El nuevo ataque de los mercados financieros sobre Irlanda, y también sobre Portugal y España, parece, sin embargo, haber barrido cualquier atisbo de que tal hipótesis se materialice. No sólo da toda la impresión de que al titular de Trabajo se le ha retirado cualquier margen de maniobra sino que pocas dudas pueden caber, tras las declaraciones y las medidas adoptadas por el Ejecutivo con motivo de la nueva evidencia del flanco abierto que representa la deuda española, de que el Gobierno está dispuesto a aplicar taza y media sobre lo ya enunciado en esas y en otras materias (sanidad, por ejemplo)

No deja de ser paradójico que todo ello haya sido motivado precisamente por el ataque de los mercados sobre Irlanda. Un país cuya regulación laboral es una de las más, sino la más, desregulada de Europa. Y cuyo sistema de pensiones tiene uno de los componentes más elevados de fondos privados de toda la UE. Ello no hace más que confirmar lo que ya parecía evidente: ni la regulación laboral ni la estructura de los sistemas de pensiones tienen nada que ver con la crisis de la deuda y del crédito que afecta a cada vez más países de la UE. A los mercados lo que les interesa es, de un lado, la posibilidad de especular y, de otro, recuperar lo prestado.

Las dudas sobre la capacidad de que España, por ejemplo, crezca lo suficiente para generar ingresos y devolver la deuda (que, según distintos cálculos, puede representar – sumadas la privada y la pública – entre un 250% y más de un 300% del PIB) es lo que les tiene preocupados y encelados a los mercados. Y, mientras eso no se solucione, ninguna reforma laboral ni de las pensiones les va a calmar por muy radicales que tales reformas puedan llegar a ser. Lo único que puede calmarles o, más bien, dejarles fuera de juego es que la UE decida ser ella la que compre las deudas y no las deje a merced del arbitraje de los mercados financieros. Pero ello tampoco depende de las reformas del Estado Social sino de la voluntad política de hacer sostenible la UE. Otra cosa es que las elites neoliberales que gobiernan las instituciones comunitarias quieran aprovechar la coyuntura para dar el golpe de gracia al Estado de Bienestar.

Lo más seguro, por lo tanto, es que la reforma de las pensiones que finalmente lleve a cabo el Gobierno (en un plazo perentorio, con el apoyo o la abstención de los grupos de la derecha y haciendo añicos el consenso del Pacto de Toledo) se oriente más hacia lo que pide Aznar – achicar de entrada y demoler por entregas el Estado del bienestar – que hacia lo que propugna la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

En respuesta al Libro Verde de la Comisión Europea “Hacia sistemas de pensiones adecuados, viables y seguros en Europa”, la CES, en resolución aprobada por su Comité Ejecutivo del 13 y 14 de octubre de este año, resume las posiciones del movimiento sindical europeo respecto a las reformas de los sistemas de pensiones.

La CES niega, en primer lugar, que, contrariamente a lo que afirma la Comisión Europea, ese sea un debate puramente “técnico” ya que las decisiones que plantea son eminentemente “políticas”. Y añade, como consideración también previa, algo que conviene recordar: de acuerdo con los Tratados actuales, la UE no tiene ninguna competencia sobre los temas de Seguridad Social y, por lo tanto, sobre los sistemas nacionales de pensión. Un oportuno recordatorio cuando subrepticiamente se da a entender que tales reformas son una exigencia comunitaria y muchos de los responsables de las instituciones europeas no tienen empacho – desde Comisarios hasta integrantes del Banco Central Europeo – en hacer declaraciones abogando, cuando no exigiendo, que se lleven a cabo.

La resolución de la Confederación sindical europea incide, además, en tres cuestiones centrales. En primer lugar, considera que se sobreestima la ratio de dependencia demográfica y, en cambio, se subestima la ratio de dependencia económica. El determinante, en sistemas de reparto como los imperantes muy mayoritariamente en la UE, es el de la dependencia económica. Lo esencial es el número de personas con empleo que son quienes financian el sistema, el aumento de la productividad y de la riqueza producida. La prioridad, por lo tanto, tendría que consistir en aumentar la tasa de empleo y la calidad del mismo. Sin una política de empleo para todas las edades, retrasar la edad de jubilación, de forma legal e indiscriminada, no tiene ningún sentido.

La razón más evidente es que muchísimos trabajadores no tienen posibilidad de llegar, actualmente, a la edad legal de jubilación, debido a que las empresas utilizan a los trabajadores mayores como variable de ajuste.. La misma Comisión reconoce que “menos del 50% de los ciudadanos siguen trabajando a la edad de 60 años”. Pretender retrasar la edad legal para acceder a la pensión es, en el contexto actual, simplemente desplazar el problema sin darle solución, es decir, transferir el problema financiero de las pensiones al problema financiero del paro y al incremento de los pensionistas pobres. No basta con decretar que hay que trabajar más años, es necesario que haya trabajo para poder hacerlo. Por otro lado, debido a los diferentes tipos de trabajo, los trabajadores no tienen la misma salud ni la misma esperanza de vida al llegar a la edad de jubilación. Por ello, la CES considera que el esfuerzo hay que orientarlo a hacer coincidir la edad efectiva de jubilación con la edad legal y rechaza totalmente toda medida automática de aumento de la edad legal de jubilación.

