En efecto, contar con un cualificado colectivo de juristas ha posibilitado la sustitución de los miembros integrantes de la carrera judicial y el refuerzo personal de los órganos judiciales en toda la geografía nacional. Durante todo este largo tiempo hemos consentido todos un estado de las cosas en nuestros juzgados y tribunales que justificaba la participación de estos “otros” miembros del poder judicial, que ahora serán “despedidos” sin contemplaciones. Y todo ello se ha debido, en gran parte, a la falta de voluntad política de aumentar el número de jueces por habitante, que en el sistema judicial español es manifiestamente insuficiente comparado con las “ratios” que están vigentes en la mayor parte de los países europeos.

Con esta reforma orgánica, una cifra próxima a 1.200 personas se irán a la calle y dejarán así de ejercer las funciones jurisdiccionales que han venido desarrollando, como digo, con enorme eficiencia en la mayoría de los casos. Y es que los jueces sustitutos y los magistrados suplentes que permanezcan como “nombrados”, pero sin ser llamados efectivamente a trabajar, tendrán que ingresar en las listas del desempleo y solicitar las prestaciones que les correspondan. Lo que supondrá, paradójicamente, que el pretendido ahorro que con su supresión parece que pretende el Ministro de Justicia sea insignificante al lado de esos costes públicos que se añadirán, y a costa además de mermar la eficacia de todo el sistema judicial.

La opinión pública no sabe que estos hombres y mujeres vienen ejerciendo las funciones jurisdiccionales, sujetos todos los años a concursos de méritos para ser nombrados, y a una exigencia notable en su trabajo diario como prueba para la comprobación de su idoneidad a la hora de ejercer las relevantes funciones que se les encomendaban. Sin embrago, el actual Ministerio de Justicia en lugar de idear fórmulas para “reconducir” a este capital humano y profesional al servicios de la Administración de Justicia, de tal forma que fueran aprovechados al máximo los conocimientos y experiencia que han adquirido durante años, toma la decisión más fácil de mandarlos para sus casas. Como sostengo, se trata de un grave error político y económico al prescindir la Administración que ahora dirige este Gobierno del Partido Popular, del ahorro de costes y provocar la pérdida de unas máximas de eficiencia económica en un momento tan crítico como es el de la actual coyuntura.

Y para colmo de los despropósitos, se pretende que dicho trabajo sea asumido por los jueces y magistrados titulares, lo cual resultará manifiestamente imposible, salvo que se busque la “implosión” de una vez por todas de nuestro sistema judicial. Por ello, habría que esperar que en las dependencias de la calle de San Bernardo se unan al reconocimiento de quienes hasta ahora han formado parte de nuestros órganos judiciales; y que sean capaces de encontrar, en primer lugar, las vías para que estos jueces continúen ejerciendo las funciones jurisdiccionales, que lo puedan hacer con plenos derechos laborales y con acceso a formación, al objeto de que puedan prestar con las debidas garantías el servicio público que se les encomienda. Y, en segundo lugar, quizá habría llegado el momento de establecer las alternativas para su integración con plenas garantías, de conformidad así a los principios de méritos y capacidad, en las distintas carreras y cuerpos de la Administración de Justicia: es mejor solución que la de echarlos a la calle.