En 166 municipios de Cataluña los ciudadanos mayores de 16 años y los extranjeros empadronados fueron convocados a una “consulta popular” en la que se les preguntaban si estaban a favor de la independencia de Cataluña. Se trata de municipios en los que las fuerzas políticas nacionalistas están bien implantadas y a pesar de ello, la participación en esa consulta fue escasa y no llegó al 28 por ciento.

Desde un punto de vista jurídico, esa consulta carece de efectos, por lo que lo único que cabría discutir es la existencia o no, de procedimientos administrativos para impedir en el futuro su celebración, e incluso las posibles consecuencias penales de la realización de un acto en el que las administraciones locales afectadas han tenido una participación cuando menos indirecta, y que por carecer de cobertura jurídica y pretender un objetivo inconstitucional, debe ser reputado como manifiestamente ilegal.

Ahora bien, desde un punto de vista político, la celebración de esta consulta se enmarca dentro de una estrategia nacionalista encaminada a superar el marco democrático de nuestro Estado Constitucional. Ello nos obliga a reconocer que, nos guste o no, la reivindicación independentista va a ocupar un lugar destacado en la agenda política. Y ello aunque se trate de un objetivo alejado de las preocupaciones ciudadanas. En ese contexto, no podemos ni debemos limitarnos a recordar que se trata de un objetivo ilegal e inconstitucional sino que tenemos que subrayar sobre todo el carácter profundamente antidemocrático del mismo. Y esto resulta muy fácil de comprender. Constituye un principio básico de la democracia el de que lo que a todos afecta por todos debe ser decidido. Y es evidente que el futuro de España nos afecta a todos los españoles. No se trata, en modo alguno, de responder a un planteamiento identitario y nacionalista, el catalán, con otro de igual naturaleza pero de signo contrario. Al fin y al cabo somos conscientes de que España (de la misma forma que Cataluña) no es una realidad natural y por tanto eterna, sino un producto de la historia y el resultado de la voluntad de los hombres, y por eso mismo, como todo producto histórico, de la misma manera que tuvo un principio, inexorablemente tendrá un final. Ahora bien, desde una lógica política democrática lo que no podemos aceptar es que ese final sea decretado unilateralmente por una minoría. Dicho con otras palabras, la independencia de Cataluña no puede ser legítimamente alcanzada a través de esperpénticas consultas como las del domingo pasado ni mediante ningún tipo de referéndum en el que sólo participen los ciudadanos catalanes. La independencia de Cataluña sólo puede ser democráticamente aceptada si es el resultado de un proceso constituyente en el que la mayoría de los españoles decidimos poner fin al proyecto de vida en común que llamamos España. En ese proceso corresponderá a los nacionalistas catalanes la tarea de convencernos de las ventajas que se derivarían de la fragmentación del Estado.

Por concluir esta nota con un apunte optimista. Afortunadamente en el País Vasco el PSE-PSOE se ha opuesto con rotundidad y contundencia a cualquier posibilidad de admitir la celebración de este tipo de consultas.