Estas políticas públicas, sin embargo, pueden incluso empeorar todavía más la situación económica, pues asumen erróneamente que una causa de tal crisis es el gasto público excesivo y una falta de moderación en el crecimiento salarial, supuestos fácilmente falsificables por la evidencia existente. España tiene uno de los gastos públicos más bajos de la Unión Europea. Y sus salarios están entre los más reducidos en la UE-15. En realidad estos dos factores hacen especialmente vulnerable a España en este período de crisis, pues acentúa una de las mayores causas de la crisis económica que es la escasa demanda consecuencia de la crisis financiera que ha reducido la posibilidad de endeudarse de las familias. Lo que hace falta ahora es precisamente aumentar el gasto público y la capacidad adquisitiva de la población a fin de estimular la demanda. Hay que recordar que lo que resolvió la Gran Depresión a nivel mundial a principios del siglo XX, fue precisamente el crecimiento del gasto público, estimulado por la II Guerra Mundial.

Lo que hemos visto en los últimos treinta años desde el inicio de la revolución neoliberal, iniciada por el Presidente Reagan en EE.UU, y la Sra. Thatcher en Gran Bretaña, ha sido una enorme redistribución de las rentas y de la riqueza, consecuencia de políticas públicas que beneficiaron enormemente a las rentas superiores. El tipo máximo, en el promedio de los países de la OECD bajó del 67% en 1980 al 43% en el 2000 (en EE.UU. pasó del 70% al 35%, y en España pasó del 66% al 35%, el más bajo de la OECD, junto con EE.UU.) incrementándose enormemente las rentas elevadas. Los salarios, por el contrario, se mantuvieron constantes o disminuyeron, según el país, forzando un mayor número de horas de trabajo por trabajador y un incremento del número de miembros de la familia que trabajaran para mantener la misma capacidad adquisitiva, la cual, a pesar de estos factores, se mantuvo constante o se redujo, según el país. La disminución de la capacidad de consumo, y por lo tanto de la demanda, se sustituyó a base de endeudamiento, facilitado por unas políticas crediticias que alcanza dimensiones altamente especulativas en un mercado de capitales financieros totalmente desregulado. De ahí que desigualdades de renta, falta de consumo y desregulación bancaria está en la raíz del problema que padecemos.

La política de desgravación de 400 € por persona que aprobó el gobierno español, era parte de esta política de estímulo de la demanda. Pero esta medida, además de ser regresiva (pues es equivalente a que se diera un cheque igual para todos los ciudadanos, independientemente de su ingreso), tendrá un impacto estimulante menor. La medida, semejante a la realizada por la Administración Bush (que inspiró al Sr. Zapatero) y que en aquel país, significó un aumento del gasto público equivalente a un 1% del PIB, fue escasamente estimulante. La razón de ello (además de ser una cantidad limitada) fue que el gasto fue poco discriminatorio y que, al ser regresivo, no tuvo gran impacto en la capacidad de consumo de las clases populares que son las que, al tener menos renta, consumen la mayoría de lo que reciben. De ahí que las medidas más eficaces sean políticas redistributivas que transfiera fondos de las clases adineradas (que ahorran más que consumen) a las clases populares (que consumen más que ahorran).

Debiera, por lo tanto, revertirse las políticas fiscales regresivas que se han aprobado en los últimos quince años (que han contribuido al crecimiento de las desigualdades de renta en España), e incrementar la inversión pública y muy en especial en los servicios públicos a fin de crear empleo, y muy en especial en servicios públicos del estado del bienestar, como sanidad, servicios de dependencia, servicios sociales, escuelas de infancia, y otros, que utilizan muchos recursos humanos. Es ahí la gran cantera de empleo que en España está muy poco desarrollada. En este sentido la política de Zapatero de reducir un 30% la creación de empleo público es profundamente errónea y va en sentido opuesto al que debiera hacer. España es el país que tiene un porcentaje menor de la población activa empleada en los servicios públicos del estado del bienestar (sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios). Sólo un 9% comparado con 15% en el promedio de la UE-15 y 25% en Suecia.

Este aumento del gasto público se debiera financiar mediante la reversión de las políticas fiscales regresivas que se han realizado esos años, así como mediante un aumento del déficit del estado y de la deuda pública (permitiendo un mayor endeudamiento del Estado, a todos los niveles, central, autonómico y local).