La democracia actual, sin embargo, es muy diferente a la que surgió como consecuencia del ascenso de la burguesía al poder político y a la hegemonía económica. A lo largo de estos siglos se han ampliado los derechos de ciudadanía -civiles, políticos y sociales-, tal como los entiende T. H. Marshall. Todo ello ha sido fruto de las luchas y reivindicaciones de las clases sociales más desfavorecidas, o de colectivos excluidos de los derechos como fueron durante muchos años las mujeres. Los derechos que hoy existen no han sido concesiones, sino cesiones que los poderes dominantes han tenido que realizar ante la presión social que se ha venido dando a lo largo de la historia de estos dos últimos siglos.

La ampliación progresiva de los derechos no ha sido lineal, sino que ha estado sujeta a regresiones, retrocesos, y a su eliminación, como ha sido el caso de las brutales dictaduras que han golpeado a las poblaciones en el siglo XX. La consecución de la democracia, las libertades, y la consolidación de los derechos humanos, no es un proceso irreversible, y desde luego no se encuentran estos principios consolidados para siempre. De manera que siempre hay que estar vigilante y seguir luchando por lo obvio.

A partir de la década de los ochenta del siglo pasado, con el ascenso de la ideología neoliberal, se asiste a un recorte de los derechos sociales en prácticamente todos los países avanzados y con democracias consolidadas. De manera que de los tres pilares que como derechos (civiles, políticos y sociales) constituyen la democracia hoy en día, uno de ellos, fundamental para mejorar la distribución de la renta y avanzar en la igualdad en derechos y oportunidades, se encuentra muy erosionado y debilitado. La democracia empieza estar coja.

Además, el proceso creciente de globalización, sustentada en un modelo fundamentalista de mercado y hegemonizado por las finanzas, ha hecho perder capacidad de decisión a los Gobiernos de los Estados-Nación. Las decisiones políticas no responden en gran parte a las posiciones y necesidades de los ciudadanos, sino que son exigencias básicamente de los intereses financieros. Esto se puede contemplar diariamente.

Un buen ejemplo de lo que afirmo se puede extraer de la experiencia de Latinoamérica en la década de los ochenta, cuando los países tuvieron que someterse a las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, que supusieron unos costes económicos y sociales muy duros para la gran mayoría de la población, pero sobre todo para los grupos más vulnerables. Estas políticas respondieron principalmente a los intereses de los Bancos, que tenían que cobrar la deuda, sin pagar un coste por ello, y a costa de la pérdida del nivel de vida de importantes sectores de la población, aumento en la desigualdad e incremento de la pobreza.

En los países más vulnerables de la Unión Europea (UE), afectados por la crisis del euro, se contempla lo mismo cuando se encuentran sometidos en las políticas económicas a los imperativos de la troika. Las recetas son similares a las que ya fracasaron en América Latina, pero se sigue insistiendo en el error, pues de lo que se trata es de salvar al sistema financiero, aunque se hundan los ciudadanos. La democracia se encuentra secuestrada por los señores de las finanzas, así como por todos los que les sirven que son muchos, entre ellos un amplio conjunto de economistas que tratan de enmascarar con ideas y teorías, aparentemente neutrales y científicas, los grandes intereses económicos.

La democracia se encuentra limitada por estos grandes poderes globales, pero también se encuentra deteriorada desde dentro. Las políticas económicas aplicadas, aunque vengan dictadas desde el exterior, menoscaba los derechos sociales, al tiempo que son inoperantes para resolver la crisis y las necesidades de los ciudadanos. Se trata, a su vez, de amordazar la libertad de expresión con diferentes formas de actuación, uno de cuyos ejemplos más evidentes es lo que está sucediendo con la revista TEMAS. A su vez la corrupción que afecta a los partidos políticos más importantes de nuestro país, y a la Casa Real, está acabando con la confianza en las instituciones y supone un gran desprestigio de los políticos y de los partidos. Los distintos sondeos realizados son demoledores al respecto.

He insistido hasta la saciedad de que los políticos en su mayor parte son honestos, trabajadores y tratan de cumplir su función lo mejor que saben y pueden. Los partidos políticos son esenciales para la democracia. Pero la corrupción se encuentra excesivamente extendida y es tan significativa que resulta muy difícil mantener que son casos individuales, manzanas podridas en un cesto de manzanas buenas. Son demasiados casos para creer en estas cosas. Lo que se encuentra detrás de la corrupción es un sistema de funcionamiento de los partidos, o de la forma de gobernar, que ha permitido, además de la falta de control interna, que esto sucediera. La complicidad con el sector inmobiliario y el aprovechamiento de la burbuja ha contribuido a que estemos ante un modelo político y económico corroído por comportamientos inmorales.

En algún caso, como Gürtel y el asunto Bárcenas, está claro que hay una complicidad de los dirigentes del partido en la financiación irregular del PP y en los sobresueldos que se han pagado. Estamos, sin duda, ante uno de los mayores escándalos de la joven democracia.

La democracia, pues, se encuentra acorralada en nuestro país por los grandes poderes económicos globales, las actitudes políticas autoritarias y antidemocráticas de los gobernantes, y la corrupción que se extiende por el tejido social de determinadas élites, lo que lleva consigo el distanciamiento de los ciudadanos hacia las instituciones, y de la política. Los corruptos y sus cómplices, así como los que no dimiten cuando lo tenían que haber hecho ya, más allá de los delitos penales que pueden haber cometido, que serán juzgados por la justicia, son los verdaderos enemigos de la democracia y de los ciudadanos. Es importante llevar a cabo un plan de regeneración de la política y de moralización de la vida pública. Pero para ello hacen falta políticos dispuesto a hacerlo y con autoridad moral ante la sociedad.