En segundo lugar, los sindicatos europeos niegan el apriorístico postulado de la Comisión Europea que consiste en aceptar que las pensiones públicas deberán inexorablemente reducir su cuantía en el futuro. Tal recorte no es ninguna fatalidad, señala la CES, a condición de que la prioridad se oriente a:

– El desarrollo del empleo, de la calidad del mismo y del aumento de los salarios. Sobre la base del empleo precario, caracterizado por contratos temporales, empleos a tiempo parcial no elegidos, intermitentes, becarios, mal pagados, empleos incluidos en el umbral de pobreza – que afectan especialmente a las mujeres y a los jóvenes – no se pueden construir pensiones adecuadas, viables y seguras. Un trabajador pobre será, inevitablemente, un pensionista pobre.

– Invertir en servicios sociales de calidad. También en este tema, el único enfoque de los Gobiernos es el del coste. Cuando, en realidad, la dependencia y la atención a la infancia representan oportunidad de empleo cualificados que contribuyen a la financiación de la protección social y al desarrollo económico. Además, facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar, la continuidad de la mujer en el empleo, carreras de pensión equivalentes entre hombres y mujeres y sostenimiento financiero de la protección social y de las pensiones.

– Garantizar y mejorar la financiación de los sistemas de protección social. Invertir en la protección social no es sólo un gasto, es también “una inversión productiva”. Los estabilizadores automáticos han sido un factor clave para hacer frente a la crisis en el primer momento. Lo que se invierte en salud, en dependencia, en pensiones, en conciliación, en permanencia de los trabajadores en carreras completas, en la infancia son factores esenciales del desarrollo económico del futuro. La CES rechaza totalmente el nuevo enfoque sobre las pensiones: ahora ya las pensiones no es que dependan de las finanzas públicas, sino que se pretende que su evolución esté condicionada al saneamiento de las cuentas públicas. Para ello es necesario reformar los sistemas fiscales, abordar un reparto más justo de la riqueza y acabar con las exoneraciones fiscales en favor de las pensiones privadas.

– Apostar por el reforzamiento de los sistemas públicos de pensiones. Lo que implica señalar los riesgos de los sistemas complementarios privados basados en la rentabilidad de las inversiones financieras, poner coto a la fagocitación que tales fondos realizan sobre los sistemas públicos, endurecer las reglas de solvencia hacia los mismos, privilegiar, en todo caso, los fondos colectivos basados en la negociación y la gestión paritaria entre empresarios y trabajadores.

En fin, la CES insiste en tener en cuenta la experiencia para someter cualquier proyecto de reforma de los sistemas de pensiones a una serie de reglas fundamentales:

– Las reformas deben de basarse en diagnósticos y datos compartidos. Lo que implica intercambio, diálogo y concertación.

– Deben de implicar a todas las partes afectadas. No pueden ser, por tanto, obra exclusivamente de los políticos, sino que deben incluir en la decisión a otras organizaciones representativas de la sociedad, especialmente a los sindicatos de trabajadores, ya que la financiación de las pensiones es, en su inmensa mayor parte, salario diferido.

– Deben ser justas y equitativas y afectar a todos, no solamente a una categoría de personas.

– Deben de inscribirse en un proyecto de largo plazo, lo que es una condición esencial para su aceptabilidad social.

– Tales reformas deben ser objeto y estar sometidas a evaluaciones periódicas. También en este caso, su pertinencia, su utilidad o no, su mantenimiento o no, debería contar con el más amplio consenso.

– Finalmente, las reformas de las pensiones deberían inexorablemente tener en cuenta la diversidad de empleos y de carreras profesionales existentes en el actual mundo del trabajo.

Estimados lectores ¿creen ustedes que alguna de estas tres prioridades está presente en lo que se conoce – que no es prácticamente nada, lo que ya, en sí mismo, es un dato demoledor – de la reforma de las pensiones que el 28 de enero se ha comprometido a presentar el Gobierno? ¿Creen ustedes que todos los que proclaman, en España, en Europa, en el mundo, que ésta no es una política socialdemócrata sino liberal y que sí cabe hace otra sustancialmente distinta, en el discurso y en la práctica, están equivocados? ¿No creen que lo más urgente que debería hacer la izquierda es un debate nacional e internacional sobre esta decisiva cuestión? En Francia, al menos, se ha promovido un manifiesto de los “economistas aterrados”. Aquí, en España, sólo realizan manifiestos los “economistas aterradores”, los 100 economistas de FEDEA.

Desolador