Sorprendentes, porque no es habitual que un gobernante de tanta experiencia y responsabilidad como lo es Pedro Solbes reconozca de modo tan paladino que su gobierno toma una medida que supone un gasto de casi 6.000 millones de euros solo por razones electorales (exactamente dijo que «en su día se adoptó como consecuencia de los procesos electorales»).

Y preocupantes porque, a continuación de decir esto reconoció igualmente que con ese dispendio prácticamente se acababan los recursos con los que financiar medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis que ya se nos ha echado encima de modo inexorable.

Sea por falta de previsión, como quizá muestra la errada previsión que el anterior jefe de la Oficina Económica del Presidente realizó en su último informe económico, en el que descartaba un escenario próximo de considerable desaceleración; sea por un cálculo equivocado de los recursos que luego iban a ser necesarios, lo cierto es que, como ahora reconoce el vicepresidente, el gobierno “ha agotado su capacidad de maniobra” para hacer frente a la crisis ahora que comienza a mostrar su verdadero cariz.

El superávit ya está prácticamente pulverizado y solo queda esperar a que la factura de la devolución fiscal, añadida al cheque a las familias que tienen hijos, generen un efecto expansivo suficiente, algo que es realmente improbable teniendo en cuenta que, aunque en conjunto representan cantidades muy elevadas, ni siquiera está asegurado que se dediquen completamente al consumo.

Como ya nada se puede hacer al respecto, lo importante quizá sería que, al menos, se aprendiera la lección. Las medidas que implican un gasto total tan cuantioso no pueden ser fruto de la improvisación sino que requieren reflexión previa y una evaluación rigurosa de sus efectos sobre la marcha de la actividad productiva. Y, por supuesto, sobre la distribución de la renta y la riqueza porque sin previsión se pueden volatilizar en un momento conquistas sociales que necesitaron gran esfuerzo, mucha inteligencia política y un largo tiempo para estar al alcance de toda la población.

La experiencia puede servir también para aprender que conviene ser asesorado por analistas rigurosos más que por lobbistas dispuestos solamente a mostrar la cara amable de la situación, o el aspecto de la realidad que mejor se ajusta a sus prejuicios ideológicos. Y, por supuesto, que la acción gubernamental debe ser un ejercicio solidario y coordinado de la toma de decisiones.

Ahora seguramente sea ya muy improbable que se pueda disponer de recursos ordinarios para hacer frente a la crisis. Mientras que lo más seguro es que ésta se prolongue durante bastantes meses, combinando caída en la actividad en los sectores ligados al boom inmobiliario, mucha pérdida de empleo y subidas de precios. Y eso quiere decir que el gobierno solo tiene ante sí dos opciones. Una, más conservadora, es capear el temporal como se pueda, en la confianza de que la crisis se acorte y no pase de los dos años, frontera a partir de la cual comenzará a provocar secuelas electorales. Otra, tomar el toro por los cuernos y poner en marcha un programa de medidas que no solo tiendan a proporcionar liquidez a los agentes que con su comportamiento han provocado la situación sino que se orienten a poner en marcha un modelo distinto de actividad predominante y de reparto.

Esto último necesitaría un cierto endeudamiento, pero incluso del previsto en las normas europeas en casos excepcionales, y, sobre todo, un debate abierto, sincero, riguroso y medido sobre la situación real de nuestra economía; muy buena comunicación con la sociedad y un partido fuertemente unido y en plena sintonía con el discurso del gobierno.

¿Valdría la pena intentarlo o preferiremos simplemente esperar que escampe pronto?