La corrupción es una forma particular de la delincuencia, pero es sencillamente delincuencia. Que la víctima del delito sea menos visible e identificable, prácticamente anónima, no quita nada a la calificación y a la gravedad de este. No solo porque erosiona los cimientos de la democracia, sino también porque perjudica directamente a colectivos e individuos. Siendo una forma de delincuencia debe ser tratada como tal y considerada como un crimen contra la colectividad, más aún cuando los culpables son políticos, es decir personas que han solicitado y obtenido democráticamente la confianza de los ciudadanos y se burlan de ella.

Para luchar contra la delincuencia hay varias armas articuladas en torno a la represión y a la prevención. Ninguna de ellas ha sido de momento eficaz y debe haber razones para ello.

La represión supone que los delitos de corrupción sean juzgados eficazmente y de manera disuasoria. La alarma social que provoca exige que las condenas sean fuertes, proporcionalmente más duras que para otros delitos. Que conlleve para largo tiempo la pérdida de libertad del culpable, de manera indefinida para sus derechos cívicos: voto, candidatura a un cargo electo, ocupación en servicios institucionales. Que dicha condena suponga para el infractor una verdadera catástrofe económica y no una sencilla multa muy inferior a su patrimonio y a los beneficios que le ha aportado la práctica de la corrupción. La justicia debe además ser rápida. No quiere esto decir que sea expeditiva. Pero no se entiende que las investigaciones duren años y años, tanto si el implicado es realmente culpable como inocente. En este último caso su honor será restablecido antes de que el olvido se adueñe de la opinión pública. Hay imputados que son indultados tan tarde que ya nadie los conoce sino como posibles culpables. Una justicia rápida, dura, eficaz supone evidentemente medios adecuados. Pero se debe añadir que en nuestro Estado de las Autonomías, y con los debates actuales en torno a una adaptación federal de este debe pensarse muy seriamente en alejar los tribunales del lugar de la corrupción. En la memoria de todos está el juicio al señor Camps. La corrupción corroe nuestra sociedad y la destrozará si a ella se une la sensación de una justicia lenta, inadecuada y discutible. La corrupción no es de hoy pero, ¿cuántos culpables están en la cárcel?

Ante cualquier delincuencia se debe pensar en la prevención. Para ello siempre se analizan las causas. Podemos señalar algunas que corresponden a la idiosincrasia de nuestro país y otras que derivan de nuestro sistema político.

Tenemos una muy arraigada tradición de caciquismo. Cambian sus formas pero sigue el sistema. La descentralización del poder institucional la favorece, más aún cuando no existe una experimentada categoría de altos funcionarias formados al servicio del poder público como en otros países. Los cuarenta años de franquismo pesan mucho con la amoralidad que impuso. Cuando llegó la joven democracia tuvo que buscar con angustiosa rapidez y poca o nula experiencia un numeroso personal político. Se dio un momento en el cual el Partido Socialista tenía más candidatos a concejales municipales que afiliados. Por esa vía se colaron muchos que pensaban en otra cosa que en trabajar a favor de sus conciudadanos y responder correctamente a la confianza en ellos depositada. Aunque fueran muy minoritarios su corrupción era más llamativa que la valiosa dedicación de los demás. ¿Cuántos Lluch eran sacrificados en la opinión pública por culpa de un Roldán? Una de las características del cacique es que escapa a la censura directa de sus ciudadanos y nuestra joven democracia no ha rectificado el sistema. Se multiplican las declaraciones en favor de la reforma del sistema electoral, el actual favorece evidentemente el clientelismo en los partidos políticos al decidirse las candidaturas en los aparatos, lejos de la opinión de los militantes y sin la menor conexión directa entre el diputado y sus electores. Recuerdo que en los primeros años de los noventa, en el Comité Federal del PSOE, con mi hermano Carlos bregamos inútilmente por plantear el tema. Conseguimos que se nombrase una Comisión para estudio de la ley electoral. ¡Esta se reunió una sola vez y se le dio carpetazo!

Pero el problema va más lejos que la política. Es un real problema de sociedad. Si no fuese así ¿por qué los países escandinavos conocen tan pocos casos de corrupción? ¿Mentalidad más puritana?, ¿una cultura religiosa de fondo menos aparatosa? Quizás un poco de todo esto, pero también un sistema educativo diferente que inculca a los niños los deberes y derechos de un ciudadano cuya práctica, correcta o no, condiciona la cualidad de su libertad en el futuro. La primera medida, no de efecto inmediato, de largo alcance y por lo tanto de instauración urgente es la buena Educación para la ciudadanía. Y aquí, como en otros temas topamos con el PP y la Iglesia.

Hace unos meses se ha reeditado en Francia una traducción del librito escrito por Ortega y Gasset: ‘Mirabeau o el hombre político’. Edición de actualidad aunque ninguno de los políticos hoy salpicados por su supuesta corrupción se pueda comparar al inmenso y corrupto revolucionario francés.