Desde su fundación en 1879 las colectividades socialistas se rigieron por la práctica de la democracia, tanto en la toma de decisiones como en la elección de los candidatos a la representación pública (concejales, diputados provinciales y diputados nacionales).

La elección de los candidatos se realizaba siempre en la localidad o provincia de los ciudadanos a quienes tenían que representar y la minoría socialista elegida – según los estatutos del partido – era completamente autónoma y soberana en sus decisiones. Estas se tomaban por mayoría relativa y sólo se rendían cuentas a posteriori ante la asamblea que les había elegido y, en última instancia, ante el Congreso Nacional que se celebraba regularmente cada dos o tres años.

Famosas son las disensiones que produjo la autonomía del Grupo Parlamentario Socialista entre los dirigentes socialistas de la Segunda República. Indalecio Prieto siempre fue partidario del control político de la Comisión Ejecutiva del PSOE sobre el Grupo Parlamentario Socialista y, en cambio, Francisco Largo Caballero mantuvo una postura totalmente reglamentarista, es decir, que mientras no se cambiaran los estatutos del PSOE, el Grupo Parlamentario debía seguir siendo completamente autónomo en sus decisiones. Y así, en 1936, el Grupo votó en contra de que Prieto asumiera la responsabilidad, encargada por Azaña, para formar Gobierno. Fueron los diputados socialistas quienes decidieron sobre este trascendental asunto y no el Comité Nacional o la Comisión Ejecutiva del PSOE.

Son menos conocidas otras divergencias en el seno del socialismo español en los que el protagonista fue el mismísimo Pablo Iglesias. En 1903, la Agrupación Socialista Madrileña, aprovechando una ausencia del líder socialista, aprobó en asamblea la posibilidad de ir en coalición con los republicanos a las elecciones generales de ese año. Decisión política a la que radicalmente se oponía el presidente del PSOE. La AS de Madrid se pronunció por la coalición con los republicanos, pero el escrutinio entre todas las agrupaciones socialistas de España, en votación convocada por el Comité Nacional del PSOE, rechazó por mayoría esta posibilidad que, como es sabido, si se produjo seis años después en las elecciones municipales de 1909 y en las generales de 1910, y que permitió a Pablo Iglesias obtener, por vez primera, su acta de diputado por Madrid.

Lo que debemos valorar, como lo más importante de lo que estamos exponiendo, es que la práctica general en la vida cotidiana de las colectividades del Partido era la libertad de exponer y defender ideas discrepantes y que la toma de decisiones se hacía siempre por votación entre sus miembros.

Esto fue realidad hasta en los peores y más difíciles momentos de la historia del Partido. En plena guerra civil, agosto de 1938, el PSOE llevó a cabo un proceso de elección para las vacantes que en ese momento tenía su Comisión Ejecutiva. Votación en la que participaron todas las agrupaciones socialistas (por supuesto de la zona leal republicana) y miles de afiliados directos.

Y aun más. En los años de postguerra y lucha clandestina antifranquista las decisiones importantes se consultaban a los comités socialistas de las cárceles y, aunque en muchos casos era imposible que las respuestas llegaran a tiempo, los que desempeñaban puestos directivos en las organizaciones socialistas clandestinas sentían la necesidad de compartir con sus compañeros presos la toma de decisiones políticas.

Y así, por ejemplo, en 1946, el colectivo de presos socialistas de la prisión de Alcalá de Henares expresó reticencias, a la noticia aparecida en El Socialista de Toulouse, sobre la expulsión de Juan Negrín y un grupo de compañeros. En esa asamblea carcelaria se puso en cuestión la validez de la expulsión manifestando que solo un Congreso del Partido tenía autoridad para realizar esas expulsiones.

Y aun más. Cuando, en los primeros años de reconstrucción de las organizaciones socialistas en el exilio, la Comisión Ejecutiva de la UGT en Toulouse intentó incluir en un punto de los estatutos que “los grupos o afiliados que no acaten las resoluciones de la UGT o que hagan manifestaciones contrarias al espíritu de las mismas, serán igualmente dados de baja”, Largo Caballero, recién llegado a París después de su paso por los campos de concentración alemanes, se opuso radicalmente a esas decisiones manifestándose en los siguientes términos “…yo me acojo a las costumbres y normas de la UGT de España, que son la democracia, la libertad y el libre examen, con el máximo respeto a las personas. Lo establecido en Francia me repugna, porque la restricción y la coacción del pensamiento es incompatible con los ideales que persigue la clase trabajadora”,

Resaltar estas palabras de Largo Caballero es lo importante. Como, en su quehacer diario, las organizaciones socialistas deberían tener un funcionamiento plenamente democrático consistente en la máxima libertad en la expresión de las ideas, establecimiento de turnos a favor y en contra de cada propuesta, realización de votaciones democráticas de todos los afiliados, y absoluta libertad en la presentación de candidatos.