Apenas quince días antes del inicio de la campaña electoral catalana, ha aparecido la obra «Las cuentas y los cuentos de la independencia», escrito por el ex ministro y ex presidente socialista del Parlamento Europeo Josep Borrell, y por el ingeniero Joan Llorach.

Este libro constituye una contundente respuesta a la sarta de mentiras y manipulaciones que los políticos separatistas han venido repitiendo en el último quinquenio para aumentar el apoyo social al proyecto de ruptura de España. Concretamente, los autores se han tomado la molestia de verificar el argumentario económico en favor de la independencia, lo que no parece que nadie haya hecho hasta ahora, al menos por personalidades con capacidad de atraer la atención del público y de los medios de comunicación.

El resultado del análisis es demoledor. La mayor parte del relato independentista es directamente falso. Para empezar, es una mentira que en los Estados federales sus gobiernos centrales calculen sistemáticamente las llamadas balanzas fiscales (es decir, en términos simplificados, la diferencia entre lo que se recauda y lo que recibe un determinado territorio en transferencias, servicios e inversiones).

El propio concepto de saldos de las balanzas fiscales es discutible. Para empezar, quiénes pagan los impuestos son los ciudadanos, no los territorios.

En segundo lugar, dado que una parte muy importante de la imposición es progresiva respecto del nivel de renta, es lógico que si en Cataluña la renta per cápita es más alta que la media española, normalmente (que no siempre) habrá un déficit fiscal entre los impuestos recaudados en esta comunidad autónoma (excluyendo los tributos cedidos) y el volumen agregado de recursos del que se beneficia.

Si, como afirman algunos independentistas, poco ilustrados por lo demás, el déficit fiscal tendría que desaparecer (es decir, obteniéndose un saldo neto de cero en la balanza fiscal), entonces los impuestos no estarían realizando su principal función, es que la de redistribuir la renta. Si un ciudadano de renta alta recibe en prestaciones y servicios públicos lo mismo que paga en impuestos, los tributos pierden sentido; bastaría con que cada persona en función de su ingreso obtuviera los servicios y bienes que pudiera costearse en el libre mercado.

Así, si Cataluña tiene un déficit fiscal, también lo tienen al menos cientos de miles de ciudadanos que tributan por los tipos más altos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A nadie le debe llamar la atención la aparentemente sorprendente semejanza en los planteamientos económicos de nacionalistas y neoliberales (unos y otros, digan lo que digan son de derechas). Pedir la independencia con el argumento del déficit fiscal catalán no es pues más que otra versión de la familiar propuesta de bajar los impuestos a los ricos. Las consignas son casi idénticas, impuestos confiscatorios, expolio fiscal, Hacienda/España nos roba, etc.

En tercer lugar, y ahí es donde profundiza la obra de Borrell y Llorach, el déficit fiscal catalán real, aunque como es natural varía año a año con el ciclo económico, es de media mucho menor del calculado por otrora prestigiosos economistas como Germà Bel o Sala-i-Martín, entre otros, hoy muy desacreditados por la falta de seriedad de sus conclusiones.

Los contables de la independencia han proclamado a los cuatro vientos la cifra mítica de los 16.000 millones de euros que Cataluña dispondría si fuera independiente, lo que es falso.

Este montante no resulta solamente de restar lo recaudado y lo que se destina a Cataluña, cifra que, de acuerdo con los autores, y dependiendo de la metodología de cálculo, en 2011 sería de entre -4.000 y -8.000 millones de euros, sino de sumar a capón la parte correspondiente a Cataluña, en función de su participación en el Producto Interior Bruto, de la deuda pública estatal. Pero como bien explican Borrell y Llorach, el dinero que supuestamente es necesario para amortizar en el futuro de la deuda pública del Estado no se ha pagado en impuestos y por tanto no puede estar disponible para invertir o gastar en una Cataluña independiente. Además, es muy discutible el presupuesto de que toda deuda se tendrá que pagar en el futuro con subidas de impuestos, puesto que la evidencia empírica muestra que la mejor manera de reducir el endeudamiento público es con tasas más elevadas de crecimiento económico.

En todo caso, el lector se sorprenderá de la importante diferencia (de incluso el doble, 8.000 millones de euros frente a 4.000 millones) en el saldo de la balanza fiscal de 2011 (sin la inclusión del componente de deuda pública), dependiendo del método de cálculo. Pues bien, esto se debe a que el llamado método monetario, el preferido por los contables del separatismo, contabiliza solamente el gasto del Estado efectivamente realizado en Cataluña, frente al método del beneficio, que asigna el beneficio de los servicios que presta la Administración General del Estado dividiendo el gasto total por la población, y después multiplicando esta cifra per cápita por la población de cada territorio.

De acuerdo con el primer método, los gastos en defensa (bien público indivisible), navegación aérea, regulación bancaria y del mercado de valores, entre muchos otros, y hasta el mantenimiento de la red de consulados y embajadas en el exterior, no se computa en el cálculo del saldo fiscal.

Es decir, los ciudadanos catalanes no se estarían beneficiando de ninguno de estos servicios simplemente porque las instalaciones físicas de estas agencias y bienes públicos no están en Cataluña. El inefable Sala i Martín insistía recientemente, con poco sentido del ridículo, en la validez de este disparatado método en las páginas de El País[1], con el argumento de que los salarios del personal empleado en estos servicios no se están pagando al oriente del Ebro. Pues ahora resulta que el beneficio que reciben los ciudadanos por los servicios públicos que presta el Estado equivale a la suma territorializada de los salarios de quiénes los prestan. Realmente, uno se queda sin palabras ante tal insulto a la inteligencia.

Para rematar el embuste, la contabilidad independentista no incluye en sus cálculos los servicios que ahora presta el Estado y que tendría que financiar una Catalunya independiente. Cuando se hacen bien las cuentas, el déficit fiscal catalán sería del orden de 3.000 millones de euros, cifra que como bien dicen Borrell y Llorach no puede justificar el proyecto independentista, y eso sin sumar los costes de quedarse fuera de la Unión Europea (asunto que también aborda el libro, y que es incontrovertible digan lo que digan Junqueras, Mas y Romeva). No es por tanto de extrañar que la televisión pública catalana, al servicio del aventurerismo independentista, vetara una entrevista con el ex ministro, catalán y socialista, y co-autor de esta obra. Sin embargo, esta torpe maniobra solo ha servido para dar más publicidad a Las cuentas y los cuentos de la independencia, convirtiéndose en un factor más de la campaña electoral.

En definitiva, este libro cumple muy bien el cometido de demostrar que económicamente no es aconsejable apostar por la independencia de Cataluña, por lo que sus destinatarios son todos aquellos votantes que evalúan este proyecto desde la razón y no desde la emoción que en muchos corazones todavía despiertan las banderas y las enseñas nacionales.

Es por tanto posible que en las elecciones autonómicas catalanas del domingo 27 de septiembre de 2015, el mensaje de Borrell y Llorach, y la apuesta socialista por una España federal en una Europa federal, prevalezcan frente a la utopía regresiva que representa el nacionalismo, si aquellos electores que suelen abstenerse en los comicios regionales pero que participan en las generales, se movilizan para votar por los partidos favorables a mantener la unidad estatal y europea.

[1] «Borrell y Garicano», 21/09/2015: http://elpais.com/elpais/2015/09/20/opinion/1442765637_791961.html