En segundo lugar, esa confusión colectiva sobre lo que es público o no, se ha producido por la confusión que la clase política ha transmitido sobre privatizaciones, derechos, negocios, mercancías, etc. Público en una democracia no significa que sea estatal, sino que es ciudadano: que nos pertenece. Tenemos su “propiedad”. Al Estado le corresponde la responsabilidad de gestionarlo con inteligencia y eficacia; pero no tiene la autoridad ni capacidad de desmontarlo o venderlo.

El debate público-privado, en mi opinión, constituye uno de los pilares ideológicos más importantes para entender qué es un sistema democrático, de quién es la propiedad, y de quién es la responsabilidad. Ha tenido que ser la Sanidad, por sus implicaciones en lo más valioso de la ciudadanía, la salud, quien nos haga reflexionar sobre cuestiones básicas del reparto de poderes público–privado.

En tercer lugar, hemos descubierto que la línea nítida que debería separar ambos conceptos, público-privado, ha estado difuminada intencionadamente durante el desarrollo democrático. No sólo hablamos de mitos que han caído como gigantes de arena en este conflicto, como la “eficacia privada” frente a lo público, que en el sistema sanitario no tiene comparación posible ni en eficacia ni en rentabilidad económica y social; o que la derecha es capaz de gestionar mejor los recursos, cuando estamos viendo los desaguisados que se comenten, las tropelías y la sinrazón de recortes frente a las prebendas para amigos.

Me refiero a la “puerta giratoria” que ha confundido los negocios privados que se sirven del prestigio público (el nombre, el puesto, las agendas y los contactos) de quienes han servido como políticos a los ciudadanos. Privatizaciones de empresas públicas que han sido después manipuladas, utilizadas o puestas al servicio de ciertos intereses económicos y políticos, que han jugado alianzas estratégicas en el mejor de los casos, negocios privados suculentos frente a la desprotección pública, o directamente la corrupción que no ha escapado a ningún estamento o institución.

Ése ha sido y es un debate pendiente del PSOE. Durante años, nos hemos quedado tan sólo en la defensa de los derechos, sin ahondar que los derechos se tienen si existe propiedad para garantizarlos. Con el miedo a confundirse en el “estatalismo”, se ha difuminado el valor de lo público, confundiendo así términos como “gestión” y “propiedad” cuando son cosas completamente distintas, como lo es “derecho” y “responsabilidad”.

Al PP, que siempre ha tenido claro dónde estaba su posición ideológica, no le tiembla la mano en desmontar derechos, eliminar propiedades, privatizar gestiones, y desviar dinero público a bolsillos privados. Ya lo hizo con la Educación pública, y su falso debate de “libertad de elección”. Pero la Sanidad es un escalón inferior en las necesidades humanas, y aquí ya no se puede alegar “libertad de elección” para decidir si quieres llegar a tiempo o no a un servicio de urgencias, o si puedes pagar o no las medicinas, o si el ciudadano dispone de recursos o no para vivir o morir.

Al PSOE no le basta tan solo con defender el sistema sanitario español, la mejor conquista de nuestra Democracia y de nuestro Estado de Bienestar (que tal y como gestiona el PP, poco nos va a quedar), sino en rehacer nuevamente el discurso sobre qué es lo público, de quién es, cómo se gestiona y quién lo administra.