El diario PÚBLICO en su edición de 19 de mayo pasado titulaba en primera página “El PP usó una red de financiación paralela en las elecciones del Tamayazo”.

El mismo diario titulaba en primera página el 22 de mayo “El jefe de la patronal, D.Gerardo Díaz Ferrán, financió al PP”.

Esas informaciones, bastante detalladas, podían inducir a pensar que se hubiese podido producir alguna irregularidad en la financiación de las campañas electorales del PP en los procesos electorales autonómicos de Madrid en 2003 donde, como los ciudadanos madrileños recuerdan, se produjo uno de los más graves atentados a la voluntad popular en nuestra democracia que permitió el acesso a la Presidencia del Gobierno de Madrid de la señora Aguirre.

Las informaciones aparecidas, a mi juicio, permiten exigir que lo publicado se investigue y clarifique para garantizar la transparencia exigible en democracia y por ello es lícito que cualquier responsable político pueda demandar a los organismos que considere puedan hacerlo, utilizando los cauces que permite el Estado de Derecho.

A raíz de esas publicaciones y tras unas declaraciones del Secretario General del Partido Socialista de Madrid, don Tomás Gómez, el Partido Popular de Madrid ha anunciado una querella contra él. Nada que alegar a ello; si el PP y la señora Aguirre creen que de las declaraciones del Sr. Gómez puede desprenderse la comisión de una presunta acción delictiva, están en su derecho recurriendo a los Tribunales de Justicia.

Lo que realmente me ha vuelto a sorprender ha sido el desparpajo de la señora Presidenta ante los medios de comunicación indicando que efectuar acusaciones de comisión de delitos basándose en falsedades, sin aportar pruebas, constituye un delito en sí mismo y no se puede pretender gozar de impunidad con esos comportamientos. Todo ello para justificar la querella contra el líder de los socialistas madrileños.

Sin entrar en valorar las declaraciones del señor Gómez, que no conozco en su totalidad, es aquí donde la doble moral de la Sra. Aguirre se muestra con toda su crudeza. Es aquí, donde con el máximo respeto al cargo institucional que ostenta, me veo obligado a hacerla estas preguntas:

– ¿Cometía un delito en sí mismo el señor Lamela, cuando siendo Consejero de Sanidad, acusó al Dr. Montes y demás profesionales del Hospital Severo Ochoa de efectuar actuaciones médicas de mala praxis de las que se derivaban la muerte de numerosos pacientes?

– ¿Efectuaba el señor Lamela esas acusaciones amparándose en la impunidad que le proporcionaba su cargo?

– ¿Por qué la señora Aguirre no cesó fulminantemente al señor Lamela al producirse el auto firme de la Audiencia Provincial de Madrid que exoneraba de toda culpa y de mala praxis a los profesionales injustamente acusados mediante falsedades?

– ¿Acaso en la praxis política de la señora Aguirre los comportamientos como los del señor Lamela merecen ser premiados, toda vez que se le nombró Consejero de Transportes?

– ¿No ha pensado la señora Aguirre efectuar una declaración pública comunicando la reposición de los Jefes de Servicio, cesados arbitrariamente, por defender una causa justa como demostró la resolución de los Tribunales?

– ¿Ha exigido la señora Aguirre una rectificación pública del Sr. Lamela una vez la Justicia demostró la falsedad de las acusaciones contra los profesionales?

CONCLUYENDO: Me parece correcto que la señora Aguirre y su Partido se querellen contra quién o quienes crean efectuan contra ellos actuaciones que entienden se basan en falsedades y puedan constituir presuntas acciones delictivas. Es su derecho en nuestro Ordenamiento Jurídico. Los Tribunales decidirán.

Ahora bien, los argumentos que la señora Aguirre ha utilizado que tienen toda la validez del mundo efectuados por cualquier otra persona, pierden credibilidad en su caso ya que la señora Aguirre con su doble moral, sólo los defiende cuando conviene a sus intereses.