La Constitución de 1978 no especifica si los jueces tienen derecho a la huelga o no. Sin embargo, el artículo 117.4 limita claramente sus competencias a la función jurisdiccional. Los jueces, en consecuencia, ejercen efectivamente un poder. Pero se trata precisamente del poder no político. El ejecutivo hace política. El legislativo hace política. Y ambos dos contrastan periódicamente su responsabilidad política ante la soberanía nacional a través de las urnas. Los jueces no. Los jueces ejercen un poder no político. Y cuando los jueces deciden orillar sus funciones legales y se dedican a la brega política, están traicionando a la Constitución y a la sociedad a la que se deben y que les paga.

Admitir que los jueces pueden hacer huelga si el Gobierno o el legislador no actúan conforme a sus dictados resulta tan absurdo y contrario a la Constitución como admitir que los ministros o los diputados pueden hacer huelga para condicionar una sentencia del Tribunal Supremo. Es una falacia y lo saben.

También saben estos jueces-políticos que el Gobierno presente es el que más esfuerzos ha hecho desde la Transición Democrática para afrontar el déficit endémico de recursos que padece la Justicia española. Efectivamente faltan jueces y fiscales, pero este Gobierno ha creado 1.148 puestos en cuatro años, que sumarán 250 más durante el ejercicio presente. Es verdad que se requieren más medios, pero es cierto también que este Gobierno ha aumentado el presupuesto judicial en un 50% desde el año 2000, y solamente en el año 2008 se han contratado 4.500 funcionarios (5.000 en 2009), dedicándose cerca de 130 millones de euros a infraestructuras y tecnología.

Saben y no cuentan, igualmente, que este año su sueldo mensual se incrementará en un 5%, más del doble que el resto de los funcionarios. Pero las ansias políticas no les llevan a reclamar la congelación de sus salarios, como sí han hecho los políticos que ejercen ministerios y ocupan escaños en las Cortes Generales.

Buena parte de la carrera judicial vigente está compuesta por personas con ideología de derechas, por extracción social y por militancia. Y el pulso político que plantean estos jueces tiene marchamo conservador. Se trata, primero, de dar una respuesta política contundente a todos aquellos que se atrevieron a criticar la decisión de multar al juez Tirado con solo 1.500 euros (la mitad de la multa impuesta a Kanouté por mostrar la palabra “Palestina” en su camiseta), como una muestra más del corporativismo rancio que pretenden consolidar.

Se trata, sobre todo, de advertir que, más allá de lo que diga la Constitución sobre la separación de poderes, nadie puede legislar o reglamentar en torno al funcionamiento de la Justicia sin su aquiescencia. Por ejemplo, en la atribución de competencias para el señalamiento de juicios. Y, se trata, también, de dinero. Ya cobran muy por encima de la media en la función pública, pero quieren más, y parecen estar aprendiendo del amarillismo táctico del SEPLA.

Y ya está bien. Habría que hacer tres cosas, al menos. Primero instarles a ejercer escrupulosamente sus funciones constitucionales, o a dimitir para presentarse a unas elecciones si la tentación de la fusta política les resulta insoportable. Después, seguir desarrollando esfuerzos legislativos, reglamentarios y presupuestarios para mejorar el funcionamiento de los juzgados y tribunales. Y, en tercer lugar, ir pensando en cómo cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, a fin de lograr que, en un futuro lo más cercano posible, este colectivo deje de estar mayoritariamente integrado por la endogamia derechista, y vaya asumiendo los valores constitucionales, centrados y tolerantes del conjunto de la sociedad española.