Vaya por delante que nadie, ni organismos internacionales, ni gobiernos ni economistas, tienen remedios eficaces para salir de la crisis. La razón principal se debe a las causas que la han provocado: un modelo de desarrollo determinado, y con unas finanzas que han contaminado gran parte del sistema bancario y de la economía real. Sanear todo ello lleva su tiempo, tiene sus costes e implica necesariamente cambios, que no se están produciendo. Las actuaciones de los gobiernos han sido, por lo general, improvisadas, contradictorias en algunas ocasiones, y ambiguas. Se han llevado a cabo medidas para evitar el derrumbamiento de muchos bancos, y políticas de estímulo que han funcionado más como medidas paliativas que como respuestas eficaces para salir de la crisis y sentar las bases de otro modelo de crecimiento. Se ha pretendido resolver todas las dificultades con propuestas keynesianas, que muchos habían ya enterrado, pero que han surgido más como una necesidad impuesta por la evolución de los acontecimientos que como una política consciente y deliberada.

Ahora, se están pagando las consecuencias de no haber actuado a escala global, en el ámbito de la Unión Europea (UE) y dentro de cada país. El crecimiento del déficit público es inevitable en unas condiciones como estas, y con ello el incremento de la deuda que hay que vender en los mercados internacionales. Los costes de este endeudamiento son diferentes para los países, según la credibilidad que se tenga en los mercados internacionales, que depende a su vez de las cifras anteriores y su relación con el producto Interior Bruto (PIB), pero también de la confianza que las economías reales ofrezcan. De modo que, una vez más, las economías nacionales se encuentran sometidas al imperio del mercado financiero, de sus operadores y de las agencias de calificación.

Los responsables de la crisis se erigen ahora en los árbitros que deciden la solvencia de la deuda pública emitida, por los distintos gobiernos, como consecuencia de los déficit crecientes, y para financiar éste. Se está pagando, por tanto, el no haber actuado para regular esos mercados financieros y descalificar a las agencias de calificación, cuyas actuaciones antes de la crisis con los graves errores cometidos deberían ser razón suficiente para haberlas eliminado.

La española está siendo castigada arbitrariamente por esos mercados, lo que ha conducido al gobierno a tomar medidas de ajuste de un modo inadecuado para mejorar nuestra imagen. La vicepresidenta económica del Gobierno y el secretario de Estado de Economía han salido a realizar una gira por los diferentes mercados, como vendedores de marketing, para tranquilizarlos. Se mueve la economía española en una doble contradicción: por un lado, la necesidad de aumentar el déficit público, para evitar males mayores, y, por otra parte, al sentirse restringida por el mercado global, se encuentra en la necesidad de llevar a cabo políticas de ajuste. Esta reducción del déficit puede ser peor si se actúa de manera drástica sobre el gasto y no se actúa sobre los impuestos. Ni que decir tiene que si bien el déficit es necesario, la realidad también nos indica cuánto déficit se puede asumir, sin que después de estas actuaciones se caiga en la más que probable crisis de las deudas acumuladas. No existen ecuaciones y firmezas económicas que nos indiquen cuál es el déficit que se puede sostener en periodos de crisis, pero a su vez es un hecho que éste, y no sólo por las limitaciones impuestas por los mercados, no puede crecer ilimitadamente, de una forma desmesurada, so pena de poner en juego no sólo el presente sino el futuro.

En un una economía globalizada, que no tiende a reformarse, en una UE inoperante y que más que ayudar contribuye a penalizar más a las economías más débiles de la Unión, las cosas no resultan sencillas para el gobierno español. Por eso es necesario ante la urgencia de la situación tener claro lo qué hay que hacer a corto, medio y largo plazo. Hay que hacer todo ello con firmeza y convencimiento, sin tanto volantazo, ambigüedad y contradicciones. Precisamente por lo costoso que es el déficit hay que saber actuar con certeza, y no de cualquier manera. Se deben aplicar medidas necesarias para reforzar, entre otras cosas, la educación y la investigación, y no condenarlas como se está haciendo hasta ahora. Me entero con desazón de que otro Plan E para los ayuntamientos está en marcha, mientras las universidades, incluidas las que hemos obtenido la distinción de campus de excelencia, sobrevivimos más mal que bien, sin que nadie se ocupe de nosotros, y se nos deja a nuestra propia suerte. Así no vamos muy lejos en esta liga.