Pocos ingenuos tragarán el anzuelo de que las causas anejas –presuntos pagos en la Universidad de Nueva York, escuchas a procesados de la trama Gürtel- respondan a presuntos delitos: lo primero se cae salvo que imputemos a muchísimos jueces/conferenciantes perceptores de dietas; respecto a lo segundo, si admitimos que se graben conversaciones de terroristas con sus Abogados, parece justo aplicar el mecanismo para evitar que las sumas estafadas a los contribuyentes acaben en las Caimán.

El centro neurálgico, lo sabemos, es la causa nº 20048/2009 instruida por el Magistrado Varela, cuya incoación y no la de las otras, fue la que provocó la exclusión de Garzón del cuadro de Jueces de la Audiencia Nacional (AN).

Y amenazadora es la confirmación por la Sala 2ª del Tribunal Supremo (TS), del grueso de dicha Causa, una vez asegurada la Presidencia de aquélla en favor de un Juez digamos no muy “garzonista”.

Así que, pronto, Garzón en el banquillo, y aunque sea otra la causa nominal, la real es su intento de investigación de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el franquismo desde 1936 a 1956.

Es muy grave, incrementará la indignación en todos los ámbitos de Justicia internacional, manifiesta ya en la lección que se nos dio al nombrar a Garzón Asesor Especial del Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Y consignemos algo reciente: la Cámara argentina de Apelaciones en lo Criminal Federal (equivalente a la nuestra del Tribunal Supremo y, por tanto, última instancia) decidió (contra el anterior criterio de la Jueza María Servini), incoar causa para la investigación de los crímenes franquistas de lesa Humanidad desde el 17/07/1936 (fecha de la rebelión) al 15/06/1977 (fecha de las primeras elecciones democráticas, período muy superior al abarcado por Garzón, por lo que los casos Grimau, Ruano, ejecuciones del 75, Vitoria, Montejurra, etc., quedarían sujetos a investigación).

Por esta Resolución se exige de España que, caso de no tener en marcha proceso propio sobre el tema -y ello es así-, la Jueza argentina continúe la investigación de los hechos, autorías y calificación jurídicopenal.

Y frente a la castiza reacción «asunto nuestro», o la atribución a un revanchismo latinoamericano por razón de la Sentencia condenatoria de Scillingo (TS español, 01/10/07) o el Auto contra Pinochet (AN 05/11/98)… frente a esas maniobras defensivas, lo determinante es que Argentina admite el principio de Justicia Universal sin necesidad de víctimas propias.

Así que en no lejano día llegará el exhorto bonaerense indagatorio acerca de si en España existe o no causa abierta sobre crímenes franquistas.

¿Qué cabe contesten nuestras Autoridades? Que por virtud del Auto de 02/12/08 de la Sala Penal del TS, no hay causa porque se denegó la competencia del Juzgado de Instrucción nº 5 AN, sin atribuirla a algún otro.

De ello se deduce que, salvo inimaginable incursión de nuestro Gobierno en falsedad, responderá que NO, que no hay procedimiento abierto, que la indagación “que fue”, está archivada: silenciarán, por respeto a la separación de poderes, el hecho de la inculpación judicial del Magistrado que lo intentó.

España, pues, soportará el ludibrio de presenciar un proceso penal a españoles por crímenes de lesa Humanidad según cánones vigentes de Justicia Universal.

I.- Citemos telegráficamente (para no cansar) los textos legales:

Convención Londres 08/08/1945, creando el Tribunal de Nuremberg; su Estatuto 06/10/45; Resolución ONU 11/12/1946, ratifica los «principios Nuremberg» y tipifica «crímenes contra la humanidad», reconocidos por España (BOE 05/08/1952); art. 15.2); “Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos” ONU 1968, decae el principio «Nulla poena sine lege» para referidos crímenes, o sea «asesinato, exterminio (..) deportación(…) contra la población civil o persecución por motivos … políticos (…) en conexión con cualquier crimen contra la paz (…)»; ratificación española de 27/04/1977 , seis meses antes de nuestra ley de Amnistía(15/10/77); imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada mientras no se halle la víctima, en vida o restos mortales (Convención ONU 20/12/2006, ratifica España el 29/09/2007); asunción de tales Convenciones obligada por el Derecho español (art. 96 Constitución Española); accesibilidad procesal de esos delitos, a partir de tales Convenciones o Tratados (Disp., Adic. 2ª, Ley 26/12/2007 de «Memoria Histórica»), etc.

II.- Los respalda una avasalladora Jurisprudencia, internacional -entre muchas, Sentencias TEDH de 10/05/2001, Chipre vs. Turkey, 17/01/2006, Kolk y Kislyiy vs. Estonia, 14/04/2006, y CIDH Velazquez vs. Honduras 29/07/1988, Babamaca vs. Guatemala 25/11/2000-, española (citada Scillingo), STS 327/03 (Guatemala), la 15/11/04 (Argentina), pero más aún, Auto AN 18/05/09 (confirmante de diligencias previas Moyano vs. Leprich & allia), etc, etc.

