Para todos aquellos que insisten en el mensaje de la desafección hacia la política, porque “todos los políticos son iguales”, cabe recordar que fue un Gobierno socialista de Felipe González y Alfonso Guerra el que eliminó las tasas judiciales, con el propósito de asegurar la protección judicial de los derechos de todos los españoles, independientemente de su poder económico. Ahora el PP vuelve a poner las cosas en su sitio. La Justicia, para los ricos.
Si un ciudadano quiere recurrir un despido en segunda instancia, o si quiere defenderse de una amenaza de desahucio, o si reclama una indemnización por un atropello, o si pretende un divorcio para huir del maltrato, o si quiere recurrir una multa injusta, ya no bastará con esgrimir su derecho recogido en las leyes. El derecho solo será efectivo si se paga una cantidad importante de dinero. El derecho se consolida, pues, con el dinero. El que tiene dinero, tiene derechos.
Sostiene Gallardón que se trata de “disuadir” acerca del uso abusivo de los tribunales. Es el mismo argumento que se emplea para aplicar el copago sanitario y el euro por receta. Penalicemos a la víctima, disuadámosla de ejercer sus derechos, y así nos evitaremos un gasto. Pero, ¿a quién se “disuade” de comprar medicamentos o de recurrir una sentencia injusta? A quien tiene dinero no, desde luego, porque puede pagarse la farmacia y el recurso. “Disuadimos” siempre al mismo: al enfermo que tendrá que elegir entre comer o curarse, entre curar la diabetes o evitar el dolor de espalda, y al ciudadano que tendrá que renunciar a su derecho legítimo por no poder hacer frente a los impuestos.
¿Dónde conduce la generalización de esta estrategia? Cada día más personas son expulsadas del sistema. Crece la legión de los excluidos. Excluidos del trabajo, excluidos de la cobertura al desempleo, excluidos de la protección social pública, excluidos de la sanidad gratuita, excluidos de las becas universitarias… Y ahora también excluidos de la tutela judicial. ¿Qué actitud adoptarán estas personas? Si la Justicia excluye a los pobres, ¿por qué razón los pobres han de sentirse concernidos por la Ley y la Justicia? De aquí al estallido social puede haber un solo paso.
Al Gobierno le ha dado igual que toda la comunidad jurídica y los representantes sociales se hayan manifestado en contra, desde jueces a fiscales, abogados y procuradores, desde los sindicatos a las asociaciones vecinales y los partidos de oposición. El PP entiende que la mayoría absoluta y la crisis económica les legitima para darle la vuelta al país y poner en jaque el modelo de convivencia que nos dimos a partir de la Transición democrática. Esperemos que se dé cuenta de su error antes de que sea demasiado tarde.
Un comentario merece también la figura de Gallardón, la otrora esperanza blanca de la derecha española. Fueron muchos los referentes de la izquierda política, social y mediática que avalaron la supuesta progresía del personaje, cuando algunos denunciábamos su habilidad para camuflar las convicciones más derechistas y una ambición por encima de todo tipo de lealtades y principios. Ahora se va destapando. El disfraz progre ya no le viene bien. Le conviene un tupido pelaje derechista para hacerse perdonar antiguas veleidades polanquistas y ganar el aprecio de la caverna. Solo así podrá seguir aspirando a aquello que siempre tuvo en mente y para lo que se cree llamado por el destino. Allá el PP con sus sucesiones. Solo espero que ya no engañe a nadie de este lado.
