Sin embargo, según la ‘Estadística de condenados/Estadística de Menores’ del INE, presentados públicamente el 26 de septiembre, en 2011 el número de condenados por sentencia firme inscritos en el Registro Central de Penados aumentó en 2011 en un 3% respecto al año 2010. La tasa nacional de delitos por cada 1.000 habitantes ascendió a 5,81 (273.965) frente a 5,66 del año 2010 y el índice de condenados por 1.000 habitantes fue de 4,70 (221.590). Los delitos contra la seguridad vial (42,1% del total), los delitos de lesiones (12,3%) y los robos (10,2%) fueron los de mayor incidencia

En su conjunto, del total de penados el 72,7% eran españoles, procediendo el 36,8% de los extranjeros de América. Andalucía (19,9% del total nacional), Cataluña (15,2%) y la Comunidad Valenciana (12,2%) fueron las Comunidades Autónomas con una mayor incidencia en 2011, resultando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las que registraron las tasas de condenados por 1.000 habitantes más elevadas del conjunto nacional (28,48 y 13,48 respectivamente).

La lectura que cabe hacer de estos datos es que, si bien se elevaron ligeramente los procedimientos judiciales por delitos y faltas, según informaciones contenidas en la ‘Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado2011’, presentada el pasado 18 de septiembre, en 2011 se impusieron un 11,7% (551.387) menos de puniciones en sentencias firmes respecto al año 2010, de las cuales el 54,6% fueron penas privativas de otros derechos (la más habitual es la inhabilitación para el empleo), el 26% penas privativas de libertad (la más frecuente es la pena de prisión), el 19% penas de multa y el 0,4% expulsiones del territorio nacional.

A pesar de que se observe una estabilización desde el año 2010 de las tasas delictivas generales, es significativo el aumento de los procedimientos judiciales vinculados a la crisis, en concreto, los delitos contra el patrimonio, con un total de 2.076.847 diligencias (un 2,17% más que en 2010), rompiendo la tendencia a la baja de los años anteriores. Especialmente preocupante para la Fiscalía ha sido que se hayan incrementado en más de un 14,47% los delitos de robo con violencia (debemos consignar que el 41,4% de los delitos cometidos por menores fueron de esta tipología), los robos con fuerza en casa habitada (19%) y los de extorsión (31,33%). Pero, también llama la atención que se haya producido un aumento de los asesinatos (15,63% respecto a 2010) y de los homicidios imprudentes (9,86%), destacando los de violencia de género (con 65 muertes en 2011, 6 menos que en 2010).

¿Qué hacer ante este nuevo escenario?, ¿cómo acometerlo desde instancias públicas? En primer lugar, y como paso previo, es preciso conocer su evolución en el tiempo. La Fiscalía General del Estado considera que es necesario que desde esta institución se dé cuenta anualmente de “… la evolución de la delincuencia como contribución al diseño de una política criminal adecuada a las exigencias y necesidades que día a día plantea la realidad social en la que nos desenvolvemos”.Y ello es así, puesto que cada sociedad genera sus propios delitos. En este sentido, las teorías sociológicas sobre la “desviación social”, iniciadas por la Escuela de Chicago en los años veinte del siglo XX, destacaron ya en aquel momento la importancia etiológica del factor ambiental (‘environmental factor’) y su estrecha relación con las conductas delictivas.

Posicionados dentro de estas argumentaciones dejamos de lado las propuestas biológico-genéticas, reavivadas en los últimos años a instancias del, por algunos denominado, “neodarwinismo”, estrechamente vinculado al neoliberalismo, un discurso determinista que parte del ‘a priori’ de que todo está escrito en los genes y, en consecuencia, el individuo es el único responsable de sus conductas, sean las que fueren.

Las soluciones a la criminalidad y el delito son complejas de articular, se han de circunscribir al momento histórico en el que se producen y, en estos momentos, en buena medida, en nuestro país, vendrían de la mano de una salida de la crisis, con políticas laborales cohesionadoras, con políticas de vivienda amplias, con políticas de bienestar social sin restricciones irracionales y, en general, ofreciendo expectativas de futuro a la ciudadanía. Pero, también, siguiendo a Concepción Arenal, sería preceptiva la formalización de una mejor y más integral educación. De seguir en esta dirección los actos delictivos quedarían amortiguados en un contexto social más integrador y humano, habría más prevención y podrían articularse medidas punitivas más adecuadas a los tiempos.