Después de tres años de calvario para muchos profesionales del Hospital Severo Ochoa de Leganés, acusados de realizar sedaciones irregulares, la Justicia ha concluido que no hubo mala praxis. Les tacharon de asesinos, fueron amenazados, la Comunidad de Madrid les culpó de la muerte de 400 pacientes terminales, al tiempo que los medios afines a Esperanza Aguirre los crucificaban. La Presidenta de la Comunidad de Madrid trata ahora de desmarcarse del asunto cuando la Audiencia Provincial de Madrid lo ha archivado y exige reparar el nombre de Luis Montes, ex jefe del servicio de Urgencias del Hospital.
El caso del Severo Ochoa supuso un duro ataque contra la ya maltrecha Sanidad Pública madrileña|. Los médicos del Severo Ochoa y la oposición han pedido responsabilidades al entoces Consejero de Sanidad de la Comunidad, Manuel Lamela, y disculpas de Aguirre. Pero ni una cosa ni la otra. Lamela no ha aparecido y Aguirre ha asegurado que la Comunidad de Madrid “no es parte del proceso judicial” y que “nunca ha acusado a nadie”, aunque fuera la Consejería la que en 2005 denunciara el caso al Juzgado. Parece que nadie se hace responsable del martirio de los médicos vilipendiados ni tampoco de los pacientes, que desde entonces han muerto con dolor posiblemente no sólo en el Hospital de Leganés, porque la caza de brujas se extendió a otros Hospitales de la Comunidad de Madrid.
