Las últimas informaciones sobre cuentas opacas localizadas en bancos suizos resultan muy alarmantes. Se trata de al menos 3.000 tramposos que han ocultado a la hacienda pública más de 6.000 millones de euros. La tributación legal de estos recursos podría alcanzar los 2.600 millones de euros, que es precisamente la cantidad que vamos a ahorrar gracias al sacrificio impagable de muchos pensionistas a lo largo del año 2011. Con ese dinero en la caja común posiblemente no hubiera sido necesario rebajar las nóminas de los funcionarios o reprogramar miles de inversiones necesarias en todo el país.

Pero no se trata solo de las cuentas opacas con dinero escamoteado al fisco en paraísos fiscales. En el agujero negro del fraude fiscal hay que incluir también las corruptelas generalizadas en el sector inmobiliario, las facturas “sin IVA” en muchos ámbitos profesionales, el abuso de las “sicav” y otras ingenierías financieras, la circulación paralela de miles de millones en billetes de 500 euros…

Mientras la gran mayoría de los trabajadores honestos cumplen sus obligaciones fiscales a rajatabla, aún sufriendo muchas dificultades, resulta intolerable que unos cuantos sinvergüenzas sin problemas de escasez se dediquen a acumular millones a base de robarnos a todos los demás. Las instituciones públicas tienen siempre la obligación de prevenir y perseguir estas conductas incívicas. Pero el cumplimiento eficaz de esa obligación se hace especialmente necesario en momentos de ajuste y sacrificio general como el presente.

El Plan de Prevención del Fraude Fiscal puesto en marcha por Hacienda en el año 2005 ha logrado recaudar en este tiempo más de 35.500 millones de euros extras. Solamente el pasado año 2009 se inspeccionó a cerca de 26.000 contribuyentes, se recuperaron 8.120 millones de euros y se remitieron a la fiscalía con imputaciones de delito fiscal a 738 defraudadores. El pasado mes de febrero aquel plan de 2005 se renovó y se mejoró en estrategia y en recursos, pero a la luz de las últimas noticias comentadas este esfuerzo notable parece no ser suficiente.

La Agencia Tributaria, con la complicidad de todas las administraciones públicas, los bancos y las empresas serias de este país, debe emplearse a fondo para identificar a tanto fullero, para recuperar el dinero de todos y para enviar ante el juez a los delincuentes que lo merezcan. Porque necesitamos esos fondos y, sobre todo, porque es de justicia.

Dos medidas complementarias absolutamente necesarias. Primero la concertación internacional, en la Unión Europea, en el G-20 y en la ONU, para aplicar sanciones severas a aquellos países con sistemas financieros que obtienen ganancias pingües dando cobertura a todos los delincuentes fiscales del mundo. Si Irán o Corea del Norte merecen castigos ejemplares por su amenaza para la seguridad general, no menos amenazantes para la seguridad, para la justicia y para el progreso resultan los llamados paraísos fiscales en Suiza, en Gibraltar, en Mónaco o en las islas del Caribe.

Y segundo, claro está, la reforma fiscal pendiente, para que aquello que repetimos siempre de que “los que más tienen contribuyan con lo que les toca”, pase de ser una frase a ser una realidad.