En primer lugar se observa que la fijación de tal provisión en un 30% de la citada inversión se plantea de modo generalizado para todas las entidades, sin entrar en consideraciones sobre el valor real de los inmuebles. Es decir la provisión se aplica sobre la cifra correspondiente del Balance que refleja el valor de dichos inmuebles. Pero a dicha operativa de “café para todos” es necesario formular una importante observación: No es justo tratar a todas la entidades por el mismo rasero, porque la actuación de ellas ha sido muy distinta en relación con sus operaciones con los activos inmobiliarios. Hay entidades que han concedido préstamos hipotecarios hace algunos años excesivamente generosos, con cuyo crédito se cubría el valor del inmueble y gastos de instalación, lo que ascendía a más del cien por cien del valor de tasación. Hay otras entidades, más prudentes, que concedían préstamos por importe inferior a la tasación (70 ú 80% del mismo) y en base a una tasación ajustada a la realidad. Como consecuencia de lo dicho, se da la circunstancia de que, al producirse la insolvencia del deudor, unas entidades han tenido que recuperar los inmuebles a un precio muy superior al actual de mercado y a dicho valor las han contabilizado. Por otro lado, las entidades que han actuado más prudentemente y han concedido préstamos, por importes sensiblemente inferiores a tasaciones ajustadas, ante la insolvencia del deudor han podido recuperar los inmuebles por un importe más próximo al de mercado y en dicho importe los han contabilizado.

Con todo lo dicho se pone en evidencia que no parece justo ni equitativo el obligar a provisionar de igual modo a las entidades que reflejan en su contabilidad el valor de sus inmuebles por importe real o de mercado, o próximo a este, y a las entidades que mantienen sobrevalorado el citado importe.

En segundo lugar hemos de plantearnos la posible solución del problema esbozado anteriormente, para conseguir un distinto tratamiento de situaciones diversas, teniendo en cuenta que cualquier fórmula que se proponga siempre será más compleja y costosa para el organismo regulador que la simple fijación de un porcentaje de provisión más alto que el actual. Y en este punto entendemos que solo caben dos caminos y en ambos hemos de partir del conocimiento por el regulador del valor real o de mercado de los activos inmobiliarios, ya sea por sus propios medios de valoración ya sea mediante la colaboración de otros organismos oficiales como pudieran ser las Comunidades Autónomos o la Hacienda Pública. Y una vez obtenida la valoración real u oficial de los activos inmobiliarios de una entidad se podría establecer el coeficiente de provisión que correspondería en cada caso y por un período determinado, o bien, lo que me parece más adecuado, obligar a las entidades con activos inmobiliarios sobrevalorados a considerar la parte de estos que exceda del valor real como “Créditos de dudosa cobro”, con las consecuencias contables de tal consideración.

En cualquier caso se observa que, además de la dificultad que lleva consigo plantear una regulación de esta provisión en base a cualquiera de las dos formulas propuestas, también añadirían algo de laboriosidad a la función supervisora, pero aún así considero que el tratamiento equitativo de las entidades exige regulación diversa para las mismas en lo que se refiere a la provisión por el activo inmobiliario.