Por esta razón resulta muy preocupante la impresión generalizada en la opinión pública española en torno a la acción concertada de varios jueces con un propósito de naturaleza política evidente.

Cada vez hay más ciudadanos convencidos de que los jueces responsables de la anulación de pruebas en el “caso Gürtel”, como los jueces que se empecinan en expulsar a Garzón de la Audiencia Nacional, como aquellos otros que lograron anular en su día el “caso Naseiro” y el “caso Tamayo”, hacen un uso torticero de sus prerrogativas jurisdiccionales en clave política. Para favorecer a unos y para perseguir a otros, en función de sus afinidades ideológicas.

¿Quién puede considerar honestamente irrelevante para un sumario judicial sobre corrupción económica la conversación entre dos sujetos que hablan sobre el dinero negro que tienen depositado en un paraíso fiscal? ¿O puede entender alguien, honestamente también, que el mayor fraude electoral producido en la democracia española, el llamado “tamayazo”, mereciera por toda respuesta judicial un archivo a velocidad de record “guines”? Pues ambas decisiones se adoptaron en la misma instancia: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En descargo de algunos jueces madrileños debe decirse que sus referentes ideológicos saben tratarles bien. Baste como ejemplo la actitud generosa que ha tenido el Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia el juez que se hizo famoso por hacer coincidir la denuncia pública del “caso Ciempozuelos”, que afectaba a un munícipe socialista, con la hora y el día exacto en el que el portavoz parlamentario del PSOE, a la sazón quien escribe, subía a un avión para denunciar en Bruselas la especulación urbanística en la región. El juez en cuestión acabó dirigiendo la academia de policías municipales de Madrid. Como es natural.

En democracia, los jueces deben ejercer sus poderes jurisdiccionales de manera absolutamente autónoma, conforme a la Constitución y las leyes. Y en democracia, todos los ciudadanos hemos de disfrutar del derecho al libre ejercicio de la actividad política, también conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, lo que resulta intolerable es que algunos jueces utilicen aquella facultad constitucional para obtener rendimientos políticos. Estos comportamientos merecen la denuncia y la repulsa general, porque producen un daño difícil de revertir a la propia convivencia democrática.

Cabe hacerse otras preguntas muy relacionadas. ¿Considera el PP que el juego sucio es la única vía factible que le queda para volver al poder en España? ¿Pretende someter a la sociedad española a la misma estrategia de crispación que facilitó su llegada al Gobierno en el año 1996? ¿Tan poca confianza deposita en las virtudes de su programa y en la capacidad de convicción de su líder?