Por ello, la escasa asistencia a las manifestaciones convocadas el 23F (¡menuda fecha!) para protestar contra el proyecto de modificación de la edad de jubilación está siendo utilizada por los sectores más hostiles a los sindicatos con intenciones contrarias a las que llevaron a los sindicatos a convocar tales manifestaciones. Algunos comentaristas han argüido que a tales actos ni siquiera acudieron la mayoría de los afiliados a UGT y CC.OO. “Los empleados y una parte de los liberados” –se ha podido oír a algún tertuliano.

La experiencia histórica reciente nos indica que en períodos de crisis suele disminuir la capacidad de convocatoria sindical de acciones de protesta, mientras que éstas suelen tener mejor acogida en períodos de expansión, en los que los trabajadores tienen más expectativas de mejorar sus ingresos y sus ventajas sociales. Sin embargo, en períodos de crisis es mayor el miedo y la comprensión de que todos deben arrimar el hombro para intentar salir lo más pronto posible del bache económico.

Consecuentemente, se entiende que muchos trabajadores no se sientan muy inclinados en estos momentos a participar en acciones de protesta contra el actual Gobierno español. Máxime cuando se trata de un gobierno razonablemente próximo al sentir sindical y, además, en asuntos que resultan un tanto discutibles. Por eso, creo que los responsables de los grandes sindicatos debieran hacer una reflexión sosegada sobre lo ocurrido estos días, e intentar canalizar sus estrategias en una dirección que no merme más su capacidad de influir en los próximos escenarios políticos y económicos, que no van a ser precisamente de mucha holgura para las políticas sociales. Y ello aun sin contar con la perspectiva de un eventual gobierno del PP a corto plazo.

Creo que los sindicatos también deben valorar el escaso eco que sus actuales estrategias de movilización están teniendo entre los trabajadores más jóvenes y entre las nuevas generaciones en general. Posiblemente, muchas personas menores de 40 ó 45 años no han entendido muy bien la postura de los sindicatos ante la propuesta de retrasar las edades de jubilación. Siempre, claro está, que se den ciertas condiciones y garantías y se tengan en cuenta los casos particulares.

Amén del mayor o menor realismo que se reconozca en la identificación de las tendencias demográficas de futuro, el riesgo es que determinadas estrategias sindicales conduzcan a una mayor segmentación de las bases sindicales potenciales, al menos, entre tres sectores básicos. Por un lado, los trabajadores industriales de más de 55-60 años, que tienen trabajos duros que requieren bastante esfuerzo y que se han hecho a la idea –legítimamente– de jubilarse a los 65 años, o incluso antes si tienen la oportunidad. Obviamente, este es el sector que se identifica en mayor grado con las actuales estrategias sindicales. En segundo lugar, en el extremo opuesto, está una gran mayoría de activos del sector servicios, que representa más de dos tercios de la población activa, y en el que, por ser un sector de expansión más reciente, predominan personas con menos de 45 años, que generalmente tienen más temores sobre el futuro de sus pensiones y saben perfectamente que en un contexto de recursos limitados no va a resultar tan seguro que, en caso de necesidad, se pueda contar con recursos adicionales vía impuestos generales para atender el pago de “sus pensiones”, ¡y, sobre todo, su suficiencia económica!. Y no como ocurre actualmente, debido a que la parquedad de las pensiones da lugar a que un 44,1% de los hogares con una persona mayor de 65 años se encuentren por debajo del nivel de la pobreza (un 29,6% en el caso de los hogares formados por dos personas mayores de 65 años).

Finalmente, en tercer lugar se encuentran los menores de 40 años y especialmente las franjas de los trabajadores más jóvenes, entre los que los niveles de paro han llegado a ser superiores al 40%, y en donde se dan graves problemas de precarización, “becarización” y riesgos de exclusión social. Estos sectores son precisamente los más alejados de las actuales estrategias sindicales, ya que para ellos es fundamental pensar a más largo plazo, al tiempo que definen sus prioridades actuales de políticas sociales en términos de un mayor énfasis para las iniciativas activas de empleo, para los impulsos públicos de la actividad económica y para la mejora de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y empleados.

Sinceramente, creo que si las actuales direcciones de los sindicatos no entienden esta complejidad se acabará produciendo una notable segmentación en su capacidad de representación, con las consiguientes mermas de legitimidad y movilización. Lo que personalmente me parece que no es nada bueno en coyunturas de crisis como las actuales.

Además, por si todo lo anterior no fuera poco, están las opiniones e intereses de los que ya están jubilados y, con una expectativa de 20 ó 25 años en la condición de jubilación, desean –legítimamente– ver mejorada su capacidad adquisitiva. Por lo tanto, ante un panorama realista de recursos limitados, habrá que ver qué piensa mucha gente en torno a qué resulta preferible, ¿retrasos razonables, y de manera pactada y realista, de las edades de jubilación y apostar por una mejora de la capacidad adquisitiva de las pensiones, o mantener las pensiones más o menos como están –es decir, en muchos casos por debajo del nivel de pobreza– y no tocar las actuales edades de jubilación ni siquiera a medio plazo? Algunos simplistas –y no sé si también demagogos– podrán sostener que no hay problemas y que todo se podría solucionar vía impuestos generales. ¿Y la Educación y la Sanidad y las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social? ¿Se quedarán sin más recursos vía impuestos generales? ¿De dónde saldrá el dinero para todo lo que se necesita, y además para las inversiones públicas que nos puedan ayudar a salir de la crisis? ¿A quién se va a convencer –y cómo– para tamañas subidas de impuestos en períodos de contracción económica? De momento el PP parece que está por todo lo contrario y las encuestas apuntan en estos momentos a una posible mayoría absoluta en las urnas.

Ante una situación tan compleja no faltan los que sostienen que hay que recurrir al peso de la opinión pública y a la presión sindical. Ya lo estamos viendo. Además, con el inconveniente de que pueda proyectarse hacia el exterior la imagen de unos sindicatos españoles poco responsables y demasiado movilizados y radicalizados. ¡Que es precisamente lo que menos conviene a la situación económica de España en estos momentos! En realidad, el tono de la mayor parte de las reflexiones sindicales y la capacidad para llegar a acuerdos sociales con la patronal apuntan, precisamente, en una dirección totalmente diferente, de responsabilidad y de disposición para colaborar constructivamente en una salida razonable y equilibrada de la crisis. Esa es claramente la dirección en la que hay que trabajar, desde la seguridad, además, de que eso es lo que desean en estos momentos la inmensa mayoría de los trabajadores españoles. Y también, por supuesto, los más jóvenes.