hubiera sido la viabilidad global de la candidatura, habría ganado Madrid, sin duda. En cambio, si la clave hubiera sido la influencia política, Chicago habría sido designada. Y si la solvencia tecnológica hubiera resultado decisiva, Tokio se hubiera llevado el gato al agua. ¿Por qué Río? No tiene las instalaciones más avanzadas, ni garantiza debidamente alojamientos, ni su seguridad es la más rigurosa. ¿Se trata de las rotaciones continentales que todos niegan? Es evidente que falta transparencia.

¿Y no sería más razonable que alguna institución democrática y realmente representativa se encargara de adoptar estas decisiones tan relevantes?