Otra vez vuelven a escucharse las voces que claman contra la “politización de la justicia”. En nombre del sacrosanto principio de la separación de poderes, estas voces exigen que los partidos políticos se abstengan de intervenir en la designación del gobierno de los jueces y de los miembros del Tribunal Constitucional. Reprochan incluso a los políticos, como le ha sucedido recientemente a la propia Vicepresidenta De la Vega, que se permitan opinar sobre cómo se ejerce tal función gubernativa o sobre si se aplica debidamente el régimen disciplinario en circunstancias concretas.

La Justicia es un poder del Estado, y en un régimen democrático todos los poderes han de responder en su composición y ejercicio a la voluntad popular. La Constitución Española establece claramente que la Justicia administrada por jueces y magistrados “emana del pueblo” (artículo 117). Y la misma Carta Magna determina en su artículo sexto que los partidos políticos son precisamente el “instrumento fundamental” para la “manifestación de la voluntad popular” y la “participación” democrática. De hecho, nuestra ley de leyes otorga a las Cortes Generales el nombramiento del gobierno judicial, y los actores de la labor parlamentaria son los partidos políticos votados por los ciudadanos.

Si los partidos políticos no determinan el gobierno de los poderes del Estado, ¿quiénes han de hacerlo? ¿Con qué legitimidad y con arreglo a qué criterios? Aquellas voces quejosas de la “injerencia política” llaman al “autogobierno” de los jueces, buscando así, supuestamente, la “asepsia” definitiva en el ejercicio de la Justicia. Pero a estas alturas ya sabemos todos que la “asepsia” no existe. Sobre todo entre los jueces. La ideología cuenta. Y si la ideología ha de estar presente en el gobierno judicial, es preciso asegurar que su orientación responde a la voluntad de los ciudadanos expresada democráticamente en las urnas.

Si hay que optar entre un gobierno judicial establecido a partir de la voluntad de cuatro mil jueces, o un gobierno judicial elegido por los representantes de los cuarenta y cinco millones de españoles, yo y muchos como yo preferimos la segunda opción.

Cada día es más evidente que también en el ejercicio del poder judicial se actúa conforme a ideas y estrategias de naturaleza política. Hay que trabajar para que los conflictos entre los partidos no se trasladen día a día al desarrollo de la labor de jueces y magistrados. Pero si los integrantes de los órganos jurisdiccionales hacen política, deben atenerse a la voluntad política de la ciudadanía. Y deben asumir la dosis de crítica que conlleva toda labor política.