Políglota y con un carácter empático, el veterano político luxemburgués de 59 años, ha cuidado su imagen popular con frecuentes manifestaciones de preocupación por los asuntos sociales. Juncker es un político de casta, simpático, efusivo, con muy buenas dotes de comunicador. Siempre sorprendía a periodistas y analistas con alguna frase ingeniosa o incluso impertinente en las conferencias de prensa tras las reuniones del Eurogrupo, la reunión mensual de los ministros del euro, que ha presidido con habilidad desde 2005 hasta el año pasado.
Pero este perfil humanístico contrasta fuertemente con las políticas reales de dura austeridad aplicadas por el Eurogrupo a lo largo de la crisis y, sobre todo, por el papel que está jugando Luxemburgo como plataforma de operaciones que secretas y fraudulentas y refugio de dinero negro que supone un robo directo a las arcas de los Gobiernos y de los contribuyentes.
Luxemburgo, junto a Chipre, son los dos paraísos fiscales de la Unión Europea que suspendieron el año pasado el examen de transparencia tributaria de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Los activos de los Bancos de Luxemburgo representan 22 veces el Producto Interior Bruto del país. Este pequeño país con una posición estratégica entre Francia, Alemania y Bélgica sirve de refugio a vehículos off shore que gestionan 2,5 billones de euros.
Como primer ministro y ministro de Finanzas, Juncker se ha resistido a que su país perdiera la condición de paraíso fiscal que sigue disfrutando hoy. En mayo pasado anunció su disposición a levantar el secreto bancario y permitir el intercambio de información a partir de 2015, a condición de alcanzar un acuerdo con Suiza. Después tuvo que dimitir por un escándalo de escuchas telefónicas y malversaciones de fondos que no atajó a tiempo.
La posiciones de Bélgica, Austria y sobre todo Luxemburgo, son las que han impedido avanzar hacia la Unión Fiscal, que es fundamental para equilibrar el proyecto de Unión Bancaria que se está construyendo ahora y para defender el euro en última instancia. La crisis financiera y fiscal de Europa no se podrá resolver mientras existan paraísos fiscales. Un reciente libro La richesse cachée des nations. Enquête sur les paradis fiscaux, de Gabriel Zucman, señala que unos 5,8 billones de euros están refugiados en los paraísos fiscales lo que representa el 8% de patrimonio financiero mundial. Según el autor, sin esta ocultación la deuda pública de Francia descendería del 94% del PIB al 70%. Un paralelismo similar se podría establecer en España.
Si quien ha sido el defensor del gran paraíso fiscal de la Unión Europea, puede ser mañana el jefe del Gobierno Europeo resulta más que inquietante. De hecho ya lo ha sido que el PPE lo haya preferido a Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, que dentro de la Comisión ha sido el encargado de tratar de poner límites al “salvaje oeste” del mundo de las operaciones financieras de derivados, según sus propias palabras.
Por otra parte, Juncker, junto al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, los tres del PPE, han sido los responsables de la desastrosa política de austeridad aplicada por la Unión Europea que ha agravado la crisis en Italia, España, Grecia y Portugal. El presidente del Gobierno Mariano Rajoy es un conocedor directo de las reticencias de Juncker a conceder el rescate para la banca española, lo que explicaría su reticencia inicial a apoyar su candidatura.
Juncker, al igual que la Comisión Europea, no han querido asumir ninguna autocrítica ni error en la gestión de la crisis por los excesos de la política de austeridad, a diferencia del Fondo Monetaria Internacional y la OCDE. Está claro qué intereses defenderá el próximo Gobierno comunitario si es pilotado por Juncker, que por otra parte no se presenta a las próximas elecciones. La gestión de la crisis ha alejado a los ciudadanos del proyecto Europeo. Esta tendencia se agravará además si Europa es capitaneada por un defensor de las prácticas más malolientes de la banca europea. Europa precisa un giro radical que ponga la lucha contra el desempleo, la pobreza y las desigualdades en el primer plano.
