Sin embargo, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, los jueces prefieren juzgar al mensajero que al autor de los supuestos delitos que la informadora relata. ¿Dónde queda entonces el derecho a la información que recoge el artículo 20 de la Constitución Española? En él se recoge claramente que “se reconocen y protegen los derechos: A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”.

Muchos verán que detrás de esta acusación de Ignacio González no se esconde más que una vendetta personal contra la periodista que destapó un hecho que ponía en entredicho la imagen de este político madrileño, del que ahora salen a la luz más investigaciones policiales que advierten de su trayectoria en la Administración. Sin embargo lo que subyace es mucho más grave. Detrás de todo esto parece esconderse la siembra del miedo en aquel que ose destapar una noticia en la que se vislumbren indicios delictivos de ciertos políticos, aplicando así una especie de censura previa que les convierte en intocables, más propio de la mafia o ciertas dictaduras.

Lo más triste de todo es que haya jueces que se presten a este tipo de actuaciones con tal de quedar bien ante ciertas personas. La historia está plagada de resoluciones judiciales que fortalecen esta afirmación y que desvirtúan la labor de la Justicia, vinculada al cumplimiento de las leyes.

Un caso cercano en el tiempo lo tenemos con otros dos periodistas de la Cadena Ser, Daniel Anido y Rodolfo Irago, que hace dos años fueron también acusados por un juez tras destapar todos los hechos que rodearon al ‘Tamayazo’, que le costó un Gobierno al socialista Rafael Simancas. Lo curioso es que la historia parece repetirse con los mismos actores secundarios: miembros de un gobierno del Partido Popular y la Cadena Ser. Espero, sin embargo, que en esta ocasión no ocurra lo mismo y que a diferencia del ‘Tamayazo’, sí se esclarezcan los hechos. Por el bien de la política, del periodismo y de la credibilidad que tenemos los ciudadanos sobre ciertas Instituciones.

Por eso es más notable la valentía de este medio de comunicación y de los profesionales que lo componen, que a pesar de sufrir este tipo de acoso, prefieren seguir haciendo prevalecer el derecho que tenemos todos los ciudadanos a recibir a una información veraz.

Deseo que la periodista sea completamente exculpada de las acusaciones que han vertido sobre ella, porque detrás de la inculpación a Pilar se encuentra un claro intento de cercenar nuestros derechos. Asimismo, espero que en esta ocasión paguen los pecadores y no los mensajeros, que tan sólo realizan su trabajo. Eso sí, con tesón, pasión y valentía para hacer esta sociedad algo más habitable y transparente.