Por una parte, los datos sobre la pobreza y la desigualdad en el mundo son cada vez más inquietantes, como demuestran los distintos informes de organismos internacionales que se van publicando. Por otro, este hecho que rompe el contrato social no merece ni la portada de los periódicos, ni la cabecera de los telediarios, ni abre los avances informativos en las radios. Y más grave aún, no se plantean encendidos debates en los Parlamentos para ver con que políticas concretas se puede corregir.

¿Qué está pasando? Porque como demuestra el último informe sobre desigualdad de la OCDE, “Divided We Stand”, la brecha entre los que más ingresos tienen y los que menos ingresos consiguen cada año es mayor. En el caso de España, la desigualdad de los ingresos en los hogares se sitúa entorno al promedio de la OCDE: por debajo de Estados Unidos, Italia, Portugal y Reino Unido, pero por encima de Alemania y Francia.

Una desigualdad que es cierto que en nuestro país ha disminuido desde mediados de los años 80 hasta el inicio de la crisis, contrariamente a lo que ha pasado en la mayoría de los países de la OCDE donde se ha producido una importante tendencia al alza de la desigualdad en los últimos 25 años. Pero, donde no es menos cierto que el ingreso medio del 10% de la población española con mayores ingresos era, en 2008 antes de la crisis, once veces mayor que el del 10% de la población española con menores ingresos. Concretamente, unos tenían unos ingresos de alrededor de 38.000 euros, mientras los otros tenía un ingreso medio de 3.500 euros.

Lo estamos viendo y sufriendo aunque nadie quiere decirlo, o lo enmascaran de nuevos dogmas bajo el título “yo o el caos” o “es la única solución posible”. Pero la cruenta realidad, con los datos que conocemos, nos lleva hacia una sociedad dual de ricos y pobres, una sociedad amenazada por el riesgo de graves fracturas sociales, donde además cada vez más se constata como aumenta la insensibilidad de los ciudadanos, y por tanto de la sociedad, hacia los problemas sociales.

Las cosas no ocurren por casualidad. Lo que estamos padeciendo hoy es el resultado de las políticas neoliberales de la últimas tres décadas, que abandonaron las políticas que ponían el énfasis en los criterios sociales y en el empleo por la sacrosanta racionalidad y eficacia de los mercados. El resultado primero ha sido que los mercados ni se autorregulan ni actúan racionalmente porque solo buscan el mayor beneficio a cualquier precio. Y el segundo es que las desigualdades lejos de reducirse van aumentando de manera vertiginosa.

En un momento de recortes generalizados de servicios público, no se puede renunciar al papel activo del Estado, que a través de los servicios públicos contribuye a disminuir las desigualdades en el ingreso en cerca de un 20 % en España, según datos de la OCDE. Pero más importante aún es enarbolar la bandera de la libertad, la igualdad y la justicia social en España, en Europa y en el mundo hasta establecer un sistema de derechos sociales global.

Mucha gente puede tener dudas, otros consideraran que es más fácil y más rentable llevarse bien con la prima de riesgo y el resto de la familia de los especuladores. A ellos les digo que el sistema como está no se sostiene y que tienen que elegir. Al que tenga pudor a definirse, porque tema que le llamen antiguo por luchar por unos valores y prefiera disfrazarse de técnico o tecnócrata, le pido que lea las principales recomendaciones sobre políticas para los países de la OCDE contenidas en el informe Divided We Stand. Seguro que se le quitarán complejos. Y a lo mejor empieza a actuar.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS PARA LOS PAÍSES DE LA OCDE CONTENIDAS EN EL INFORME “DIVIDED WE STAND”

– El empleo es el medio más prometedor de hacer frente a la desigualdad. El mayor reto consiste en crear más y mejores empleos, que ofrezcan buenas perspectivas profesionales y den a la gente oportunidades reales de superar la pobreza.

– La inversión en capital humano es fundamental. Esa inversión debe comenzar en la primera infancia y mantenerse durante todo el ciclo de la enseñanza obligatoria. Una vez realizada la transición de la escuela al trabajo, deben existir incentivos suficientes para que tanto los empleados como los empresarios inviertan en capacitación a lo largo de la vida laboral.

– La reforma de las políticas fiscales y de las prestaciones sociales es el instrumento más directo para aumentar la redistribución. Las considerables y persistentes pérdidas económicas que sufren los grupos de bajos ingresos a consecuencia de las recesiones ponen de manifiesto la importancia de las transferencias gubernamentales y las políticas bien concebidas de ayuda a los ingresos.

– La fracción cada vez mayor del ingreso que perciben los grupos de rentas más altas indica que estas personas tienen ahora una mayor capacidad tributaria. En este contexto, los gobiernos podrían reexaminar la función redistributiva de los impuestos a fin de velar por que los individuos más acaudalados satisfagan su parte correspondiente de la carga fiscal.

– Es importante garantizar la prestación de servicios públicos gratuitos y de alta calidad, tales como la educación, la salud y la atención a las familias.