Los objetivos de tal estrategia son dos. Primero se trata de desgastar al Gobierno socialista. Esta es siempre la meta primordial en la acción política del PP. Las encuestas les dan como ganadores, los márgenes demoscópicos superan los diez puntos, y ya han conquistado el mayor poder territorial que jamás acumuló organización alguna en democracia. Pero no se fían. Sobre todo no se fían de la capacidad de recuperación de los socialistas. Ahora miran a Rubalcaba y les entran los sudores. Quedan unos meses para las generales y la ansiedad apremia. Y la ansiedad siempre conduce a la derecha por el mismo camino: la crispación y la radicalización. Hoy es el supuesto agujero negro de las cuentas públicas, ayer era la supuesta incapacidad de España para pagar sus deudas, la semana anterior fue la supuesta connivencia entre socialistas y terroristas. Es la política de tierra quemada. Como dice Rubalcaba, “prefieren volar el edificio con tal de quedarse con el solar”. Pues eso. Buscan dejar España como un solar. Para quedárselo.

El segundo objetivo es igual de evidente. Alarman a la población sobre la supuesta ruina en las cuentas públicas, para justificar los recortes en las políticas sociales que tienen en preparación. Los ajustes son necesarios, nos dirán, porque los socialistas dejaron las arcas vacías. No, si nosotros no queríamos, pero no tuvimos más remedio. Recortes, ajustes y privatizaciones en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales. Tras la rapiña urbanística e inmobiliaria, los ojos de los especuladores se han posado ya sobre los magros presupuestos de los grandes servicios públicos. Y, como sucedió con los planeamientos del suelo y la vivienda, tras los ojos vendrán las manos. Unos pocos volverán a enriquecerse. Otra vez a costa del bienestar de la mayoría.

Cada movimiento tiene sus pioneros. Y últimamente el pionero del PP, el hombre que anticipa con osadía sus discursos y sus políticas, el visionario que abre camino a machetazos para el avance popular es Ramón Luis Valcárcel, el Presidente de la región de Murcia. Recientemente confirmado en el cargo con un amplio apoyo electoral, todo hay que decirlo. De hecho, Valcárcel ya defendió públicamente la aplicación del “copago sanitario y educativo” en plena campaña autonómica. Y tras el apoyo ciudadano, lógicamente, ha dado los pasos previstos. Su “Plan de Reequilibrio Financiero”, además de promover el “ahorro” de 144 millones de euros en gasto de personal público (3.500 despidos, según los sindicatos) y privatizar hasta los puertos, ha previsto la imposición de nuevas tasas en los servicios educativos para recaudar 15 millones más. En virtud de esta medida, los murcianos tendrán que pagar cinco nuevas tasas a cambio de servicios que hasta ahora recibían como ejercicio de un derecho universal. Esto se llama copago. Y en Murcia ya lo están aplicando.

Es verdad que a Valcárcel le ha salido un competidor de enjundia, nada menos que el político mejor valorado en muchas encuestas. Josep Antoni Durán, portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, ha formulado una pregunta inquietante: “¿De verdad nos creemos sinceramente que durante mucho tiempo puede permanecer inalterable el actual sistema de atención sanitaria?”. Y resulta inquietante porque conocemos la respuesta que el propio Durán ofrece a la cuestión. De hecho, la respuesta se está aplicando por el Gobierno autonómico catalán en forma de recorte de servicios sanitarios y de la exclusión de algunos extranjeros en el acceso a la atención sanitaria. Sin embargo, como Durán es más fino que Valcárcel, ha sabido vestir su iniciativa, que en lo esencial es idéntica a la del murciano, con un ropaje aparentemente más presentable. El nacionalista catalán propone un “pacto de Estado”. Pero tras el “pacto” de Durán hay exactamente lo mismo que tras la “alarma” de Rajoy: el recorte de las prestaciones sociales y los derechos de ciudadanía.

¿Puede responderse aquella pregunta de otra manera? Claro que sí. La diferencia entre Rajoy, Durán y quienes compartimos convicciones de progreso está en que aquellos pretenden adaptar el sistema de protección social vigente a su modelo de economía liberal, de Estado reducido y de sociedad desigual. Los progresistas, por el contrario, seguiremos peleando para que el funcionamiento de la economía y la configuración del Estado se adapten a fin de garantizar los derechos sociales básicos de los españoles, en condiciones de universalidad, de calidad y de equidad. Y ésta es una pelea que merece la pena.