¿Se va a hacer caso omiso de todo este arsenal dispositivo y judicial, “ius cogens”?

III.- Conductas presuntamente punibles: ¿Hará falta mucho “creacionismo” jurídico para considerar tipificables de «lesa humanidad» conductas como las de un Régimen nacido de rebelión frente al Gobierno legítimo y cuya inmediata legislación criminaliza con carácter retroactivo las «responsabilidades políticas» (Ley 09/02/1939) exigibles hasta a los “afiliados a los Partidos” incursos o «reprime (sic)» también retroactivamente la adscripción a «la masonería y el comunismo», en el articulado extendida a “(…) troskistas, anarquistas y similares” (Ley 01/03/1940); o extiende la Ley republicana de Vagos y Maleantes (atención a los que están en una situación), a castigo para los de una determinada condición (“homosexuales”, art. 2º,2 Ley de 15/07/54) o de cierta etnia (“gitanos”, Orden del Ministerio de la Gobernación, 1955)?

Y si a eso le agregamos los 114.456 asesinados desde el Alzamiento y hasta los años 60, los más de 450.000 o sea, casi el 2% de la entonces población española que escaparon huyendo, los 350.000 presos por “delito” político computados solamente en 1.941, la cifra probable de 30.000 niños robados a sus padres, los trabajos forzados, la depuración masiva de maestros y demás funcionarios por “desafección al Régimen”(Ley 10/02/39)… parece indudable que esa labor represora planificada, sin subterfugios, descaradamente impresa en BOE´s y circulares de todo tipo, fielmente ejecutada por Tribunales de toda índole y jerarquía, parece –repito- que la misma encaja al dedillo en la figura de delito de lesa Humanidad.

IV.- Y demos un salto de años para situarnos en la más rastrera actualidad: el sumario penal anti-Garzón por haberse éste atrevido a indagar aquellos hechos.

Sumario calificado por la índole de los querellantes, ”Manos Limpias” (= Fuerza Nueva) y “Falange Española”. Sumario asumido entusiásticamente por un Magistrado Varela que suministra borradores a los querellantes para que perfeccionen sus denuncias, que desordena fechas clave de los Autos de Garzón para perjudicarle, y que atribuye, con ignorancia inexcusable, la ley argentina derogatoria de las de Obediencia Debida y Punto Final a un período predemocrático, cuando en realidad fue dictada tras unas Elecciones Generales (igual que la nuestra de Amnistía) y, sin embargo, sucumbió…

Y así llegamos a la reciente e inapelable decisión de la Sala Penal del TS, denegatoria de medios de prueba solicitados por Garzón y confirmatoria (con razonado un voto disidente), de las actuaciones todas del Magistrado Varela. A lo que se agrega la no admisión de pruebas propuestas por Garzón en los juicios paralelos “Nueva York” y “Escuchas Gürtel”.

V.- Resumo:

A) Hay delitos contra la Humanidad, “ius cogens” sancionado por los Tribunales de todas las naciones civilizadas, entre ellas España.

B) La ratificación española del Pacto Internacional del 68 fechada meses antes que la Ley de Amnistía implica que ésta no exime de perseguir eso delitos: como dice Martín-Pallín, el “pacta sunt servanda” acabó con la impunidad en el 77.

C) Es jurisprudencia incontestable que para los “desaparecidos” no cuenta la prescripción del delito sino a partir del hallazgo de la persona en vivo o en cadáver.

D) El fallecimiento de los presuntos culpables comporta, según el CP, art. 130, 1) la extinción de responsabilidad penal, no la indagación de los hechos en sí.

E) Conforme a la Disp. Ad. 2ª de la Ley “Memoria Histórica”, es obligado proceder contra delitos de lesa Humanidad asumidos por leyes españolas.

F) Los Convenios y Tratados internacionales una vez ratificados, son Derecho interno español (art. 96 CE), por lo que si definen delitos, éstos quedan automáticamente tipificados en nuestro país.

Estas son mis modestas conclusiones…

Pero ¡ay!, se ve que las cosas llevan otro derrotero. Aquí somos distintos.

Por contraste con el crimen de NEGACIONISMO atribuible a quienes así tratan el genocidio nazi, en España se da un delito no tipificado en los Códigos pero perseguido en la calle. Sería el delito de AFIRMACIONISMO, peor aún, el de simple INDAGACIONISMO, y en él incurre Garzón.

Aquello de “quien pregunta va de cuartel” hoy sería “quien indaga va de trullo”.