La mercantilización de la vida está llegando a unos niveles de intensidad que se borra de la toma de decisiones cualquier atisbo de humanidad, dignidad o bondad con tal de ganar un poco más, salirse con la suya o creer que se ganan unos cuantos votos para continuar en el poder. La expresión “a cualquier precio”, incluso al precio de la mentira o de arrasar con los derechos humanos, está más presente que nunca en muchos de los despachos del poder.

Esta situación, obviamente es mala para los ciudadanos que la sufren, pero también para la propia humanidad, porque se quiere reducir la vida al coste y al beneficio, y se abandona la equidad, la libertad y la justicia social en el más oscuro y alejado rincón del desván de nuestra civilización. De seguir así, más temprano que tarde estaremos ante el fin la humanidad, porque  si da igual quitar determinados derechos para ganar, da igual la contaminación, el cambio climático, el hambre, la pobreza, la explotación, la violencia, o las guerras si hay algún “beneficio”.

Un ejemplo de ese relativismo moral lo estamos viviendo estos días con la reforma del PP para imponer que sean los padres quienes decidan si sus hijas menores son madres o no, en contra de cualquier criterio personal, médico o científico. La pregunta que me hago es si importa algo la verdad, o es incómoda cuando no coincide con nuestros deseos.

¿Importa a la hora de decidir que la Organización Mundial de la Salud, en “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud. Segunda edición”, diga textualmente: Una mujer que busca un aborto es un adulto autónomo. Por autonomía se entiende que una persona adulta, mentalmente competente, no requiere la autorización de un tercero, como el marido, la pareja, el padre o el tutor, para acceder a un servicio de salud…Es posible que las adolescentes cambien de opinión respecto de concurrir a los servicios de salud que necesitan si creen que les exigirán que obtengan permiso de sus padres o tutores, lo que aumenta las probabilidades de que vayan a proveedores de aborto clandestinos. Por lo tanto, los proveedores de salud deben estar capacitados en como informar, asesorar y tratar a las adolescentes según sus capacidades evolutivas para entender los tratamientos y opciones de cuidado que se le están ofreciendo, y no según un corte de edad arbitrario. Los profesionales de la salud deben respaldar a las menores para identificar lo que es más conveniente para ellas; esto incluye la consulta a los padres u otros adultos de confianza sobre su embarazo, sin prejuicio, discriminación o coerción.”?

¿Importa a la hora de decidir que la OMS, diga textualmente: Según el contexto, las mujeres solteras, las adolescentes, aquellas que viven en la pobreza extrema, las mujeres de minorías étnicas, las refugiadas y otras personas que han tenido que dejar su hogar por razones de fuerza mayor, las mujeres con discapacidades y aquellas que son víctimas de violencia domestica pueden ser vulnerables al acceso desigual a los servicios de aborto sin riesgos. Los proveedores de servicios de aborto deben asegurarse de que se trate a todas las mujeres sin discriminación y con respeto. El estigma y la discriminación que se asocian con discapacidades físicas o mentales o con el estado de salud, por ejemplo, vivir con VIH, son muy comunes y pueden usarse para presionar a las mujeres a que se realicen un aborto. La coerción viola los derechos de las mujeres al consentimiento informado y la dignidad y no se debe tolerar. Por lo tanto, los proveedores de salud tienen una obligación fundada en los derechos humanos de garantizar que las mujeres no estén sujetas a coerción y de que reciban los servicios psicológicos, sociales y médicos necesarios para sustentar su elección.”?

¿Importa a la hora de decidir que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establezca como algo excepcional la no información a los padres y en supuestos muy concretos para  las mujeres de 16 y 17 años? Porque frente a la propaganda interesada, el artículo 13.4de la ley dice: “1).En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. 2). Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer.3).Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.”

¿Importa a la hora de decidir que el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo acotara aún más el consentimiento informado de las mujeres de 16 o 17 años y la información a los representantes legales? Porque en su artículo 8 dice: “1). La mujer de 16 o 17 años prestará su consentimiento acompañado de un documento que acredite el cumplimiento del requisito de información previsto en el apartado Cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo. El documento será entregado personalmente por la mujer acompañada de su representante legal al personal sanitario del centro en el que vaya a practicarse la intervención.2). En el caso de prescindir de esta información, cuando la mujer alegue las circunstancias previstas en el apartado Cuarto del citado artículo 13, el médico encargado de practicar la interrupción del embarazo deberá apreciar, por escrito y con la firma de la mujer, que las alegaciones de ésta son fundadas, pudiendo solicitar, en su caso, informe psiquiátrico, psicológico o de profesional de trabajo social.”

¿Importa a la hora de decidir que la mayoría de los países europeos no exige un permiso a las menores de 18 años para abortar? ¿Importa a la hora de decidir que la inmensa mayoría de las mujeres de 16 y 17 años que aborta lo hace con el apoyo de su familia? ¿Importa a la hora de decidir que según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, el porcentaje de mujeres de entre 16 y 17 años que abortaron es del 3,60 por ciento, de las cuales solo el 12,38 por ciento pudieron no informar a los padres, por encontrarse en situaciones difíciles, por ejemplo, de padres maltratadores? Es decir, el aborto de menores sin consentimiento es del 0,44 por ciento del total, según esos datos.

Desgraciadamente no importa a la hora de decidir por parte del gobierno, porque la angustia electoral prima más que los sentimientos y el sufrimiento de las personas. Por ese motivo, y dentro de un presupuesto de costes/beneficios, han decidido que es más importante un puñado de votos que romper la vida a mujeres que libremente no desean ser madres. Queda mucho camino por recorrer hacia la igualdad, pero hay que recordar que los gobiernos tienen la obligación, y también en las leyes y políticas referidas al aborto, de proteger la salud y los derechos humanos de las mujeres.