El pasado lunes 27 de abril la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, Dª Esperanza Aguirre, declaró en un acto en la capital, que de llegar al consistorio estudiará erradicar lo que considera comportamientos perjudiciales para el turismo, destacando la presencia en la capital de personas “sin hogar” que duermen en las calles. Según su argumentación se trata, en su mayor parte, de extranjeros vinculados a “organizaciones, que no se si llamar mafias, pero que están organizadas para no solamente vivir, sino tener un muy buen vivir” dedicándose a la mendicidad.

Añadió que tanto la Comunidad Autónoma, como el Ayuntamiento disponen de recursos con capacidad suficiente para acoger de un modo temporal o alojar permanentemente en viviendas de protección a todos aquellos que no tengan un hogar, llegando a plantear que: “Otra cosa es que se haya decidido, no sé por qué, que dormir en la calle está permitido”. Y como medida prioritaria propone que los profesionales del Samur Social les ofrezcan la opción de ir a albergues y, en el supuesto de que se nieguen, llevárselas para con posterioridad “limpiar la zona”.

Una declaración de intenciones de la candidata que responde a las reservas de un sector minoritario de la opinión pública española frente a la realidad del sinhogarismo, de hecho al 43,19% de los entrevistados en la Encuesta de Tendencias Sociales del año 2010 del Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales, “les incomoda la presencia en las calles de personas indigentes y “sin techo”; ni es baladí que incluso para un 11,07% las autoridades deberían obligarles a vivir en albergues y centros de acogida.

Lo vivido en estos últimos días, recuerda la iniciativa de abril de 2011 del entonces Alcalde Gallardón en un acto de precampaña electoral sobre el progreso en seguridad de la capital, en donde anunció su intención de solicitar al Partido Popular la inclusión en su programa general para las elecciones generales de 2012 de una ley estatal que posibilitaría a los ayuntamientos “retirar” de las calles a las personas “sin hogar”. El alcalde pretendía que no fuera potestativo, sino obligatorio el salir de la vía pública, pues consideraba que todos los que están en la calle lo hacen por su voluntad y no realmente por necesidad.

Las reacciones no se hicieron esperar, y tanto los líderes de los principales partidos de la oposición en el ayuntamiento de Madrid, como responsables de entidades que contaban con programas de atención para esta población mostraron su disconformidad ante una propuesta que consideraban meramente “estética”, que criminalizaba a los más desamparados.

En ese mismo sentido, se han manifestado, desde el pasado lunes, asociaciones de juristas, ONGs y partidos políticos amparándose, por un lado, en razones estrictamente jurídicas, pues, según sostienen, no cabe en la Constitución adoptar una medida de esa naturaleza ya que no se puede limitar la libertad de circulación de los ciudadanos e incluso en el supuesto de que se aprobara una ordenanza que regulara el hecho de dormir en las calles se vulnerarían derechos fundamentales. En palabras del magistrado, Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria:“en todo caso, podría hacerse una ordenanza que sancionara el hecho de dormir en la calle, pero no se podría expulsar a la gente por incumplirla, porque eso supondría una detención, y dormir en la calle no es ningún delito”. Además, imponer a quienes no tienen recursos sanciones económicas anularía su efecto puesto que las multas no serían abonadas. La propia alcaldesa de Madrid, Dª Ana Botella, declaró ayer mismo que la Constitución «ampara» que las personas sin hogar «puedan estar en la calle», abriéndose un debate en el propio PP madrileño.

Por otro lado, las críticas se sustentan en la imprecisión conceptual, más allá de otro tipo de consideraciones, que conlleva identificar pobreza con delincuencia, con la consecuente criminalización de los más desfavorecidos, haciendo derivar esta problemática humana y social hacia una mera cuestión de orden público, asociada erróneamente a la mendicidad y a la existencia de mafias dedicadas a este tipo de actividades.

Finalmente, debemos consignar que las plazas en albergues resultarían insuficientes para atender al total de varones y mujeres que hay en las calles de Madrid (una cifra próxima a las 2.000, según datos del Recuento Nocturno de Personas “sin hogar” de 2012), de igual modo que no hay una red de pisos de protección que permitan residenciarles. Y aunque existieran, debe respetarse su derecho a no acudir a estos dispositivos por razones personales de diversa naturaleza.

Los que nos dedicamos a estudiar desde la Academia la exclusión social más extrema debemos mostrar nuestro más profundo malestar ante planteamientos como los que están retornando, que recuerdan, en sus principios, a la Ley de Peligrosidad y rehabilitación social del año 1970, en donde se incluían penas de hasta cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los sujetos “peligrosos”. En su Artículo 2, entre los sectores sociales peligrosos se incluía, entre otros, a “los vagos habituales,  “a los mendigos habituales y los que vivieren de la mendicidad ajena o explotaren con tal fin a menores, enfermos, lisiados o ancianos”, de tal suerte que se les aplicaban las “correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación”.

¿Es realmente la solución para erradicar el sinhogarismo de una gran ciudad como Madrid que los que duermen en la calle sean llevados a la fuerza a los recursos dispuestos para esta población?, ¿recluirles en centros cerrados posibilitaría su vuelta a la vida normalizada? Rotundamente no.

Sugerir que la alternativa a la calle pase por estas medidas, además de deslegitimar el sistema desde el propio ámbito institucional, echa por tierra el trabajo de tantos profesionales y voluntarios que tratan de hacerles recuperar su dignidad y sus vidas.

Ante un fenómeno social de tal alcance, que conlleva sufrimiento y dolor regular el espacio público, aun siendo preceptivo en toda sociedad, puede tener efectos imprevistos sobre aquellos que han sido arrojados a los márgenes de la sociedad. Desterrar de la visión del resto de ciudadanos y transeúntes a aquellos que han perdido el rumbo de sus vidas no creo que sea ni humano, ni racional.

Entre las mejores acciones posibles la prevención cobra especial relieve. Prevención que debe abordarse desde el marco de las políticas sociales propias del Estado de Bienestar, que incluyan desde programas formativos y de integración laboral, pasando por iniciativas de rentas mínimas, proyectos alternativos a la vivienda, medidas asistenciales, etc.

Si desde instancias políticas no se “pisa el barro”, no se entenderá este problema en toda su complejidad, no se acometerán realmente los mecanismos que prevengan esta cuestión social, ni tampoco serán efectivas las políticas de intervención que se dispongan.