El gobierno español se ha negado a reconocer la declaración de independencia en la medida en que se trata de un acto manifiestamente contrario al Derecho Internacional vigente. El gobierno de Rodríguez Zapatero inició su andadura retirando nuestras Fuerzas Armadas de Irak, y poniendo así fin a nuestra participación en una guerra de ocupación ilegal orquestada por Bush, Blair y Aznar. Hubiera resultado un contrasentido que su última decisión internacional hubiera convalidado la fragmentación ilegal de un Estado por la secesión de una parte de su territorio, en contra de la Carta de Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, ratificada por la Carta de París, y al margen de cualquier decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De esta forma, y frente a la involución que representa la postura de Francia, Alemania, Reino Unido y otros, España enarbola la bandera de la razón y del derecho. Y lo hace con la convicción de que la única alternativa al respeto al Derecho, es la ley de la selva, la vuelta a un estado de naturaleza que sólo beneficia a los más fuertes.

La postura del Gobierno de España ha sido respaldada por el principal partido de la oposición, quien en esta ocasión no se ha dejado llevar por su seguidismo de la política de G. Bush o del su muy admirado Sarkozy. Otros, como el gobierno vasco y algunos partidos nacionalistas se han apresurado a celebrar la independencia de Kosovo y a solicitar al Gobierno español su reconocimiento. Para estos últimos, se trata de un ejemplo a seguir en España para poner fin a supuestos conflictos internos. Frente a ello cabe alegar que, ni España es Serbia, ni Kosovo el País Vasco. Ahora bien, lo cierto es que, desde un punto de vista jurídico, la independencia de Serbia se configura como un peligroso precedente de fragmentación de un Estado, -en contra de todas las normas jurídicas internas e internacionales reguladoras de esa problemática- mediante la secesión de una parte de su población y territorio en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos del Estado al que pertenecen.

La Unión Europea ha justificado esta violación del Derecho en términos de puro racismo. De lo que se trataba era de crear un Estado de base étnica albano-kosovar. De esta forma la caja de Pandora está abierta. Sobre todo en los Balcanes. ¿Cuál será el futuro de la Federación Bosnia? ¿Aceptará Europa que los serbios que viven en Kosovo declaren su independencia del nuevo Estado? Y podemos estar seguros de que también en España y en otros lugares de Europa Occidental, muchos serán los que interesadamente tratarán de invocar el precedente kosovar para fundamentar sus demandas secesionistas. Por todo ello, España debe defender con toda contundencia su posición en el seno de la Unión Europea.